Corea del Sur: En una victoria histórica para los derechos de las mujeres, el máximo tribunal ordena la reforma de la ley del aborto.
En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado:
“La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”
“Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.”
“Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.”
Información complementaria
La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020.
Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.
La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge.
El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.
11 abril 2019
Julian Assange no debe ser extraditado a los Estados Unidos
Tras el anuncio del arresto de Julian Assange y la solicitud de extradición a los Estados Unidos, Massimo Moratti, Director Adjunto de Investigación en Europa de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional pide al Reino Unido que se niegue a extraditar o enviar de cualquier otra forma a Julian Assange a los Estados Unidos, donde existe un riesgo muy real de que pueda enfrentar violaciones de derechos humanos, incluidas las condiciones de detención que violarían la prohibición absoluta de la tortura, otros malos tratos y un juicio injusto seguido de una posible ejecución, debido a su trabajo con Wikileaks".
“Somos conscientes de las denuncias de violación y otras formas de violencia sexual contra Julian Assange, que deben investigarse adecuadamente de manera que respeten los derechos tanto de los denunciantes como de los acusados, y que se los lleve ante la justicia si existen pruebas suficientes contra él. Si Suecia decide perseguir una extradición del Sr. Assange desde el Reino Unido, debe haber garantías adecuadas de que no será extraditado o enviado de otro modo a los Estados Unidos”.
11 abril 2019
La pena de muerte en 2018: Drástico descenso de las ejecuciones a escala mundial
A escala mundial, las ejecuciones se redujeron en un 31%, alcanzando la cifra más baja desde hacía, al menos, 10 años.
Sin embargo, en algunos países las ejecuciones aumentaron, entre ellos Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur.
Tailandia reanudó las ejecuciones y Sri Lanka amenazó con hacerlo.
China siguió siendo el principal país ejecutor, seguido de Arabia Saudí, Irak, Irán y Vietnam.
10 abril 2019
Riesgo de deportación del periodista jerosolimitano
El fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf se halla recluido arbitrariamente en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, desde el 22 de enero de 2019. Fue detenido tras rechazar el Ministerio del Interior israelí su solicitud de reunificación familiar con su esposa y su hija de corta edad y ordenar que fuera deportado de inmediato a Jordania. Vive en Jerusalén Oriental, sin condición jurídica reconocida, desde 1999. Está expuesto a ser deportado en cualquier momento. Trabaja para la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes en Jerusalén Oriental.
Aryeh Makhlouf DeriMinistro del Interior / Minister of Interior Affairs2 Kaplan StreetPO Box 6158Kiryat Ben-GurionJerusalem 91061, IsraelFax: + 972 2 670 1628Correo-e: sar@moin.gov.il
Señor Ministro:
El 22 de enero de 2019, el Ministerio del Interior de Israel ordenó la expulsión del fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf a Jordania, tras rechazar una solicitud de reunificación familiar que había presentado. De 32 años y nacido en Argelia de padre palestino, Mustafa al-Kharouf vive en Jerusalén Oriental con su familia desde los 12 años. Está casado con Tamam al-Kharouf, residente en Jerusalén Oriental. Lleva más de 70 días recluido en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, y corre riesgo de deportación.
Es fotoperiodista de la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes. Amnistía Internacional teme que su detención arbitraria y la decisión de deportarlo tengan por objeto impedirle realizar su labor periodística. En cualquier caso, su deportación de Jerusalén Oriental supondría una infracción del IV Convenio de Ginebra, en el que Israel es Estado Parte desde 1951. Nos preocupa mucho que, si es enviado a Jordania, donde no tiene condición jurídica reconocida, permanezca allí como apátrida y separado de su familia. Como jerosolimitano palestino, tiene un documento de viaje jordano temporal, que no le confiere los derechos de residencia ni ciudadanía jordanas, sino, como mucho, derecho a una breve estancia en Jordania.
Lo insto, Señor Ministro, a garantizar que Mustafa al-Kharouf sale en libertad de la prisión de Givon y, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Israel en virtud del IV Convenio de Ginebra, puede permanecer en condiciones de seguridad en su casa, concediéndole la residencia permanente en Jerusalén Oriental.
Atentamente,
08 abril 2019
2.ª Carta abierta al Ministro del Interior: Denunciamos inacción del Estado tras agresiones contra activistas durante el Día Internacional de la Mujer
Frente a los actos de violencia perpetrados contra mujeres que participaban en las actividades públicas realizadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Lima el día 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer, expresamos nuestra preocupación ante la inacción y falta de respuesta de las autoridades peruanas, en particular del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación.
29 marzo 2019
Bahréin: Sombrías violaciones de derechos humanos tras el glamour del Grand Prix
En vísperas del Grand Prix de Fórmula 1 que se celebrará en Bahréin este fin de semana (del viernes 29 al domingo 31 de marzo), Amnistía Internacional ha destacado el sombrío historial de derechos humanos del país.
Samah Hadid, directora de campañas para Oriente Medio de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Tras el glamour de la F1, Bahréin tiene una cara mucho más siniestra, que revela al país como un Estado profundamente represivo donde cualquier persona que critique al gobierno puede ser encarcelada simplemente por publicar un tuit”.
27 marzo 2019
República Dominicana: Uso habitual de la violación y otras formas de tortura por parte de la policía para castigar a las trabajadoras sexuales
La policía de República Dominicana viola, golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para ejercer un control social sobre ellas y para castigarlas por transgredir las normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
26 marzo 2019
Brasil: Tras un año de impunidad, las autoridades deben llevar ante la justicia a quienes mataron a Marielle Franco
Transcurrido un año desde el homicidio de la defensora de los derechos humanos y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes, las autoridades brasileñas no han ofrecido aún respuestas adecuadas a sus familias ni a la sociedad, y su incapacidad para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia continúa poniendo a otros defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.“Tras un año de investigación, la incapacidad de las autoridades brasileñas para resolver el homicidio de Marielle Franco transmite el mensaje de que los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedarán impunes”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
14 marzo 2019
Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes envían una delegación de su alta dirección a la frontera de Estados Unidos con México
Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes envían una delegación de su alta dirección para que observe el impacto de la política estadounidense sobre las personas solicitantes de asilo y migrantes que viajan hasta la frontera de Estados Unidos con México. La delegación, que estará allí del 27 al 31 de enero, se entrevistará con autoridades mexicanas y estadounidenses.
28 enero 2019
Transcurridos 17 años, la prisión de Guantánamo sigue siendo una amenaza para los derechos humanos
Mientras continúe abierta, la prisión militar de la bahía de Guantánamo seguirá empañando el historial de derechos humanos de Estados Unidos y haciendo posible la continuación de las violaciones de derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional Estados Unidos la víspera del aniversario de su apertura, el 11 de enero.
09 enero 2019
Nicaragua: Informe de expertos independientes afirma que el gobierno del presidente Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad
En reacción a la presentación del “Informe sobre los Hechos de Violencia Ocurridos Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua,” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) el día de hoy, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó:
"El demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis que comenzó el pasado abril. El informe constituye una detallada investigación de los crímenes de derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por agentes estatales bajo el mando del presidente Ortega, utilizando las instituciones públicas y grupos parapoliciales para crear un aparato represor, con el fin de asesinar y perseguir a aquellas personas que se oponen a sus políticas."
"Un informe de tal naturaleza debe ser investigado judicialmente, de modo imparcial y exhaustivo. A tales fines, el papel de la comunidad internacional es crucial para evitar que los crímenes queden impunes. Amnistía Internacional les recuerda a todos los estados que pueden ejercer jurisdicción universal con relación a estos crímenes de lesa humanidad"
21 diciembre 2018
Perú: Urge declaratoria de Emergencia Sanitaria por contaminación de fuentes de agua para consumo humano en Espinar
El pasado mes de octubre la Dirección Regional de Salud del Cusco emitió un informe dando cuenta de los resultados del análisis de muestras de agua para consumo humano realizado en la provincia de Espinar, producto de la inspección realizada en la planta de tratamiento de agua potable Virgen de Chapí en la localidad de Yauri, el cual da cuenta del ‘estado tóxico’ de las aguas de consumo humano en la provincia de Espinar.
20 diciembre 2018