Organización hace un llamado al presidente peruano a implementar de manera urgente políticas en favor de los derechos de los pueblos indígenas, mujeres y niñas, personas LGBTI, víctimas del conflicto armado interno y personas defensoras de derechos humanos. Presidente debe cumplir con compromisos y obligaciones del Estado peruano ante Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos humanos.

SANTIAGO, 4 abr 2018 (IPS) - Cuando el Congreso Nacional de Chile aprobó la ley de aborto en tres causales el año pasado, se incluyó también una norma de “objeción de conciencia”. Esta permite que una persona no esté obligada a cumplir una ley, porque hacerlo resulta contradictorio con sus convicciones o creencias. En el caso del aborto, se permite que el/la profesional decida no practicar abortos, si cree que hacerlo atenta contra sus creencias religiosas o morales, debiendo entonces derivar a la mujer o niña a un/a profesional no objetor/a.  

A lo largo de los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación internacionales titulares sorprendentes del tipo “Arabia Saudí permite conducir a las mujeres”, “la ofensiva saudí contra la corrupción” o “Arabia Saudí en el sendero de la reforma”. Entretanto, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, ha visitado Reino Unido, donde ha sido recibido con anuncios a toda página en los periódicos y con carteles en las vallas publicitarias de las calles de Londres, afirmando: “Éste es el rostro del cambio en Arabia Saudí”. La visita concluyó con un acuerdo de compraventa de aeronaves entre BAE Systems y Arabia Saudí, por valor de 10.000 millones de libras esterlinas. Asimismo, durante los primeros días de la visita del príncipe heredero a Estados Unidos, se informó de otro acuerdo de compraventa de armas por valor de 12.5000 millones de dólares, formalizado entre Estados Unidos y Arabia Saudí.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Twitter puede ser un lugar peligroso para las mujeres. De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, las mujeres que usan la plataforma sufren frecuentes ataques sexistas, racistas y homófobos, y no sienten que Twitter esté de su parte.

Hace poco estuve varios días hablando con mujeres en campos de refugiados de Lesbos y Samos, dos de las islas griegas donde miles de personas refugiadas permanecen atrapadas como consecuencia de una decisión adoptada por los gobiernos de la UE hace dos años.

Maira Verónica Figueroa Marroquín, de 34 años, que pasó 15 años encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica, fue puesta en libertad el martes tras reducirse su condena de 30 años por “homicidio agravado”, impuesta en virtud de la prohibición total del aborto vigente en El Salvador. En respuesta a su liberación, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado:

De China a Siria y de Kenia a Egipto, niñas y mujeres están alzando su voz y arriesgando sus vidas para defender aquello en lo que creen. Estas mujeres —activistas, abogadas, hermanas y estudiantes— han puesto sus vidas en riesgo, han luchado por seres queridos perdidos y han apoyado a personas a las que no conocen. Éste es su momento. Conoce a estas motivadoras mujeres que defienden los derechos humanos en todo el mundo.  

Una advertencia de la policía iraní respecto a que las mujeres podrían ser encarceladas durante hasta diez años por unirse a las protestas contra el uso obligatorio del velo ha puesto a decenas de mujeres en peligro inmediato de ser encarceladas injustamente, y constituye una alarmante escalada de la violenta represión ejercida por las autoridades contra los derechos de las mujeres. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Según informes, la oficina de derechos humanos del Departamento de Estado ha recibido orden de eliminar de su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo los pasajes sobre los derechos reproductivos y la discriminación de las mujeres

La liberación de una mujer a la que han obligado a pasar un decenio entre rejas en El Salvador tras haber sufrido complicaciones del embarazo que provocaron que diera a luz a un bebé muerto debe abrir la puerta al final de la extrema legislación del país contra el aborto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

A finales de enero de 2018, la organización entrevistó a 19 hombres y mujeres rohingyas recién llegados a Bangladesh, que dijeron que habían huido debido a la privación forzada de alimentos, los secuestros y los saqueos. Las agencias humanitarias han documentado miles de nuevas llegadas durante diciembre y enero, y muchos días aún cruzan la frontera decenas de personas.

 Leyes draconianas penalizan a las mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz a bebés muertos

La decisión de una corte de no liberar a una mujer obligada a pasar una década tras las rejas después de un aborto espontáneo en El Salvador es un escandaloso paso hacia atrás por la justicia.

¿No has oído hablar nunca del “doxxing”? Aquí encontrarás las respuestas. Estás son seis cosas que hay que saber sobre la violencia y los abusos en Internet.

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha revelado el alarmante impacto que tienen en las mujeres los abusos y el acoso en las redes sociales, con mujeres de todo el mundo que informan de estados de estrés y ansiedad o ataques de pánico como consecuencia de estas experiencias dañinas en Internet.