Chile: A 50 años del golpe de Estado ejercitar la memoria histórica es vital para el futuro del país
Para sanar las heridas provocadas por el régimen militar liderada por Augusto Pinochet, Chile debe aprender de su historia y reconstruir las bases de una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, dijo Amnistía Internacional en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que dio pie a innumerables crímenes de derecho internacional y a crueles violaciones de derechos humanos en el país.
08 septiembre 2023
A 20 años de la entrega del Informe Final de la CVR, el camino a la justicia es lento y revictimizante
En el vigésimo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Estado peruano, sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Perú, entre los años 1980 y 2000, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones formuladas, lo cual se expresa en miles de víctimas y familiares que continúan a la espera de justicia y reparación integral efectiva. Esta situación, sumada a que persisten las condiciones en las que se desarrolló el conflicto armado interno, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
28 agosto 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Perú: Presidenta Boluarte debe ordenar a las fuerzas de seguridad respetar el derecho a la protesta
Durante los últimos meses, miles de personas han tomado las calles para protestar. Las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas.
17 julio 2023
VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGTBIQ SE INVISIBILIZA EN PERÚ
Este año al menos siete mujeres trans han sido asesinadas en Perú en un contexto de preocupante violencia contra personas LGTBIQ+ que lejos de ser enfrentada adecuadamente para ser erradicada, se tolera e invisibiliza, ha señalado Amnistía Internacional días previos al Día Internacional del Orgullo, que se conmemora el 28 de junio.
19 junio 2023
Perú: Debe investigarse a funcionarios de alto nivel por los ataques letales generalizados de las fuerzas de seguridad
La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas que se llevaron a cabo de diciembre a febrero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
24 mayo 2023
Perú: La secretaria general de Amnistía Internacional encabeza delegación para presentar informe sobre represión estatal
Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, ha llegado a Perú para presentar las conclusiones completas de una investigación sobre la represión de las protestas generalizadas que comenzaron en el contexto de la crisis política del pasado diciembre.
20 mayo 2023