La prisión preventiva impuesta a seis defensores y defensoras de los derechos humanos es una terrible afrenta a la justicia y marca un nuevo mínimo en la campaña represiva posterior al golpe de Estado en Turquía, ha afirmado Amnistía Internacional.     

Amnistía Internacional expresa su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras del derecho al medio ambiente en Perú. La organización tiene serios indicios para considerar que los líderes comunitarios, Oscar Mollohuanca Cruz, ex – alcalde de Espinar, y Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, ex - presidente y ex - vicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), respectivamente, están siendo procesados penalmente por su rol como defensores de derechos humanos y su participación en las protestas de Mayo de 2012 para exigir la modificación de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas, derivados de la operación de la mina Tintaya, ampliación Antapaccay.

La tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando las detenciones arbitrarias y dando lugar a tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

La decisión de la fiscalía turca de acusar a Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, de “pertenencia a una organización terrorista” es una burla de la justicia, y pone de manifiesto el devastador impacto de la represión ejercida por las autoridades turcas tras el fallido intento de golpe de Estado de julio del año pasado. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.  

Amnistía Internacional rechaza el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso conocido como 2x1 y manifiesta preocupación sobre su potencial impacto en el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina.    

El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.  Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora. “Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”  Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.  El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Información Complementaria A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.

“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.   Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia. “Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”. Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes: Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia. Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo. Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero. Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock. La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes: Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas. El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva. Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses. “Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.

Amnistía Internacional expresa su preocupación ante el uso indebido del sistema de justicia a través de un infundado proceso penal por usurpación en contra de la defensora de derechos humanos Máxima Acuña, y por la estigmatización en su contra con el fin de desacreditar y deslegitimar su trabajo.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

De las víctimas incluidas en la investigación solo siete casos de manera individual han sido denunciados por la fiscal Marcelita Gutiérrez, los que serán derivados al Poder Judicial para su aprobación.

Guantánamo se ha convertido en un símbolo internacional de la tortura, las entregas y la detención indefinida sin cargos ni juicio.

El acuerdo de desarme debe favorecer los esfuerzos de justicia por los delitos de derecho internacional y no permitir la impunidad.

AInforme de Amnistía Internacional que denuncia leyes violan DDHH, alimentan los abusos discriminatorios e impiden acceso a la justicia.

Amnistía Internacional publica informe que denuncia crímenes de guerra perpetrados entre 2009 y 2013 que continúan impunes.