En reacción a la presentación del “Informe sobre los Hechos de Violencia Ocurridos Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua,” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua) el día de hoy, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó: "El demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis que comenzó el pasado abril. El informe constituye una detallada investigación de los crímenes de derecho internacional y las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por agentes estatales bajo el mando del presidente Ortega, utilizando las instituciones públicas y grupos parapoliciales para crear un aparato represor, con el fin de asesinar y perseguir a aquellas personas que se oponen a sus políticas." "Un informe de tal naturaleza debe ser investigado judicialmente, de modo imparcial y exhaustivo. A tales fines, el papel de la comunidad internacional es crucial para evitar que los crímenes queden impunes. Amnistía Internacional les recuerda a todos los estados que pueden ejercer jurisdicción universal con relación a estos crímenes de lesa humanidad"

Amnistía Internacional presenta su resumen de la situación de los derechos humanos en el Perú y el Mundo con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la primera carta de derechos fundamentales de alcance global, adoptada en 1948 por los gobiernos del mundo.

Las personas condenadas a muerte deben ser tratadas con humanidad y dignidad y recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional el Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).

Los gobiernos de toda la región de América Latina y el Caribe deben asumir su responsabilidad colectiva de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que huya de Venezuela, ha manifestado Amnistía hoy, en una carta abierta a los gobiernos de la región asistentes a una cumbre de urgencia que se celebra en Quito, Ecuador.

Durante una visita que hice a Perú el año pasado, tuve el honor de conocer Melchora Surco, mujer indígena del pueblo andino de Alto Huancané que lleva años luchando por agua limpia para su comunidad.Melchora tenía 63 años, pero parecía mayor debido al desgaste causado no sólo por problemas de salud provocados por el agua contaminada con metales tóxicos, sino también por su lucha por conseguir que el gobierno peruano detenga la contaminación de la única fuente de agua fresca de su comunidad.

Las autoridades estadounidenses deben poner fin de inmediato tanto a la separación de niños y niñas de sus familias como a la detención de las familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos con México para solicitar asilo, y al mismo tiempo deben reunificar sin demora a las miles de familias que continúan separadas como consecuencia de las políticas ilegítimas y lesivas del gobierno de Trump; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación al día mundial de acción contra estas prácticas previsto para el 30 de junio.

“Las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y —con frecuencia— letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. A continuación, el gobierno del presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a la práctica de separar a padres y madres solicitantes de asilo de sus hijos e hijas y privarlos de acceso a los procedimientos de asilo mediante la detención prolongada; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante los informes sobre la adopción de una draconiana política de separación familiar por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que se aplicará a todo el que se presente en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy, el fiscal general Jeff Sessions ha aludido también a esa política en sus comentarios.  

  Mientras el gobierno de Trump se prepara para ampliar aún más el letal programa estadounidense de drones, con el consiguiente aumento del riesgo de que se produzcan bajas civiles y homicidios ilegítimos, Amnistía Internacional pide a cuatro países europeos que revisen urgentemente la crucial ayuda operativa y de inteligencia que proporcionan a dicho programa.  

Las rigurosas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno español han tenido un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad, han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La población de Siria ya ha soportado seis años de devastadores ataques, incluidos ataques con armas químicas, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Deben tomarse todas las precauciones para reducir al mínimo el riesgo de causar daños a la población civil en cualquier acción militar. La población, que ya vive con miedo a perder la vida en ataques ilegítimos, no debe ser castigada además por presuntas violaciones del gobierno sirio.

El gobierno colombiano debe reconocer el aumento en el nivel de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y comunidades aún afectadas por el conflicto, así como tomar medidas urgentes para protegerlas, Amnistía Internacional dijo hoy, en el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno bangladeshí que cumpla su compromiso de garantizar que sólo se hará regresar a personas refugiadas Rohingya si lo hacen voluntariamente, en condiciones de seguridad y con dignidad.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Hace poco estuve varios días hablando con mujeres en campos de refugiados de Lesbos y Samos, dos de las islas griegas donde miles de personas refugiadas permanecen atrapadas como consecuencia de una decisión adoptada por los gobiernos de la UE hace dos años.

La ONU acaba de publicar un informe condenatorio sobre la investigación llevada a cabo por el gobierno mexicano en torno a la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. En él se revelan la detención arbitraria y la tortura de sospechosos y la manipulación y ocultación de pruebas, y se subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales llevadas a cabo en México. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.