La policía de República Dominicana viola, golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para ejercer un control social sobre ellas y para castigarlas por transgredir las normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En la mañana de hoy, Día Internacional de la Mujer, hombres que portaban carteles de las agrupaciones Padres en Acción y Con Mis Hijos No Te Metas que se encontraban manifestándose en la misma zona, golpearon, patearon, empujaron, amenazaron e insultaron a varios integrantes de nuestra delegación, en la que se encontraban inclusive niñas, niños y adultas mayores.

El anuncio por parte de las autoridades de migraciones que las personas de nacionalidad venezolana que ingresen al Perú luego del día 31 de octubre de 2018 no podrán acceder al Permiso Temporal de Permanencia (PTP) es un duro golpe para muchas de ellas que son forzadas a migrar debido a la violencia, la inseguridad y la falta de alimentos y medicinas en su país. Esta medida además aumentó la demanda de flujo migratorio en frontera y complicó la atención de solicitudes de refugio en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes en los últimos días.

“Niña casada”, “delincuente”, “menor infractora”.... Son algunos de los numerosos calificativos aplicados a Zeinab Sekaanvand en su brevísima vida. Rara vez se vio a Sekaanvand, ejecutada el martes en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán), como quien realmente era: una joven vulnerable atrapada en un círculo vicioso de violencia y abusos sexuales desde la infancia.

“Niña casada”, “delincuente”, “menor infractora”.... Son algunos de los numerosos calificativos aplicados a Zeinab Sekaanvand en su brevísima vida. Rara vez se vio a Sekaanvand, ejecutada el martes en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán), como quien realmente era: una joven vulnerable atrapada en un círculo vicioso de violencia y abusos sexuales desde la infancia.

El martes 29 de mayo, en una conferencia de prensa en Managua, Amnistía Internacional presentará un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades nicaragüenses en respuesta a las recientes protestas.  

Desde décadas de censura por parte del Estado en Cuba hasta la demonización liderada por la Casa Blanca contra la prensa estadounidense y la ola incesante de ataques a periodistas mexicanos, América es aún una región sumamente difícil y peligrosa para quienes ejercen el periodismo.

Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.

A lo largo de los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación internacionales titulares sorprendentes del tipo “Arabia Saudí permite conducir a las mujeres”, “la ofensiva saudí contra la corrupción” o “Arabia Saudí en el sendero de la reforma”. Entretanto, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, ha visitado Reino Unido, donde ha sido recibido con anuncios a toda página en los periódicos y con carteles en las vallas publicitarias de las calles de Londres, afirmando: “Éste es el rostro del cambio en Arabia Saudí”. La visita concluyó con un acuerdo de compraventa de aeronaves entre BAE Systems y Arabia Saudí, por valor de 10.000 millones de libras esterlinas. Asimismo, durante los primeros días de la visita del príncipe heredero a Estados Unidos, se informó de otro acuerdo de compraventa de armas por valor de 12.5000 millones de dólares, formalizado entre Estados Unidos y Arabia Saudí.

La fosa común descubierta en el centro de Malí es la triste y más reciente confirmación de que la inseguridad en la región ya ha alcanzado el grado de crisis; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Testigos locales del pueblo de Dogo identificaron el 22 de marzo los cadáveres de seis personas que habían sido detenidas por los militares tres días antes. Además, Amnistía Internacional documentó un aumento de los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados como Ansar Dine y GSIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), y confirmó que 65 personas, incluidos menores de edad, habían muerto por artefactos explosivos improvisados desde el comienzo del año.  

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Twitter puede ser un lugar peligroso para las mujeres. De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, las mujeres que usan la plataforma sufren frecuentes ataques sexistas, racistas y homófobos, y no sienten que Twitter esté de su parte.

Un proyecto de investigación pionero de Amnistía Internacional ha encontrado indicios de negligencia grave por parte de las gigantes del petróleo Shell y Eni, cuya gestión irresponsable de los vertidos de petróleo en el delta del Níger está agravando una crisis medioambiental. Por medio de la red Decoders (Descodificadores/as), innovadora plataforma desarrollada por Amnistía Internacional para la investigación en materia de derechos humanos mediante colaboración colectiva, la organización captó a miles de simpatizantes y activistas para reunir datos sobre los vertidos de petróleo en el delta del Níger. La información reunida fue analizada luego por personal de investigación de Amnistía Internacional y verificada por Accufacts, especialista independiente en oleoductos.  

Maira Verónica Figueroa Marroquín, de 34 años, que pasó 15 años encarcelada tras sufrir una emergencia obstétrica, fue puesta en libertad el martes tras reducirse su condena de 30 años por “homicidio agravado”, impuesta en virtud de la prohibición total del aborto vigente en El Salvador. En respuesta a su liberación, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha manifestado:

En respuesta a la inminente votación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una resolución sobre la situación en la Guta oriental, Kevin Whelan, responsable de Trabajo de Incidencia en Amnistía Internacional, ha declarado: “La comunidad internacional debe actuar ya para terminar con los crímenes de guerra en la Guta oriental. La catastrófica situación humanitaria empeorará aún más si las partes en conflicto siguen violando impunemente el derecho internacional humanitario.”

Activistas de Amnistía Internacional y familiares de los casos La Cantuta y Barrios Altos revelaron un mural con los rostros de las víctimas de los crímenes cometidos por Alberto Fujimori. La actividad forma parte de las acciones que viene desarrollando la organización para combatir la impunidad para graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú entre los años 1980 – 2000.