El viernes, 24 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU recibirá el primer informe del secretario general sobre la aplicación de la Resolución 2334 (2016), aprobada el 23 de diciembre 2016 y en la que se pide a Israel que ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

El Pueblo Kichwa de Sarayaku ha denunciado que la concesión de los bloques 79 y 83 afectaría los territorios de las Nacionalidades Kichwa y Sapara.

Las fuerzas israelíes vienen cometiendo una serie de homicidios ilegítimos de palestinos mediante el uso de medios letales sin justificación.

Se debe reconocer la larga lucha contra la discriminación y proteger sus derechos a la tierra y al territorio.

Proyectos de desarrollo en territorios indígenas son a menudo impuestos sobre estos pueblos, sin consultarlos.

La pretensión de la comunidad indígena Yakye Axa de Paraguay de recuperar la tierra en la que han habitado durante generaciones ha sido rechazada por una comisión clave en el Congreso paraguayo. El 25 de junio, la mayoría de los miembros de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural rechazó un proyecto de ley para restituir las tierras disputadas a la comunidad Yakye Axa. Esta votación pone en cuestión una decisión vinculante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humaos, el máximo organismo intergubernamental de la región. Esta decisión sobre el caso Yakye Axa adoptada por una comisión del Congreso, aunque no es vinculante, supone un revés que podría tener fatales consecuencias para la batalla que libra la comunidad para recuperar sus tierras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había resuelto que el Estado paraguayo debía restituir las tierras a la comunidad Yakye Axa antes de julio de 2008. Ha pasado un año desde que expiró el plazo fijado por la Corte y con esta última votación aumentan los temores de que los intereses económicos puedan estar poniendo en mayor peligro los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas en el territorio de Paraguay.

El Consejo de Seguridad de la ONU debe dar seguimiento a sus llamamientos para que se redoblen los esfuerzos en el marco del proceso de paz adoptando medidas concretas para asegurar que ambas partes en conflicto, israelí y palestina, hacen honor a las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y al deber de vigilar y garantizar el cumplimiento. De lo contrario, las declaraciones sobre la urgencia de llegar a un acuerdo de paz integral, como las reiteradas durante la reunión celebrada por el Consejo de Seguridad el 11 de mayo, no tienen muchas posibilidades de hacerse realidad.