Perú: Aprobación de Protocolo, primer paso para garantizar protección a personas defensoras
Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro.
El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.
31 mayo 2019
Entregué agua a las personas migrantes que cruzaban el desierto de Arizona. Me acusaron de un delito grave.
En vista de cómo está reprimiendo el gobierno la prestación de ayuda humanitaria, mi caso puede sentar un peligroso precedente.
De Scott Warren
Después de atravesar México en un peligroso viaje y cruzar con dificultad el desierto de Arizona, Jose y Kristian supieron por alguien que encontrarían agua y comida en un lugar de Ajo llamado “the Barn” (el granero). “The Barn” es un punto de encuentro para personal voluntario como yo, y allí ambos jóvenes pudieron comer, descansar y acceder a asistencia médica. La Patrulla Fronteriza los detuvo cuando se disponían a marcharse. Los agentes también me esposaron y arrestaron a mí, por haber proporcionado “comida, agua, ropa limpia y camas” a los dos migrantes, en palabras de la Patrulla.
29 mayo 2019
México: Aprobación apresurada de leyes de seguridad pública pone en riesgo los derechos humanos
El Congreso de México se apresta a aprobar un paquete de leyes en materia de seguridad pública con normas contrarias al derecho internacional que pondrían en riesgo los derechos humanos de la población y socavarían así la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, señaló hoy Amnistía Internacional.
“Si el Congreso aprueba esta legislación, la Guardia Nacional se constituirá en un todopoderoso cuerpo de seguridad, sin supervisión independiente, con perniciosas facultades como detener personas migrantes y permitir el uso de la fuerza si consideran que las manifestaciones públicas no son legítimas”, señaló Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
23 mayo 2019
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
El “año de la vergüenza” de Arabia Saudí: Continúa la represión contra personas que critican al gobierno y activistas que defienden los derechos
Hoy se conmemora el primer aniversario de la detención de varias destacadas defensoras de los derechos humanos de Arabia Saudí, después de un año vergonzoso para los derechos humanos en el reino, en el que se ha atacado a activistas, periodistas, personalidades académicas y escritores y escritoras. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En el último año, los y las activistas saudíes, incluidas varias defensoras de los derechos humanos, han sufrido el terrible suplicio de la detención arbitraria, sin poder ver a sus seres queridos o hablar con ellos durante largos meses, y sin acceso a asistencia letrada. Las mujeres activistas también describieron con detalle ante el tribunal la tortura, los malos tratos y los abusos sexuales sufridos, y muchas de ellas se enfrentan ahora a una pena de prisión por ejercer su libertad de expresión y por su activismo pacífico.
“Hoy se conmemora un año de la vergüenza para Arabia Saudí. Hace un año, las autoridades empezaron a encerrar a algunas de las activistas más valientes del país, en lugar de celebrar codo con codo la adopción de medidas que deberían haber servido para promover los derechos de las mujeres en Arabia Saudí”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio.
“Luego procedieron a detener a quienes seguían atreviéndose a defender a estas mujeres, promover los derechos de las mujeres en el país, o incluso cuestionar de cualquier modo las políticas de las autoridades.”
Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef, destacadas activistas saudíes de los derechos de las mujeres, fueron detenidas el 15 de mayo de 2018, y desde marzo de 2019 están siendo juzgadas por su trabajo de derechos humanos.
16 mayo 2019
Venezuela: Crímenes de lesa humanidad requieren una respuesta contundente de la justicia internacional
Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.
13 mayo 2019
¿Por qué sale la gente de Venezuela?
Venezuela atraviesa una crisis de derechos humanos sin precedentes que no sólo afecta a millones de personas dentro del país, sino que ha obligado a una de cada diez personas en Venezuela a dejar su hogar en los últimos cuatro años. Estos millones de personas, dentro y fuera de Venezuela, han sufrido y sufren violaciones a sus derechos humanos como la vida, la salud o la alimentación, que no son garantizados ni protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro.
08 mayo 2019
“Les añoro tantísimo”: Cartas de Nasrin Sotoudeh desde la cárcel a su hijo y a su hija
Las desgarradoras cartas desde la cárcel de la abogada y activista de los derechos de las mujeres Nasrin Sotoudeh revelan el trauma que el gobierno inflige a las familias a las que dice proteger.
Nasrin Sotoudeh es una abogada que nunca ha eludido hacer lo correcto en Irán. En su larga e impresionante trayectoria profesional, ha denunciado las injusticias de la pena de muerte y ha luchado por los derechos de la infancia. Más recientemente, cuestionó las degradantes leyes que obligan a niñas de tan solo nueve años a llevar el hiyab so pena de cárcel, flagelación o multa. Nasrin ha sido condenada a un total de 38 años y 148 latigazos en dos juicios injustos por reivindicar el derecho a elegir de las mujeres y niñas. Tendrá que cumplir 17 años de su condena.
07 mayo 2019
La administración Trump debilita peligrosamente las protecciones sobre venta de armas
Ante la noticia de que Estados Unidos podría retirar su firma del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), Adotei Akwei, director adjunto del trabajo de promoción y relaciones con el gobierno de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
“Este anuncio es un desafortunado golpe a los esfuerzos para promover la paz y la seguridad internacionales. El TCA es el primer instrumento global que establece unas normas internacionales para la transferencia de armas y munición convencionales con el fin expreso de reducir el sufrimiento humano. El Tratado exige que los gobiernos evalúen el riesgo de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario antes de autorizar una venta de armas con el fin de prevenir que éstas se usen de forma irresponsable en conflictos brutales, caigan en manos de la delincuencia organizada o sean canalizadas a terroristas. No interfiere en modo alguno con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de la ciudadanía de llevar armas.
29 abril 2019
Sri Lanka: Solidaridad con las víctimas, unidad contra las fuerzas del odio
El gobierno de Sri Lanka debe garantizar que todas las comunidades están protegidas y que hay rendición de cuentas por los desgarradores crímenes que el domingo de Pascua mataron a más de 250 personas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La organización de derechos humanos ha pedido también a los líderes de Sri Lanka y de todo el mundo que demuestren su solidaridad con las víctimas y den muestra de unidad contra las fuerzas del odio responsables de esta tragedia.
“Pensamos ante todo en las víctimas de los horribles atentados del domingo, muchas de las cuales fueron atacadas debido a su fe cristiana cuando estaban rezando en la iglesia en uno de sus principales días sagrados. Han tenido que ser enterradas prematuramente, incluso en el caso de niños de sólo unos meses de vida”, ha señalado Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia meridional.
26 abril 2019
Nicaragua: El Estado debe poner fin a un año de brutal represión
Las protestas contra el presidente sudanés Omar al Bashir han alcanzado su punto álgido con la declaración de que el ejército ha dado un golpe de Estado en la capital, Jartum, y va a formar un gobierno de transición. Estos son los principales datos que hay que conocer sobre los importantes acontecimientos en que se halla inmerso el país africano:
Protestas multitudinarias en SudánEl derrocamiento del presidente Omar al Bashir se produce tras el mayor número de protestas contra el gobierno celebradas en el país desde su llegada al poder tras un golpe de Estado en 1989. Ha habido más de 700 protestas en todo Sudán desde que comenzaron los actuales disturbios.
Cómo comenzaron las protestasLas protestas comenzaron a mediados de diciembre de 2018, con manifestaciones de estudiantes de enseñanza media en contra del acusado aumento del precio del pan en la ciudad de Atbara, estado de Río Nilo. El gobierno había adoptado nuevas medidas de austeridad, incluidos recortes de las subvenciones al pan y los combustibles, tras la disminución de la producción petrolera y de años de sanciones estadounidenses. El 20 de diciembre se produjeron protestas similares en varias ciudades sudanesas, en las que se pedía también la dimisión de Al Bashir.
Las fuerzas de seguridad responden con violenciaEl gobierno respondió a la protestas haciendo uso ilegítimo, excesivo y, a veces, letal, de la fuerza, con munición real, balas de goma, gas lacrimógeno y a ataques a personas heridas dentro de hospitales. Al menos 59 personas han muerto, centenares han resultado heridas y miles han sido detenidas desde que comenzaron las protestas. El gobierno desplegó a hombres armados y con el rostro cubierto para sofocar las protestas.
Represión contra las redes socialesEl gobierno restringió la libertad de expresión y de información cortando el acceso a las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Twitter y WhatsApp. Los sitios siguen siendo casi inaccesibles, pero mucha gente ha continuado accediendo a las plataformas por VPN (redes privadas virtuales).
15 abril 2019
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Siete cosas que hay que saber sobre las recientes protestas de Sudán
Las protestas contra el presidente sudanés Omar al Bashir han alcanzado su punto álgido con la declaración de que el ejército ha dado un golpe de Estado en la capital, Jartum, y va a formar un gobierno de transición. Estos son los principales datos que hay que conocer sobre los importantes acontecimientos en que se halla inmerso el país africano:
Protestas multitudinarias en SudánEl derrocamiento del presidente Omar al Bashir se produce tras el mayor número de protestas contra el gobierno celebradas en el país desde su llegada al poder tras un golpe de Estado en 1989. Ha habido más de 700 protestas en todo Sudán desde que comenzaron los actuales disturbios.
Cómo comenzaron las protestasLas protestas comenzaron a mediados de diciembre de 2018, con manifestaciones de estudiantes de enseñanza media en contra del acusado aumento del precio del pan en la ciudad de Atbara, estado de Río Nilo. El gobierno había adoptado nuevas medidas de austeridad, incluidos recortes de las subvenciones al pan y los combustibles, tras la disminución de la producción petrolera y de años de sanciones estadounidenses. El 20 de diciembre se produjeron protestas similares en varias ciudades sudanesas, en las que se pedía también la dimisión de Al Bashir.
12 abril 2019
Corea del Sur: En una victoria histórica para los derechos de las mujeres, el máximo tribunal ordena la reforma de la ley del aborto.
En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado:
“La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.”
“Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.”
“Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.”
Información complementaria
La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020.
Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables.
La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge.
El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante.
El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal.
Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.
11 abril 2019
Romper el silencio sobre mi violación
Hace unas semanas, salió en la televisión un hombre de aspecto normal, vestido con un traje gris, y dijo algo que me hizo llorar.
El hombre era el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, y anunciaba que su gobierno iba a introducir una nueva ley sobre la violación basada en el consentimiento.
Para entender por qué la noticia sobre una ley me hizo llorar, hay que entender el viaje que estoy haciendo desde hace casi dos años; un viaje que comenzó una noche de verano, cuando me violaron.
03 abril 2019
Bahréin: Sombrías violaciones de derechos humanos tras el glamour del Grand Prix
En vísperas del Grand Prix de Fórmula 1 que se celebrará en Bahréin este fin de semana (del viernes 29 al domingo 31 de marzo), Amnistía Internacional ha destacado el sombrío historial de derechos humanos del país.
Samah Hadid, directora de campañas para Oriente Medio de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Tras el glamour de la F1, Bahréin tiene una cara mucho más siniestra, que revela al país como un Estado profundamente represivo donde cualquier persona que critique al gobierno puede ser encarcelada simplemente por publicar un tuit”.
27 marzo 2019