Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Las autoridades en Paraguay deben asegurarse que tenga acceso a todos los servicios de salud que necesite.

Informe de Amnistía Internacional revela casos que vulneran derechos de la mujeres.

En Irlanda se está librando una lucha por el acceso al aborto legal y sin riesgos.

El reloj avanza y las autoridades paraguayas siguen sin garantizar que una niña de 10 años violada tenga acceso a todas las opciones posibles.

AInforme de Amnistía Internacional que denuncia leyes violan DDHH, alimentan los abusos discriminatorios e impiden acceso a la justicia.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch se disponen a emitir una declaración conjunta en la que pedirán a las autoridades israelíes que lo permitan.

Controversial medida es una draconiana restricción a la libertad de expresión.

Mohamed Morsi y varios de sus colaboradores llevan recluidos en unas condiciones que constituyen desaparición forzada.

Todas las personas detenidas por las autoridades deben tener acceso inmediato a sus abogados y familiares.

Si se corroboran las últimas denuncias, los ataques constituirían crímenes de guerra.

Cómo garantizar el acceso público a información gubernamental sin poner en peligro los esfuerzos legítimos para proteger a la población.

Acogemos con satisfacción la decisión adoptada por el Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, el pasado 11 de enero, de derogar el Acuerdo Gubernativo 370-2012.

El presidente Barack Obama debe dar el primer paso para levantar el embargo de Estados Unidos contra Cuba, y para ello debe optar por no renovar las sanciones impuestas contra la isla en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo. Así lo ha manifestado hoy, 2 de septiembre, Amnistía Internacional, mientras se aproxima la fecha límite del 14 de septiembre para la renovación de sanciones en virtud de la Ley. El llamamiento de Amnistía Internacional forma parte de un informe publicado hoy que examina el impacto del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. El informe, titulado El embargo estadounidense contra Cuba: Su impacto en los derechos económicos y sociales, concluye que las sanciones, impuestas por Estados Unidos desde 1962, afectan en especial al acceso de la población cubana a las medicinas y las tecnologías médicas y pone en peligro la salud de millones de personas.

Al menos 11 familias romaníes pueden ser desalojadas forzosamente de sus hogares en un vertedero de la isla griega de Lefkada, y han sido sometidas a otras violaciones de sus derechos a una vivienda adecuada y a la salud. Las familias llevan tres años viviendo en el vertedero, sin acceso a electricidad, alcantarillado y abastecimiento de agua, tras haber sido desalojadas de otro lugar cercano a Lefkada, la capital de la isla. Al menos 11 familias, entre cuyos miembros hay muchos niños y niñas, se enfrentan a desalojo forzoso al haber decidido las autoridades de Lefkada reurbanizar el vertedero. No se ha consultado a la comunidad romaní; las autoridades locales se limitaron a comunicar verbalmente a la comunidad, hace aproximadamente tres semanas, que debía marcharse. Sin embargo, a las familias no se les ha ofrecido ninguna alternativa adecuada de alojamiento. Según informes, se les ofreció oficiosamente la posibilidad de trasladarse a casas prefabricadas más próximas al vertedero, propuesta que la comunidad no consoderó adecuada.