Mañana, 8 de mayo, la Sala de Apelaciones de Ica decidirá si rectifica la absolución de los defensores ambientales Oscar Mollohuanca Cruz, exalcalde de Espinar, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, expresidente y exvicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE). Ellos fueron absueltos en primera instancia en julio de 2017 por el Primer Juzgado Unipersonal de Ica al considerar que la Fiscalía se limitó a realizar la acusación con ausencias para determinar la acreditación de la causa probable de un delito.

Miles de personas se han echado a las calles en los últimos días en diferentes puntos de España después de que cinco hombres acusados de violar en grupo a una mujer de 18 años en 2016 fueran absueltos el jueves pasado de “agresión sexual”, cargo que incluye la violación. En su lugar, los acusados fueron declarados culpables del cargo más leve de “abusos sexuales” y condenados a nueve años de prisión. La gente protesta indignada por el hecho de que no fueran declarados culpables de violación y por la manera en que tanto la ley como el sistema de justicia han fallado a la víctima. Las personas que se manifiestan expresan sonoramente su solidaridad con ella.

Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.

Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos.

La población de Siria ya ha soportado seis años de devastadores ataques, incluidos ataques con armas químicas, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Deben tomarse todas las precauciones para reducir al mínimo el riesgo de causar daños a la población civil en cualquier acción militar. La población, que ya vive con miedo a perder la vida en ataques ilegítimos, no debe ser castigada además por presuntas violaciones del gobierno sirio.

SANTIAGO, 4 abr 2018 (IPS) - Cuando el Congreso Nacional de Chile aprobó la ley de aborto en tres causales el año pasado, se incluyó también una norma de “objeción de conciencia”. Esta permite que una persona no esté obligada a cumplir una ley, porque hacerlo resulta contradictorio con sus convicciones o creencias. En el caso del aborto, se permite que el/la profesional decida no practicar abortos, si cree que hacerlo atenta contra sus creencias religiosas o morales, debiendo entonces derivar a la mujer o niña a un/a profesional no objetor/a.  

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Twitter puede ser un lugar peligroso para las mujeres. De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, las mujeres que usan la plataforma sufren frecuentes ataques sexistas, racistas y homófobos, y no sienten que Twitter esté de su parte.

México vivió tiempos muy duros hace tres meses, cuando se vio sacudido por un terremoto que, además de ser el segundo en un mes, fue el más letal que el país ha debido afrontar en 30 años. Los terremotos de septiembre de 2017 dejaron cientos de personas muertas y causaron graves daños en las comunidades más cercanas a los epicentros. Durante ese mes, la población mexicana salió a ayudar a sus compatriotas, orgullosa de su lado más humano, e incluso cosechó reconocimiento internacional por el altruismo y las acciones heroicas de sus civiles.

¿Qué siente una persona que pasa hambre día tras día? ¿Qué siente cuando no hay comida ni medicinas que dar a unos hijos enfermos? ¿Cuando hay que usar agua contaminada para la comida? ¿Qué siente al pasar noches interminables bajo las bombas, aterrorizada por la vida de su familia y la suya propia? ¿Cómo se siente al ver arder su casa y ver desaparecer su querida ciudad bajo un cúmulo infinito de escombros? No puedo evitar hacerme todas estas preguntas a diario, cuando hablo con la población atrapada en región siria de la Guta oriental.

Representantes de la organización estarán presentes en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Comitiva peruana estará integrada por familiar de víctimas de Alberto Fujimori, y representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Amnistía Internacional denunciará el indulto y la gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori. Organización resaltará la falta de atención a comunidades afectadas por metales tóxicos y la penalización del aborto para todas las causas.

Ante las noticias de la intensificación de la campaña de bombardeos del gobierno sirio y su aliada Rusia en la Guta oriental (gobernación de Damasco Rural) que en el último mes ha causado la muerte de decenas de personas y heridas a centenares, Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria, ha declarado: “El gobierno sirio, con el respaldo de Rusia, está atacando deliberadamente a su propia población en la Guta oriental. Las personas no sólo lleva seis años sufriendo un cruel asedio, sino que ahora están atrapadas en una oleada diaria de ataques que las están matando y mutilando deliberadamente y que constituyen crímenes de guerra flagrantes.  

El mínimo histórico  de permisos emitidos por Israel para personas palestinas que necesitan tratamiento médico vital fuera de Gaza subraya la necesidad urgente de que Israel ponga fin a sus diez años de cierre de la Franja de Gaza”, han afirmado hoy en una declaración conjunta el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Medical Aid for Palestinians (MAP) y Physicians for Human Rights Israel (PHRI). El máximo histórico de las demoras en que ha incurrido la Autoridad Palestina en 2017 a la hora de emitir las aprobaciones necesarias y la continuación del cierre por Egipto del paso fronterizo de Rafá con Gaza limitan aún más la circulación y causan sufrimiento adicional.

Más de un millón de personas de 194 países y territorios han exigido la libertad del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, y que se retiren los cargos formulados contra él y otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos cuyo juicio se reanuda en Estambul el 31 de enero. Los 11 se enfrentan a cargos falsos de “terrorismo” en lo que, a todas luces, es un procesamiento por motivos políticos dirigido a silenciar las voces críticas en Turquía. Si los declaran culpables podrían imponerles penas de hasta 15 años de prisión. “Con las pruebas abrumadoras de su inocencia y la inexistencia de pruebas de que haya cometido ningún delito, la excarcelación de Taner debía haberse producido hace tiempo. El hecho de que lleve casi ocho meses entre rejas dice mucho sobre el deficiente sistema de justicia de Turquía y la implacable persecución de quienes defienden los derechos humanos”, declaró Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa. “La sesión de hoy ofrece otra oportunidad más para poner fin a este manifiesto error judicial y permitir que este defensor de los derechos humanos, de fuertes principios y apasionado, se reúna con su familia y reanude su vital labor. El tribunal debe absolver a Taner y a los otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos y acabar de una vez con esta farsa”. El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, fue detenido el 6 de junio de 2017 y enviado tres días después a la cárcel, donde permanece recluido desde entonces. Un mes más tarde se detuvo a otros 10 activistas, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, Ä°dil Eser. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de quedar en libertad bajo fianza en su primera vista judicial en octubre. Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base por la que la fiscalía aún no ha proporcionado ninguna prueba concreta que resista un análisis riguroso. Se acusa a Taner Kılıç de haber descargado y utilizado ByLock, aplicación de mensajería segura que, según la acusación, utilizaba el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional determinaron que no había rastro alguno de la instalación de ByLock en el aparato. Hasta ahora, la fiscalía no ha presentado prueba alguna que sustente las acusaciones y demuestre la comisión de un delito. El mes pasado, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas. Taner Kılıç no figura aún entre las personas incluidas en las listas para ser puestas en libertad. Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se exige la libertad de Taner Kılıç y de los demás defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía desde su detención el pasado verano. Decenas de conocidas personalidades han pedido la libertad de Taner y la retirada de los cargos formulados contra los 10 de Estambul.

Mientras los lugareños se encontraban celebrando las fiestas navideñas en sus hogares, policía en la ciudad de Chilpancingo desapareció forzadamente a 5 jóvenes, usando tácticas escalofriantes que se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado, dijo Amnistía Internacional.       

Tras la aprobación de una resolución de las Naciones Unidas que condena la decisión del presidente Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, Sherine Tadros, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York, ha hecho la siguiente declaración: “La comunidad mundial ha enviado el enérgico mensaje de que las amenazas e intimidaciones no la van a convencer de que muestre su apoyo al temerario desprecio del presidente Trump por la cooperación internacional. “Este asunto va mucho más allá de la cuestión de dónde decida Estados Unidos poner su embajada. La comunidad internacional ha condenado reiteradamente el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la anexión ilegal de Jerusalén. Al rechazar este consenso, Estados Unidos muestra un absoluto desprecio por los derechos del pueblo palestino y menoscaba los esfuerzos por mantener la paz en la región. “Estados Unidos debe analizar por qué es tan general la oposición de la comunidad mundial a esta política. En vez de servir de mediador en el proceso de paz, Estados Unidos está avivando las llamas de la tensión.” Información general La semana pasada, Amnistía Internacional condenó por “temerario y provocador” el anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos reconocía una Jerusalén unificada como capital de Israel e iba a trasladar su embajada allí. Ayer, la organización denunció también los intentos de la administración Trump de amenazar a los países que votaran a favor de la resolución con retirarles la ayuda.