Amnistía Internacional expresa su preocupación ante el uso indebido del sistema de justicia a través de un infundado proceso penal por usurpación en contra de la defensora de derechos humanos Máxima Acuña, y por la estigmatización en su contra con el fin de desacreditar y deslegitimar su trabajo.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Un nuevo decreto que establece que cualquier empleado en Venezuela puede ser obligado a trabajar en tareas de agricultura como forma de luchar contra la crisis alimentaria en el país equivale a trabajo forzado.

Las mujeres refugiadas corren un riesgo mayor de acoso, explotación y abusos en el trabajo y en la calle

Nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de millones de personas.

Hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado Internacional de Comercio de Armas. Tras 20 años de trabajo para conseguirlo, hoy fue posible gracias a tu apoyo. Este tratado salvará miles de vidas y controlará el flujo de armas para que no llegue a las manos equivocadas. Sigamos juntos en la lucha para construir un mundo mejor.

Las autoridades chinas llevan años utilizando una intrincada red de más de 300 campos de **reeducación por el trabajo**

Es inaceptable que autoridades israelíes sigan procesando activistas por su trabajo pacífico de defensa de DD. HH.

Amnistía Internacional considera esencial que el trabajo de la CVR sea ampliamente reconocido y difundido.

Secuestraban a la gente en su casa, en el trabajo o en la calle, y a veces no se volvía a saber de ellos.

La asamblea debe mostrar su apoyo al trabajo del Sistema Interamericano de DD.HH., integrado por la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) y la Corte Interamericana de DD.HH.

Las autoridades israelíes se disponen a demoler la casa de una familia palestina en Jerusalén Oriental por considerar que se ha construido sin permiso. Ahmad Ghoshe y numerosos miembros de su clan familiar llevan años viviendo en la misma casa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. En las plantas inferiores del edificio viven, completamente hacinadas, más de 40 personas. En junio de 2006, Ahmad Ghoshe construyó encima de la casa un pequeño apartamento de 50 metros cuadrados para él; su esposa, Haifa, y su hijo Yusif, con su esposa, Lubna, y sus tres hijos, Anas (de seis años), Adam (de cuatro) y Amir (de tres). Tres meses después, el Ayuntamiento de Jerusalén dictó una orden de demolición del apartamento. El 8 de julio de 2009, tras un largo proceso judicial, se fijó la ejecución **inminente** de la orden. Desde 2007, la familia ha tenido que pagar una multa de 600 shekeles (200 dólares estadounidenses) al mes por la obra realizada sin autorización en el edificio. Sólo un miembro de la familia tiene trabajo, y gana 4.000 shekeles (1.330 dólares) al mes, con los que tiene que mantener a toda la familia.

Nueve miembros del personal de una destacada organización de derechos humanos guatemalteca con sede en la ciudad de Guatemala han recibido más de 40 mensajes de texto SMS con amenazas de muerte. A uno de ellos, además, lo han seguido unos desconocidos armados. Los mensajes SMS hacen referencia al trabajo de la organización para que se haga justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996. Las vidas de estos activistas podrían correr peligro.