El anuncio por parte de las autoridades de migraciones que las personas de nacionalidad venezolana que ingresen al Perú luego del día 31 de octubre de 2018 no podrán acceder al Permiso Temporal de Permanencia (PTP) es un duro golpe para muchas de ellas que son forzadas a migrar debido a la violencia, la inseguridad y la falta de alimentos y medicinas en su país. Esta medida además aumentó la demanda de flujo migratorio en frontera y complicó la atención de solicitudes de refugio en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes en los últimos días.

Amnistía Internacional muestra su preocupación frente al impacto en materia de derechos humanos de las personas venezolanas que tendrán las recientes medidas migratorias adoptadas por las autoridades peruanas que restringen el ingreso al Perú únicamente a quienes posean un pasaporte. La organización ha documentado la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en Venezuela y las dificultades que enfrentan las personas para obtener alimentación, atención en salud y documentación de viaje. La implementación de las recientes medidas migratorias podría incrementar el riesgo e inseguridad de quienes buscan obtener protección internacional, e incrementan su vulnerabilidad frente a la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, el tráfico de migrantes y refugiados, entre otros.

El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a la práctica de separar a padres y madres solicitantes de asilo de sus hijos e hijas y privarlos de acceso a los procedimientos de asilo mediante la detención prolongada; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante los informes sobre la adopción de una draconiana política de separación familiar por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que se aplicará a todo el que se presente en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy, el fiscal general Jeff Sessions ha aludido también a esa política en sus comentarios.  

La madrugada del pasado 25 de marzo, una joven pareja viajaba en su vehículo con sus tres hijas y una sobrina por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero de la Marina mexicana abrió fuego contra la familia. Atrapadas en medio de los elementos de la Secretaria de Marina (SEMAR), la madre y dos de sus hijas fallecieron instantáneamente.

  La madrugada del pasado 25 de marzo, una joven pareja viajaba en su vehículo con sus tres hijas y una sobrina por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero de la Marina mexicana abrió fuego contra la familia. Atrapadas en medio de los elementos de la Secretaria de Marina (SEMAR), la madre y dos de sus hijas fallecieron instantáneamente.  

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno bangladeshí que cumpla su compromiso de garantizar que sólo se hará regresar a personas refugiadas Rohingya si lo hacen voluntariamente, en condiciones de seguridad y con dignidad.

La fosa común descubierta en el centro de Malí es la triste y más reciente confirmación de que la inseguridad en la región ya ha alcanzado el grado de crisis; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Testigos locales del pueblo de Dogo identificaron el 22 de marzo los cadáveres de seis personas que habían sido detenidas por los militares tres días antes. Además, Amnistía Internacional documentó un aumento de los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados como Ansar Dine y GSIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), y confirmó que 65 personas, incluidos menores de edad, habían muerto por artefactos explosivos improvisados desde el comienzo del año.  

“Los testigos que hemos entrevistado, entre los que hay un profesor y un periodista, han descrito escenas de caos en Erbil y Dohuk mientras miembros de fuerzas de seguridad kurdas y particulares armados vestidos de civil hacían uso de la violencia para dispersar protestas pacíficas.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

En respuesta a la noticia de que el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente ha votado hoy, tras larga demora, una resolución que pide la entrada de la ayuda humanitaria a la Guta Oriental y un alto el fuego parcial, Sherine Tadros, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante la ONU en Nueva York, ha declarado:

Tras la decisión del gobierno federal de intervenir en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, ha declarado:

Abdu Salam permaneció en su pueblo mientras soldados de Myanmar y paramilitares locales incendiaban decenas de viviendas el pasado agosto. Se quedó allí mientras circulaban las noticias de las atrocidades que los soldados habían cometido en otros pueblos rohingyas en el norte del estado de Rajine. Y lo hizo porque el pueblo de Hpon Nyo Leik era su hogar, el único que conocía, y quería proteger las propiedades de su familia y su derecho a vivir allí.

El operativo de las fuerzas de seguridad que tenía como objetivo la detención del exfuncionario del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) Óscar Pérez y otras personas que se habían levantado contra el gobierno, parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de violaciones graves a los derechos humanos incluso de crímenes bajo derecho internacional, dijo Amnistía Internacional.    

Más de 530.000 hombres, mujeres, niños y niñas rohingyas han huido del norte del estado de Rajine, víctimas del terror, en cuestión de semanas, en plena campaña de asesinatos, violaciones e incendios generalizados y sistemáticos dirigida contra esta población por las fuerzas de seguridad de Myanmar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en su análisis más detallado hasta la fecha sobre la crisis en curso. 

Todo empezó cuando algunas personas izaron una bandera en un concierto en El Cairo. Era una bandera del arco iris —símbolo del orgullo LGBTI— y, desde ese momento, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía de Egipto no han cesado de perseguir y detener a personas, y de someterlas a humillantes pruebas para averiguar su sexualidad.

Hoy se cumplen 100 días desde que las fuerzas de seguridad turcas asaltaron un simple taller de formación y se llevaron a un grupo de 10 notables activistas de los derechos humanos. La mayoría de estas personas –conocidas como los 10 de Estambul– están encerradas en la principal prisión de máxima seguridad de Turquía.