Hoy el Senado irlandés ha aprobado el Proyecto de Ley sobre Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) 2018, por lo que, tras la aprobación de las dos cámaras del Oireachtas, ya puede ser enviado al presidente para que firme su entrada en vigor. “Este es un significativo paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y niñas, pero la ley sigue conteniendo barreras para el acceso”, dice Amnistía Internacional.

Frente a la aprobación del Congreso del Perú el 11 de octubre de 2018 del proyecto de ley que propone establecer la “modalidad de ejecución humanitaria de la pena” para adultos mayores que hayan cumplido un tercio de su condena, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades su obligación de imponer sanciones severas a las personas que sean halladas culpables por la comisión de crímenes de derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos.

En reacción al desplazamiento de miles de personas en el departamento de Antioquia, debido a inundaciones causadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:  

La Asamblea Legislativa de El Salvador debe aprovechar la oportunidad histórica de despenalizar el aborto antes de que termine el ciclo legislativo actual a finales de abril; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Desde 2001, Estados Unidos viene actuando como si el mundo fuera un campo de batalla permanente, a costa de miles de vidas, incluidas las de gran número de civiles. Pese a esto, el presidente Trump ha ampliado, según parece, la autoridad para realizar ataques aéreos fuera de zonas de guerra y ha expresado una indiferencia escandalosamente insensible hacia las víctimas civiles. Lo último que necesita el presidente Trump es una autorización indefinida renovada que le dé un cheque en blanco para perpetuar una guerra sin fin, que es exactamente lo que representa el proyecto de ley propuesto

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Un proyecto de investigación pionero de Amnistía Internacional ha encontrado indicios de negligencia grave por parte de las gigantes del petróleo Shell y Eni, cuya gestión irresponsable de los vertidos de petróleo en el delta del Níger está agravando una crisis medioambiental. Por medio de la red Decoders (Descodificadores/as), innovadora plataforma desarrollada por Amnistía Internacional para la investigación en materia de derechos humanos mediante colaboración colectiva, la organización captó a miles de simpatizantes y activistas para reunir datos sobre los vertidos de petróleo en el delta del Níger. La información reunida fue analizada luego por personal de investigación de Amnistía Internacional y verificada por Accufacts, especialista independiente en oleoductos.  

Las autoridades rusas intensificarán hoy su control sobre la libertad de prensa en el país con la introducción de un proyecto de ley que designa “agentes extranjeros” a las entidades periodísticas financiadas desde otro país e impone la onerosa obligación de declarar todos los detalles relativos a su financiación, sus finanzas y su personal, ha declarado Amnistía Internacional.

El gobierno de Nicaragua debe dejar de anteponer los negocios al futuro del país y de su pueblo, dijo hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe que analiza un acuerdo secreto que llevará a la construcción de un canal y otros proyectos paralelos que afectarán los medios de vida de decenas de miles de personas y podría dejar a muchas personas sin hogar.

Anoche, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es el resultado de violación o incesto, cuando la vida de la mujer está en peligro o en casos de inviabilidad fetal.

El proyecto de ley General contra la Desaparición Forzada aprobada por el Senado de la República en México puede constituir un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.             

“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.   Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia. “Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”. Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes: Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia. Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo. Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero. Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock. La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes: Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas. El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva. Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses. “Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.

Al tiempo que remiten las amenazas de países africanos de retirarse de la CPI, nuevos desafíos para la Corte aparecen en el horizonte desde el Norte. Por NETSANET BELAY y MATTHEW CANNOCK.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Convocatoria para Estudio de línea de base del proyecto **Este es mi cuerpo**