21 de abril: Lanzamiento del Informe Anual de Amnistía Internacional en Chiclayo
Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, persistieron, como también la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ.
12 abril 2023
Perú: Continúan la represión racista y lentitud en investigaciones a 100 días de inicio de las protestas
“A pesar de los reiterados llamados que toda la comunidad internacional ha realizado a las autoridades peruanas de parar de una vez los ataques generalizados con marcado sesgo racista contra las personas que protestan en el país, en particular indígenas y campesinas, seguimos viendo cómo la represión sigue siendo la única estrategia para lidiar con las demandas de la gente. Las autoridades son responsables por los hechos ocurridos bajo su mando y tienen la obligación de garantizar que quienes protestan no estén en riesgo de morir o ser gravemente heridos solo por expresar su descontento”.
17 marzo 2023
Escucha en quechua las conclusiones iniciales de nuestra investigación sobre represión y protesta
Amnistía Internacional ha verificado que, desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima e indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas. Esta violenta represión por parte del Estado constituye ataques generalizados contra el pueblo.
09 marzo 2023
Sé parte de la exposición de posters al cumplirse los cien días del inicio de las protestas en el Perú
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados.
27 febrero 2023
Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas potencialmente letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar los hallazgos iniciales de su investigación en el país.
16 febrero 2023
Rechazamos medidas que contribuyen a la criminalización y atentan contra la libertad de expresión
Uno de los valores de toda democracia es la libertad de expresión, el cual es un derecho fundamental. Este abarca la libertad que tienen las personas de dar sus opiniones, de investigar y recibir información, así como de difundirlas.
07 febrero 2023
Perú: Autoridades deben cesar de inmediato el uso excesivo de la fuerza contra la población civil y evitar más muertes
Las autoridades peruanas deben cesar de inmediato el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil, como primer paso que siente las bases de una salida a la actual crisis que enfrenta el país, dijo Amnistía Internacional hoy, tras la muerte de 18 personas, incluyendo un policía en Juliaca, Puno, entre ayer y la madrugada de hoy.
10 enero 2023
Perú: El fuero militar no se debe aplicar a presuntas violaciones de derechos humanos
En respuesta al anuncio del gobierno de Dina Boluarte sobre que las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos se llevarán al fuero militar, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:
“Durante las últimas semanas se han reportado más de una veintena de muertes de personas civiles, incluso menores de edad, en el marco de las protestas y movilizaciones en el Perú, y como consecuencia de la respuesta represiva por parte del Estado a través del uso de la fuerza. Al ser hechos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos, requieren de una intervención pronta, imparcial y oportuna de las instancias competentes y especializadas en la investigación de este tipo de hechos, determinar responsabilidades y posibilitar la rendición de cuentas en un marco de debido proceso”.
“Desde Amnistía Internacional nos preocupa el anuncio realizado el día de hoy sobre la intervención del Fuero Militar en las investigaciones. Recordamos a las autoridades peruanas que los fueros militares o policiales no son competentes, según el estándar internacional aplicable, para conocer, juzgar y sancionar a los presuntos autores de violaciones a derechos humanos”.
20 diciembre 2022
Perú: Demandamos el cese inmediato de la violencia estatal y se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional lamenta la muerte de al menos 17 personas en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín y La Libertad en el escenario de protestas sociales, y advierte que la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis.
16 diciembre 2022
Perú: Crisis en el país debe ser abordada con pleno respeto a los derechos humanos
Las autoridades peruanas deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza para responder a las manifestaciones que se extienden en el país, así como garantizar los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión, dijo Amnistía Internacional hoy, tras confirmar al menos dos muertes y decenas de personas lesionadas el día de ayer.
12 diciembre 2022
Perú: Retrocesos en materia de derechos humanos: Información para el 42 Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU, 25 de enero de 2023
En este documento, preparado para el examen periódico universal (EPU) al que se someterá Perú el 25 de enero de 2023, Amnistía Internacional evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a Perú en el EPU anterior, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGBTI y defensores y defensoras de los derechos humanos.
08 septiembre 2022
Amnistía Internacional advierte sobre graves amenazas a la libertad de prensa en Perú
Lima, 26 de agosto de 2022. Amnistía Internacional advierte sobre el incremento en el número de ataques contra periodistas en Perú, mientras el presidente Pedro Castillo ha hecho acusaciones estigmatizantes contra ellos, y proyectos de ley para criminalizar la labor periodística han sido presentados en el Congreso de la República.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 74 ataques a la prensa, un aumento con respecto a los 69 y 65 casos en el mismo periodo en 2021 y 2020, respectivamente. Agresiones físicas y verbales, intimidación judicial, criminalización, acoso y discursos estigmatizantes se encuentran entre las diversas formas de violencia hacia la prensa en Perú registradas por el gremio periodístico.
Aunado a ello, Amnistía Internacional expresa su preocupación por proyectos que pueden atentar contra la libertad de expresión en Perú. En particular, el Proyecto de Ley N° 2508-2021-PE, presentado el 5 de julio por el Presidente Pedro Castillo ante el Congreso, conocido como “Ley Mordaza”, propone establecer como delito la “difusión de información reservada en la investigación penal”, amenazando la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
Sobre este proyecto, la Defensoría del Pueblo advirtió que “se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público”.
Asimismo, el 19 de agosto se presentó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 2862/2022 que propone elevar la pena en casos de difamación hasta en cinco años, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web u otro medio de comunicación social, lo cual resultaría en cárcel efectiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Ya en 2019 Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible uso del derecho penal para inhibir la libertad de expresión en los procesos contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, a partir de querellas por difamación interpuestas por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, en base a publicaciones vinculadas a sus investigaciones periodísticas sobre el Sodalicio de Vida Cristiana.
En tal sentido, Amnistía Internacional considera que los casos de difamación deben tratarse por la vía civil y que el uso del sistema penal con la finalidad o el efecto de impedir críticas legítimas o el desarrollo de investigaciones periodísticas viola el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización insta a las autoridades a rechazar normas contrarias a los estándares de derechos humanos sobre la libertad de expresión e información y a desistir del uso de leyes penales para hostigar o impedir la labor periodística. Asimismo, demanda garantizar la integridad personal y la libertad de expresión de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación, desistiendo de narrativas estigmatizantes que incrementan la violencia hacia la prensa en Perú.
26 agosto 2022
AMNISTÍA INTERNACIONAL RECHAZA PROPUESTA DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS POR SER CONTRARIA A ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional rechaza el Proyecto de Ley que modifica el DL 1350 de Migraciones y el Código Penal, ampliando las causales para la expulsión de personas extranjeras, sin el debido proceso, vulnerando sus derechos fundamentales.
12 agosto 2022