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Oriente Medio y el Norte de África
Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Israel debe levantar su bloqueo ilegal e inhumano sobre Gaza cuando la central eléctrica de la Franja se queda sin combustible
El cierre de la única central eléctrica de Gaza va a exacerbar una crisis humanitaria ya acuciante para más de 2,2 millones de personas atrapadas en su territorio, mientras Israel lleva a cabo una campaña de bombardeos masivos, consecuencia de los cuales han muerto al menos 1.350 personas y resultado heridas más de 6.000.
13 octubre 2023
Américas: Aumento del éxodo de personas venezolanas deja en evidencia el incumplimiento de obligaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Chile
En su nuevo informe publicado hoy, Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas, Amnistía Internacional evidencia que Colombia, Perú, Ecuador y Chile están incumpliendo sus obligaciones bajo el derecho internacional de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida, integridad y derechos humanos.
“Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,71 millones de personas venezolanas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos. El informe analiza las medidas de protección temporal, regularización migratoria y los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado atendiendo a su accesibilidad, alcance y efectividad. En base a esos tres criterios, Amnistía Internacional concluye que ninguno de estos cuatro Estados cumple con sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional de ofrecer protección internacional o protección complementaria a personas venezolanas.
21 septiembre 2023
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Perú: Presidenta Boluarte debe ordenar a las fuerzas de seguridad respetar el derecho a la protesta
Durante los últimos meses, miles de personas han tomado las calles para protestar. Las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas.
17 julio 2023
VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGTBIQ SE INVISIBILIZA EN PERÚ
Este año al menos siete mujeres trans han sido asesinadas en Perú en un contexto de preocupante violencia contra personas LGTBIQ+ que lejos de ser enfrentada adecuadamente para ser erradicada, se tolera e invisibiliza, ha señalado Amnistía Internacional días previos al Día Internacional del Orgullo, que se conmemora el 28 de junio.
19 junio 2023
Perú: Debe investigarse a funcionarios de alto nivel por los ataques letales generalizados de las fuerzas de seguridad
La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas que se llevaron a cabo de diciembre a febrero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
24 mayo 2023
Chile y Perú: Autoridades deben poner fin a la militarización de fronteras como respuesta al ingreso de personas en necesidad de protección
Ante las medidas implementadas por los gobiernos de Chile y Perú de militarizar sus fronteras, y el estado de emergencia declarado ayer por el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú en respuesta a la llegada de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela y Haití, Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos que se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, quienes requieren una atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos.
27 abril 2023
21 de abril: Lanzamiento del Informe Anual de Amnistía Internacional en Chiclayo
Las autoridades socavaron la libertad de expresión y de reunión. Al concluir el año habían muerto al menos 22 personas y decenas más, entre ellas agentes de policía, resultaron heridas —en muchos casos por armas de fuego— en el contexto de la represión ilícita de manifestaciones. Las autoridades no atendieron las necesidades de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental. Seis defensores de los derechos humanos fueron asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. El derecho a una educación sexual integral se vio amenazado. Las múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas las refugiadas venezolanas, persistieron, como también la discriminación y la violencia contra personas LGBTIQ.
12 abril 2023
Perú: Continúan la represión racista y lentitud en investigaciones a 100 días de inicio de las protestas
“A pesar de los reiterados llamados que toda la comunidad internacional ha realizado a las autoridades peruanas de parar de una vez los ataques generalizados con marcado sesgo racista contra las personas que protestan en el país, en particular indígenas y campesinas, seguimos viendo cómo la represión sigue siendo la única estrategia para lidiar con las demandas de la gente. Las autoridades son responsables por los hechos ocurridos bajo su mando y tienen la obligación de garantizar que quienes protestan no estén en riesgo de morir o ser gravemente heridos solo por expresar su descontento”.
17 marzo 2023
Escucha en quechua las conclusiones iniciales de nuestra investigación sobre represión y protesta
Amnistía Internacional ha verificado que, desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima e indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas. Esta violenta represión por parte del Estado constituye ataques generalizados contra el pueblo.
09 marzo 2023
Sé parte de la exposición de posters al cumplirse los cien días del inicio de las protestas en el Perú
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados.
27 febrero 2023
Perú: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población Indígena y campesina
Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas potencialmente letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, constituyendo ataques generalizados, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar los hallazgos iniciales de su investigación en el país.
16 febrero 2023