Más de un millón de personas de 194 países y territorios han exigido la libertad del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, y que se retiren los cargos formulados contra él y otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos cuyo juicio se reanuda en Estambul el 31 de enero. Los 11 se enfrentan a cargos falsos de “terrorismo” en lo que, a todas luces, es un procesamiento por motivos políticos dirigido a silenciar las voces críticas en Turquía. Si los declaran culpables podrían imponerles penas de hasta 15 años de prisión. “Con las pruebas abrumadoras de su inocencia y la inexistencia de pruebas de que haya cometido ningún delito, la excarcelación de Taner debía haberse producido hace tiempo. El hecho de que lleve casi ocho meses entre rejas dice mucho sobre el deficiente sistema de justicia de Turquía y la implacable persecución de quienes defienden los derechos humanos”, declaró Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa. “La sesión de hoy ofrece otra oportunidad más para poner fin a este manifiesto error judicial y permitir que este defensor de los derechos humanos, de fuertes principios y apasionado, se reúna con su familia y reanude su vital labor. El tribunal debe absolver a Taner y a los otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos y acabar de una vez con esta farsa”. El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, fue detenido el 6 de junio de 2017 y enviado tres días después a la cárcel, donde permanece recluido desde entonces. Un mes más tarde se detuvo a otros 10 activistas, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, Ä°dil Eser. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de quedar en libertad bajo fianza en su primera vista judicial en octubre. Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base por la que la fiscalía aún no ha proporcionado ninguna prueba concreta que resista un análisis riguroso. Se acusa a Taner Kılıç de haber descargado y utilizado ByLock, aplicación de mensajería segura que, según la acusación, utilizaba el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional determinaron que no había rastro alguno de la instalación de ByLock en el aparato. Hasta ahora, la fiscalía no ha presentado prueba alguna que sustente las acusaciones y demuestre la comisión de un delito. El mes pasado, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas. Taner Kılıç no figura aún entre las personas incluidas en las listas para ser puestas en libertad. Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se exige la libertad de Taner Kılıç y de los demás defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía desde su detención el pasado verano. Decenas de conocidas personalidades han pedido la libertad de Taner y la retirada de los cargos formulados contra los 10 de Estambul.

La discriminación, la homofobia y la cruzada emprendida por Rusia contra “las relaciones sexuales no tradicionales” han contribuido a alimentar un inquietante aumento de la hostilidad contra los grupos que defienden los derechos humanos de las personas LGBTI en zonas de la ex Unión Soviética

El gobierno hondureño está desplegando tácticas peligrosas e ilegales para silenciar las voces de disenso en el marco de una de las peores crisis políticas que ha atravesado el país en una década, entre otras, evitando que abogados o activistas de derechos humanos visiten a manifestantes detenidos, indicó Amnistía Internacional luego de una visita a Honduras después de las disputadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre.

No es coincidencia que cuando aumentan en un país las violaciones de derechos humanos lo hagan también los ataques contra quienes los defienden. Tampoco es conciencia que, en los momentos de gran represión, la labor de los activistas de los derechos humanos resulte más esencial que nunca: más esencial y más peligrosa.

Los absurdos cargos de terrorismo formulados contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuran la directora y el presidente de Amnistía Internacional Turquía, son del todo insostenibles, ha manifestado Amnistía Internacional al inicio de los procedimientos judiciales contra ellos en Estambul y Esmirna.

Diversas estrellas del escenario y de la pantalla han sumado sus voces a la petición mundial dirigida a Turquía para que deje en libertad de inmediato y sin condiciones a un grupo de destacados defensores y defensoras de los derechos humanos que fueron detenidos hace 100 días. 

Hoy se cumplen 100 días desde que las fuerzas de seguridad turcas asaltaron un simple taller de formación y se llevaron a un grupo de 10 notables activistas de los derechos humanos. La mayoría de estas personas –conocidas como los 10 de Estambul– están encerradas en la principal prisión de máxima seguridad de Turquía.

El hecho de que el gobierno de Arabia Saudí haya cedido finalmente y decidido permitir que las mujeres conduzcan es un testimonio de la valentía de las activistas que llevan años haciendo campaña a tal fin

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, ha instado a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, a que plantee urgentemente el asunto de los defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados en la reunión con los ministros turcos de Exteriores y de Asuntos Europeos que va a mantener hoy. La directora y el presidente de Amnistía Internacional Turquía, Idil Eser y Taner Kılıç están actualmente detenidos por cargos relacionados con el terrorismo.

Las autoridades turcas deben poner en libertad inmediata e incondicional a 10 defensores y defensoras de los derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional después de que se ampliara siete días más su detención en dependencias policiales, que duraba ya una semana.

En julio de 1998, Amnistía Internacional escribió al gobierno turco pidiendo la liberación del entonces alcalde de Estambul, encarcelado tras leer un poema en una manifestación. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y lanzó una campaña global en su favor. Se llamaba Recep Tayyip ErdoÄŸan. Diecinueve años después, Recep Tayyip ErdoÄŸan es ahora presidente y dirige las detenciones de algunos de los más destacados activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos del país, entre ellos dos líderes de Amnistía Internacional Turquía.

“La aprobación de esta ley es una victoria para la igualdad y un testimonio del compromiso del gran número de activistas de Alemaniaque han tanto y durante tanto tiempo han luchado por conseguir igualdad en el acceso al matrimonio.”  

Cuando en abril surgieron los informes de que las autoridades chechenas estaban deteniendo, torturando e incluso matando a gays como parte de una campaña atroz para purgar la república de personas de “orientación no tradicional”, hubo un clamor de indignación internacional.   

Por el Día Internacional Contra la Homofobia y Transfobia (IDAHOT) se realizó una movilización frente al Congreso de la República.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

La vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres envía un aterrador mensaje a los cientos de personas que se atreven a manifestarse contra los poderosos, ha dicho Amnistía Internacional con motivo del primer aniversario de la muerte de la activista, el 2 de marzo.