De Kumi Naidoo Les ofreció comida, agua y un lugar donde quedarse. Pero, según la fiscalía estatal de Arizona, la acción compasiva del voluntario Scott Warren de proporcionar ayuda humanitaria básica a dos migrantes de Honduras, fue delictiva, hasta el extremo de que se abrió un controvertido proceso contra él que pudo acarrearle 20 años de cárcel. Aunque el sonado proceso ha terminado en juicio nulo este mes, el gobierno no ha retirado los cargos y persiste la amenaza de un nuevo juicio.  Esta táctica cada vez más utilizada por los gobiernos de perseguir a quienes han mostrado compasión hacia personas refugiadas y migrantes no sólo es contraria a los valores humanos fundamentales de la bondad y la decencia, sino que además representa una preocupante escalada de la represión de los derechos de las personas en movimiento. El caso particular de Scott Warren ha ocupado titulares en medios de comunicación de todo el mundo y es representativo de la hostilidad declarada del gobierno de Donald Trump hacia las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas en Estados Unidos que sienten consternación por la tragedia humana que está sucediendo ante su misma puerta. En palabras del propio Scott Warren, "está muriendo gente a las afueras de nuestra ciudad, y eso es lo que me mueve a actuar". La muerte de personas que habían emprendido arriesgadas travesías por el árido desierto de Sonora (Arizona) no es un trágico accidente, sino la culminación de una política del gobierno federal aplicada desde hace años para disuadir de cruzar la frontera con Estados Unidos que consiste en cerrar las rutas migratorias existentes para obligar a la gente a tomar otras mucho más difíciles y peligrosas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado 7.242 muertes en la frontera en los últimos 20 años, y Arizona es una de las zonas más letales, con casi 4 de cada 10 de estas muer

Hace unos años que las oficinas de Amnistía Internacional de cuatro continentes trabajan para apoyar a las personas refugiadas de un modo y en una escala sin precedentes. ¿La meta? Aumentar el número de personas que pueden comenzar su vida en un país seguro. ¿El método? El patrocinio comunitario. En esencia, el patrocinio comunitario se basa en la idea sencilla pero radical de que la gente corriente como tú puede desempeñar un papel clave ayudando a las personas refugiadas a llegar a un nuevo país y asentarse en él. Esto no sólo te permite trabajar a favor de un cambio positivo en el ámbito local, sino que, además, te incorpora a una comunidad global que está contribuyendo a cambiar la conversación sobre las personas que buscan asilo, incluso en el más hostil de los entornos.

Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección. Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas. Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.  En Sudamérica, Venezuela atraviesa un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país. La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de derechos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas. Colombia ha recibido al mayor número de personas venezolanas (1,3 millones), mientras que Perú tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en todo el mundo (227.000 a marzo de 2019, de un total de más de 727.000 venezolanos y venezolanas en el país). Pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas. El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar que las personas venezolanas un “visado humanitario” para poder ingresar al país. Con otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional pidió a Perú que diera marcha atrás a esa decisión y siga recibiendo a quienes lleguen de Venezuela. En el Caribe, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40.000 personas venezolanas, cerró recientemente un proceso de inscripción de dos semanas para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14.000 personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, decidieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país. El riesgo de deportación o de que se les impida el ingreso deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional.

Por Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes Al trabajar sobre los derechos de las personas refugiadas, he tenido el privilegio de conocer a solicitantes de asilo en muchos países del mundo. Una y otra vez me han impactado la generosidad y la hospitalidad que, invariablemente, muestran unas personas que han tenido que renunciar a todo lo que conocen en busca de una vida más segura. En muchas ocasiones me han ofrecido comida y bebida cuando a duras penas podían permitirse compartirla. En Turquía, una familia preparó pan plano relleno de perejil y espolvoreado de sal para mí y mi colega. En Melbourne me uní a un multitudinario banquete para celebrar que un hombre se había reunido por fin con su familia. Personas que vivían en tiendas en Turquía siempre se aseguraban de darme un vaso de zumo o de agua. Y los sirios y sirias —cuya insensibilización a la cafeína es fuente inagotable de fascinación para mí— me han hecho innumerables tazas de fragante café de cardamomo.

En respuesta a las recientes medidas impuestas por el gobierno peruano, que exige a las personas venezolanas que deseen viajar al Perú contar con pasaporte y una visa válida a partir del 15 de junio de 2019, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, señala lo siguiente: · Es lamentable la decisión del gobierno peruano de aplicar restricciones excesivas para el ingreso de personas venezolanas al Perú, quienes huyen del hambre y la violencia, en un país donde se cometen violaciones masivas a los derechos humanos, que incluye torturas, detenciones arbitrarias, e incluso, ejecuciones extrajudiciales, según lo ha documentado Amnistía Internacional. · Invocamos al Estado peruano a revertir la decisión tomada, a combatir los discursos xenófobos, a buscar soluciones de responsabilidad compartida y activar estrategias que permitan a las personas refugiadas una participación activa, que contribuya con los países de acogida.

Las autoridades francesas han acosado, intimidado e incluso agredido violentamente a personas que ofrecen ayuda humanitaria y otro tipo de apoyo a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en el norte de Francia, en un intento deliberado de restringir los actos de solidaridad. Así lo ha concluido un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. Targeting solidarity: Criminalization and harassment of people defending migrant and refugee rights in northern France revela cómo la policía y el sistema judicial atacan a quienes ayudan a personas refugiadas y migrantes en Calais y Grand-Synthe. “Proporcionar comida a quienes tienen hambre y ofrecer calor a quienes carecen de hogar se ha convertido en una actividad cada vez más arriesgada en el norte de Francia, pues las autoridades atacan de forma habitual a quienes brindan ayuda a las personas migrantes y refugiadas”, ha manifestado Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos.

Los grupos de familias, integrados también por numerosas personas jóvenes y niños y niñas pequeños, que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución en Centroamérica no son un fenómeno nuevo.

Una delegación de Amnistía Internacional viajará al estado de Chiapas, en el sur de México, del 23 al 26 de octubre, para documentar la situación de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que viajan en la caravana procedente de Honduras y observar la respuesta de las autoridades mexicanas.

Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, invita a Diálogo – Teatro sobre personas refugiadas en Perú, en el Lugar de la Memoria El día 20 de junio el mundo conmemora el valor, coraje y la perseverancia de millones de personas refugiadas. Este año, Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, y el Lugar de la Memoria, invita al foro “Retos del Perú a favor de los derechos de las personas refugiadas" y la presentación de la obra de teatro “Un chico de Bosnia”. En el mundo hay más de 60 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus familias y hogares para salvar sus vidas, a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Perú alberga más de 60.000 personas refugiadas y solicitantes con nacionalidades de 30 diferentes países de América Latina, África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. En 2018, ante el complejo contexto económico y sociopolítico en Venezuela, miles de venezolanos y venezolanas están solicitando la condición de refugiado en el Perú con la esperanza de reconstruir sus vidas. El foro comienza a las 5:30 y en él participan Bertrand Blanc, Jefe de la Oficina Nacional Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Embajador Patricio Rubio, Subdirector de Asuntos de Derecho Internacional de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Cancillería), Gabriela Neira Hidalgo, Directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alejandro Samaniego Salcedo, Director Ejecutivo de Encuentros, Servicio Jesuita de la Solidaridad; y Francesco Tucci, Analista Internacional y profesor de la PUCP, quien nos dará un enfoque global e integral de los refugiados de tal forma que el público asistente entienda mejor la magnitud de la realidad y sienta mayor empatía con las personas refugiadas. Presenta Irene Abugattas, integrante del Grupo 1 de Amnistía Internacional Perú, y modera Marina Navarro, Directora Ejecutiva de esta organización. ‘Un Chico de Bosnia’ del dramaturgo holandés Ad de Bont, bajo la dirección de Felien de Smedt, trata un tema humano y actual, y su historia busca visibilizar la realidad de millones de personas en el mundo. La obra tendrá lugar a las 8:00 p.m. El foro será un espacio para dialogar sobre oportunidades para la integración local de personas con necesidades de protección internacional en Perú. El evento es de libre ingreso.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno bangladeshí que cumpla su compromiso de garantizar que sólo se hará regresar a personas refugiadas Rohingya si lo hacen voluntariamente, en condiciones de seguridad y con dignidad.

Al ver a 93 personas refugiadas y migrantes demacradas descender del barco de una ONG española en el puerto de Pozzallo a principios de este mes, el alcalde de la ciudad dijo que esas personas le recordaban a “una escena de los campos de concentración”.

En las protestas que comenzaron ayer en la Franja de Gaza han muerto 17 manifestantes palestinos y han resultado heridos centenares más, ante lo cual Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que pongan fin de inmediato a su dura represión, a menudo letal, de las manifestaciones palestinas. La organización también pide que se inicien de inmediato investigaciones independientes y efectivas sobre las denuncias de que los soldados israelíes han utilizado ilegalmente armas de fuego contra manifestantes desarmados. Israel debe respetar el derecho a la vida y a manifestarse pacíficamente ante los temores de que continúe la represión contra las personas que se manifiestan exigiendo el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas palestinos.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

La política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a dos países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones para con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la “crisis global de refugiados”; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, mientras el Tribunal Supremo de Israel examina nuevas pruebas sobre la legalidad de esta política.

Hace poco estuve varios días hablando con mujeres en campos de refugiados de Lesbos y Samos, dos de las islas griegas donde miles de personas refugiadas permanecen atrapadas como consecuencia de una decisión adoptada por los gobiernos de la UE hace dos años.

  Ha pasado un año desde que se frustró el plan del gobierno keniano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab. El Tribunal Superior declaró inconstitucional la decisión y ordenó al gobierno que continuara dando asilo a las personas refugiadas. Pero, si alguien creyó que la histórica sentencia anunciaba el fin de años de sufrimiento para los refugiados somalíes, a estas alturas ya debe sentir una amarga decepción.