Perú: Aprobación de Protocolo, primer paso para garantizar protección a personas defensoras
Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro.
El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.
31 mayo 2019
Los clubs de derechos humanos empoderan a niños y niñas en India
En 2018, más de 450 escuelas en India habían abierto clubs de derechos humanos para enseñar a estudiantes jóvenes valores y actitudes relacionados con los derechos humanos.
Cuando Amnistía Internacional India empezó su programa de Educación en Derechos Humanos en 2002, sabía cuál era uno de sus principales objetivos: introducir en las escuelas el Proyecto Colegios Amigos de los Derechos Humanos. El primer paso fue ayudar a las escuelas a establecer clubs de derechos humanos. “Un club de derechos humanos es un espacio democrático que crean los estudiantes en las escuelas para aprender y actuar sobre temas de derechos humanos que son importantes para ellos”, explica Maria Soosai, coordinadora de Educación en Derechos Humanos en India.
El programa de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional en India colaboró con socios de todo el país para llevar los clubs de derechos humanos al mayor número de estados posible. Partiendo de 25 escuelas en 2012, el proyecto llegó a más de 450 escuelas en 2018, distribuidas entre 5 estados. Hoy, existen más de 450 clubs de derechos humanos en India. Su objetivo es “desarrollar valores y actitudes que sirvan para modificar conductas y emprender acciones que puedan impulsar cambios”, dice Soosai.
30 abril 2019
Riesgo de deportación del periodista jerosolimitano
El fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf se halla recluido arbitrariamente en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, desde el 22 de enero de 2019. Fue detenido tras rechazar el Ministerio del Interior israelí su solicitud de reunificación familiar con su esposa y su hija de corta edad y ordenar que fuera deportado de inmediato a Jordania. Vive en Jerusalén Oriental, sin condición jurídica reconocida, desde 1999. Está expuesto a ser deportado en cualquier momento. Trabaja para la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes en Jerusalén Oriental.
Aryeh Makhlouf DeriMinistro del Interior / Minister of Interior Affairs2 Kaplan StreetPO Box 6158Kiryat Ben-GurionJerusalem 91061, IsraelFax: + 972 2 670 1628Correo-e: sar@moin.gov.il
Señor Ministro:
El 22 de enero de 2019, el Ministerio del Interior de Israel ordenó la expulsión del fotoperiodista palestino Mustafa al-Kharouf a Jordania, tras rechazar una solicitud de reunificación familiar que había presentado. De 32 años y nacido en Argelia de padre palestino, Mustafa al-Kharouf vive en Jerusalén Oriental con su familia desde los 12 años. Está casado con Tamam al-Kharouf, residente en Jerusalén Oriental. Lleva más de 70 días recluido en la prisión de Givon, situada en Ramla, en el centro de Israel, y corre riesgo de deportación.
Es fotoperiodista de la agencia Anadolu y ha estado informando de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes. Amnistía Internacional teme que su detención arbitraria y la decisión de deportarlo tengan por objeto impedirle realizar su labor periodística. En cualquier caso, su deportación de Jerusalén Oriental supondría una infracción del IV Convenio de Ginebra, en el que Israel es Estado Parte desde 1951. Nos preocupa mucho que, si es enviado a Jordania, donde no tiene condición jurídica reconocida, permanezca allí como apátrida y separado de su familia. Como jerosolimitano palestino, tiene un documento de viaje jordano temporal, que no le confiere los derechos de residencia ni ciudadanía jordanas, sino, como mucho, derecho a una breve estancia en Jordania.
Lo insto, Señor Ministro, a garantizar que Mustafa al-Kharouf sale en libertad de la prisión de Givon y, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Israel en virtud del IV Convenio de Ginebra, puede permanecer en condiciones de seguridad en su casa, concediéndole la residencia permanente en Jerusalén Oriental.
Atentamente,
08 abril 2019
Premio Nobel de la Paz: La valiente labor de Denis Mukwege y Nadia Murad pone de relieve la necesidad de luchar contra la impunidad de la violación en los conflictos
“Niña casada”, “delincuente”, “menor infractora”.... Son algunos de los numerosos calificativos aplicados a Zeinab Sekaanvand en su brevísima vida. Rara vez se vio a Sekaanvand, ejecutada el martes en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán), como quien realmente era: una joven vulnerable atrapada en un círculo vicioso de violencia y abusos sexuales desde la infancia.
09 octubre 2018
Día Mundial de los Refugiados en el LUM: Personas refugiadas en Perú
Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, invita a Diálogo – Teatro sobre personas refugiadas en Perú, en el Lugar de la Memoria
El día 20 de junio el mundo conmemora el valor, coraje y la perseverancia de millones de personas refugiadas. Este año, Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, y el Lugar de la Memoria, invita al foro “Retos del Perú a favor de los derechos de las personas refugiadas" y la presentación de la obra de teatro “Un chico de Bosnia”.
En el mundo hay más de 60 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus familias y hogares para salvar sus vidas, a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Perú alberga más de 60.000 personas refugiadas y solicitantes con nacionalidades de 30 diferentes países de América Latina, África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. En 2018, ante el complejo contexto económico y sociopolítico en Venezuela, miles de venezolanos y venezolanas están solicitando la condición de refugiado en el Perú con la esperanza de reconstruir sus vidas.
El foro comienza a las 5:30 y en él participan Bertrand Blanc, Jefe de la Oficina Nacional Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Embajador Patricio Rubio, Subdirector de Asuntos de Derecho Internacional de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Cancillería), Gabriela Neira Hidalgo, Directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alejandro Samaniego Salcedo, Director Ejecutivo de Encuentros, Servicio Jesuita de la Solidaridad; y Francesco Tucci, Analista Internacional y profesor de la PUCP, quien nos dará un enfoque global e integral de los refugiados de tal forma que el público asistente entienda mejor la magnitud de la realidad y sienta mayor empatía con las personas refugiadas. Presenta Irene Abugattas, integrante del Grupo 1 de Amnistía Internacional Perú, y modera Marina Navarro, Directora Ejecutiva de esta organización.
‘Un Chico de Bosnia’ del dramaturgo holandés Ad de Bont, bajo la dirección de Felien de Smedt, trata un tema humano y actual, y su historia busca visibilizar la realidad de millones de personas en el mundo. La obra tendrá lugar a las 8:00 p.m.
El foro será un espacio para dialogar sobre oportunidades para la integración local de personas con necesidades de protección internacional en Perú. El evento es de libre ingreso.
20 junio 2018
Nigeria: Activistas de Amnistía destapan negligencia grave de las gigantes del petróleo Shell y Eni
Un proyecto de investigación pionero de Amnistía Internacional ha encontrado indicios de negligencia grave por parte de las gigantes del petróleo Shell y Eni, cuya gestión irresponsable de los vertidos de petróleo en el delta del Níger está agravando una crisis medioambiental.
Por medio de la red Decoders (Descodificadores/as), innovadora plataforma desarrollada por Amnistía Internacional para la investigación en materia de derechos humanos mediante colaboración colectiva, la organización captó a miles de simpatizantes y activistas para reunir datos sobre los vertidos de petróleo en el delta del Níger. La información reunida fue analizada luego por personal de investigación de Amnistía Internacional y verificada por Accufacts, especialista independiente en oleoductos.
16 marzo 2018
Turquía: Más de un millón de personas exigen libertad para el presidente de Amnistía cuyo juicio se reanuda en breve
Más de un millón de personas de 194 países y territorios han exigido la libertad del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, y que se retiren los cargos formulados contra él y otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos cuyo juicio se reanuda en Estambul el 31 de enero.
Los 11 se enfrentan a cargos falsos de “terrorismo” en lo que, a todas luces, es un procesamiento por motivos políticos dirigido a silenciar las voces críticas en Turquía. Si los declaran culpables podrían imponerles penas de hasta 15 años de prisión.
“Con las pruebas abrumadoras de su inocencia y la inexistencia de pruebas de que haya cometido ningún delito, la excarcelación de Taner debía haberse producido hace tiempo. El hecho de que lleve casi ocho meses entre rejas dice mucho sobre el deficiente sistema de justicia de Turquía y la implacable persecución de quienes defienden los derechos humanos”, declaró Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.
“La sesión de hoy ofrece otra oportunidad más para poner fin a este manifiesto error judicial y permitir que este defensor de los derechos humanos, de fuertes principios y apasionado, se reúna con su familia y reanude su vital labor. El tribunal debe absolver a Taner y a los otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos y acabar de una vez con esta farsa”.
El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, fue detenido el 6 de junio de 2017 y enviado tres días después a la cárcel, donde permanece recluido desde entonces. Un mes más tarde se detuvo a otros 10 activistas, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, Ä°dil Eser. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de quedar en libertad bajo fianza en su primera vista judicial en octubre.
Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base por la que la fiscalía aún no ha proporcionado ninguna prueba concreta que resista un análisis riguroso.
Se acusa a Taner Kılıç de haber descargado y utilizado ByLock, aplicación de mensajería segura que, según la acusación, utilizaba el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional determinaron que no había rastro alguno de la instalación de ByLock en el aparato. Hasta ahora, la fiscalía no ha presentado prueba alguna que sustente las acusaciones y demuestre la comisión de un delito.
El mes pasado, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas. Taner Kılıç no figura aún entre las personas incluidas en las listas para ser puestas en libertad.
Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se exige la libertad de Taner Kılıç y de los demás defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía desde su detención el pasado verano. Decenas de conocidas personalidades han pedido la libertad de Taner y la retirada de los cargos formulados contra los 10 de Estambul.
25 enero 2018
Cuba: El sector laboral como herramienta de represión: las personas presuntamente críticas enfrentan una vida de desempleo
Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
20 noviembre 2017
Cuba: El sector laboral como herramienta de represión
Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
17 noviembre 2017
Autoridades peruanas ponen punto final a la criminalización de la defensora Máxima Acuña
El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora.
“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”
Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.
El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información Complementaria
A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.
03 mayo 2017