Turquía: Más de un millón de personas exigen libertad para el presidente de Amnistía cuyo juicio se reanuda en breve
Más de un millón de personas de 194 países y territorios han exigido la libertad del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, y que se retiren los cargos formulados contra él y otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos cuyo juicio se reanuda en Estambul el 31 de enero.
Los 11 se enfrentan a cargos falsos de “terrorismo” en lo que, a todas luces, es un procesamiento por motivos políticos dirigido a silenciar las voces críticas en Turquía. Si los declaran culpables podrían imponerles penas de hasta 15 años de prisión.
“Con las pruebas abrumadoras de su inocencia y la inexistencia de pruebas de que haya cometido ningún delito, la excarcelación de Taner debía haberse producido hace tiempo. El hecho de que lleve casi ocho meses entre rejas dice mucho sobre el deficiente sistema de justicia de Turquía y la implacable persecución de quienes defienden los derechos humanos”, declaró Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.
“La sesión de hoy ofrece otra oportunidad más para poner fin a este manifiesto error judicial y permitir que este defensor de los derechos humanos, de fuertes principios y apasionado, se reúna con su familia y reanude su vital labor. El tribunal debe absolver a Taner y a los otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos y acabar de una vez con esta farsa”.
El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, fue detenido el 6 de junio de 2017 y enviado tres días después a la cárcel, donde permanece recluido desde entonces. Un mes más tarde se detuvo a otros 10 activistas, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, Ä°dil Eser. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de quedar en libertad bajo fianza en su primera vista judicial en octubre.
Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base por la que la fiscalía aún no ha proporcionado ninguna prueba concreta que resista un análisis riguroso.
Se acusa a Taner Kılıç de haber descargado y utilizado ByLock, aplicación de mensajería segura que, según la acusación, utilizaba el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional determinaron que no había rastro alguno de la instalación de ByLock en el aparato. Hasta ahora, la fiscalía no ha presentado prueba alguna que sustente las acusaciones y demuestre la comisión de un delito.
El mes pasado, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas. Taner Kılıç no figura aún entre las personas incluidas en las listas para ser puestas en libertad.
Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se exige la libertad de Taner Kılıç y de los demás defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía desde su detención el pasado verano. Decenas de conocidas personalidades han pedido la libertad de Taner y la retirada de los cargos formulados contra los 10 de Estambul.
25 enero 2018
Los ojos del mundo sobre Turquía cuando comienza “juicio espectáculo” de activistas de los derechos humanos
Los absurdos cargos de terrorismo formulados contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuran la directora y el presidente de Amnistía Internacional Turquía, son del todo insostenibles, ha manifestado Amnistía Internacional al inicio de los procedimientos judiciales contra ellos en Estambul y Esmirna.
25 octubre 2017
Autoridades peruanas ponen punto final a la criminalización de la defensora Máxima Acuña
El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora.
“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”
Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.
El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información Complementaria
A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.
03 mayo 2017