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Perú es un reciente ejemplo de la triste respuesta de algunos Estados a la legítima protesta de los Pueblos Indígenas por sus derechos. Amnistía Internacional ha podido documentar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 5 de junio de este año; como respuesta del Estado a la protesta de los Pueblos Indígenas que reclamaban su derecho a la consulta previa, libre e informada en relación a una serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y los recursos naturales en la selva amazónica, aprobados en junio de 2008; consulta que es obligatoria bajo el derecho internacional. Tras una visita de emergencia a la región, Amnistía Internacional ha podido constatar el uso excesivo de la fuerza empleado por las fuerzas del orden, así como el maltrato a personas indefensas, incluso a personas heridas que se encontraban en ambulancias, y el uso de armas de fuego de forma indiscriminada y desproporcionada en contra de personas que se encontraban desarmadas. Actualmente el Estado ha iniciado un proceso de diálogo con los Pueblos Indígenas que es positivo, pero la participación de sus líderes legítimos no está garantizada ya que varios de ellos y ellas tienen cargos penales que son desproporcionados, no sustentados y podrían ser políticamente motivados.