En Perú, comunidades de los Andes y la Amazonía se han unido para defender la salud de las familias y personas afectadas por la contaminación de metales tóxicos. Para lograrlo, han conformado la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, iniciativa que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Mujeres indígenas, rurales y urbanas son particularmente afectadas en esta lucha diaria y ahora están decididas a ponerle fin a la contaminación de sus cuerpos, tierras y ríos. Exigen a las autoridades estatales determinar responsabilidades y brindar soluciones inmediatas.

En el marco de la respuesta para evitar la propagación del COVID-19, el Estado peruano debe implementar una estrategia sanitaria con enfoque intercultural, que permita garantizar plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas a la salud y a la alimentación. 

La salud y la vida son derechos humanos. Estamos ante la que ya es una de las mayores crisis de la historia, en la que están amenazados estos dos derechos que nos son tan básicos y preciosos. Las pruebas científicas y las recomendaciones de autoridades mundiales de salud demuestran la gravedad de la COVID-19 para la salud de las personas y los sistemas de atención de la salud de todos los países. Somos 220 millones de personas en Brasil. ¿Se imaginan si nos infectamos y tenemos que ir corriendo a los hospitales al mismo tiempo, como ha sucedido en la mayoría de los países afectados? Esto es lo que el gobierno brasileño, como prioridad, debe evitar ahora.

  Por Jaime Todd-Gher, de Amnistía Internacional, y Uma Mishra-Newbery, de Women’s March Global Cuando los gobiernos prohíben los abortos, no ayudan mucho a reducir realmente el número de embarazos interrumpidos. De hecho, a pesar de las leyes restrictivas, continúan practicándose más o menos la misma cantidad de abortos, según la Organización Mundial de la Salud.  Pero cuando se niegan o limitan los servicios de aborto seguro, se recurre en su lugar al uso de perchas, medicinas elaboradas con hierbas tóxicas y personas sin la formación necesaria para practicar abortos, mientras que al personal médico capaz de prestar los debidos cuidados se lo criminaliza.

Las medidas del gobierno del presidente López Obrador para encontrar la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente desde hace cinco años deben traducirse a la brevedad en resultados positivos y replicarse en los otros miles de casos de desaparición en el país, declaró hoy Amnistía Internacional. “Durante los primeros cuatro años de lucha, Amnistía Internacional denunció continuamente el encubrimiento de las autoridades en el caso de Ayotzinapa. Hoy hemos visto esfuerzos iniciales del nuevo gobierno por resolver el caso y los saludamos, aunque falta mucho por hacer”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  “No habrá justicia hasta que se investigue a quienes obstruyeron la búsqueda de la verdad, pues ellas son también responsables de que, al día de hoy, no se haya podido esclarecer el paradero de los estudiantes. Amnistía Internacional está comprometida, junto con las familias y otras organizaciones, a seguir el monitoreo de este caso emblemático y espera que los compromisos anunciados por el nuevo gobierno se cumplan hasta llegar a la verdad y hacer justicia.”  En sus primeros 10 meses, el gobierno creó una comisión especial para dar seguimiento al caso, así como una unidad especial en la Fiscalía General de la República. Además, el Subsecretario de Derechos Humanos anunció que México aceptará la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México.

CARTA ABIERTA A MARTÍN VIZCARRA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PERÚ A dos años de su mandato, el Estado debe priorizar la agenda de Derechos Humanos En esta ocasión, nos dirigimos a usted, a fin de saludarlo, y a su vez, con motivo de la conmemoración del 198° aniversario de la República del Perú y segundo año de su mandato, hacerle llegar las preocupaciones y desafíos identificados por nuestra organización en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional reconoce que actualmente el país enfrenta desafíos importantes, y considera que en este contexto el gobierno debe desplegar todos los esfuerzos para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos, sin que estos se vean afectados por intereses particulares.

Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro. El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.  

La lucha de muchos grupos de personas por el reconocimiento de sus derechos no es fácil. Leyla Huerta es una persona #Valiente que lucha por sus derechos y por los de miles de personas, enfrentando la violencia de un sistema indiferente, que se los ha negado históricamente. Confía en que esa situación cambiará. Aquí su historia.  El día que conversamos con Leyla Huerta, a fines de marzo de 2019, ella se acababa de enterar que Claudia Vera, una activista trans, había sido asesinada de cinco balazos en el distrito limeño de Independencia, la noche anterior. Un escenario que lamentablemente no es poco común en un país que ha colocado en el último lugar a las personas trans, y donde la violencia que se ejerce contra ellas es una terrible realidad cotidiana.”¯”¯  Leyla”¯Huerta tiene cuatro años liderando Féminas Perú, una organización que busca empoderar a las personas trans y que trabaja por alcanzar el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos. “Uno de los puntos más importantes es asegurar que nuestra esperanza de vida no sea la más corta en la región”, dice”¯Leyla.  Las personas trans en el Perú luchan para que su identidad de género sea reconocida legalmente. Esto significa que el Estado debe facilitar el cambio de nombre y sexo en sus documentos de identidad y otros documentos oficiales, como un primer paso para hacer valer otros derechos: el derecho a la salud, a la educación, a la no discriminación, al trabajo digno. En esa lucha, la indiferencia de autoridades y de la sociedad en general es tal vez el más grande obstáculo por vencer. 

Ante la aprobación el martes por el Senado de Alabama de una medida que ilegalizaría casi todos los abortos en ese estado, Tarah Demant, directora del Programa de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado: “La votación de Alabama es la más reciente de toda una serie de prohibiciones del aborto concebidas específicamente para eliminar los derechos reproductivos de las personas. Estas prohibiciones tendrán consecuencias mortales, pondrán en peligro la vida de las embarazadas y criminalizarán a los y las profesionales de medicina y de la salud por hacer su trabajo y prestar asistencia y cuidados.

Venezuela atraviesa una crisis de derechos humanos sin precedentes que no sólo afecta a millones de personas dentro del país, sino que ha obligado a una de cada diez personas en Venezuela a dejar su hogar en los últimos cuatro años. Estos millones de personas, dentro y fuera de Venezuela, han sufrido y sufren violaciones a sus derechos humanos como la vida, la salud o la alimentación, que no son garantizados ni protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado: “La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.” “Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.” “Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.” Información complementaria La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020. Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables. La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge. El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal. Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.

Hoy el Senado irlandés ha aprobado el Proyecto de Ley sobre Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) 2018, por lo que, tras la aprobación de las dos cámaras del Oireachtas, ya puede ser enviado al presidente para que firme su entrada en vigor. “Este es un significativo paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y niñas, pero la ley sigue conteniendo barreras para el acceso”, dice Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional muestra su preocupación frente al impacto en materia de derechos humanos de las personas venezolanas que tendrán las recientes medidas migratorias adoptadas por las autoridades peruanas que restringen el ingreso al Perú únicamente a quienes posean un pasaporte. La organización ha documentado la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en Venezuela y las dificultades que enfrentan las personas para obtener alimentación, atención en salud y documentación de viaje. La implementación de las recientes medidas migratorias podría incrementar el riesgo e inseguridad de quienes buscan obtener protección internacional, e incrementan su vulnerabilidad frente a la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, el tráfico de migrantes y refugiados, entre otros.

"El defensor Cesar Estrada fue condenado a 10 años de cárcel en un proceso penal que tuvo como objetivo hostigarlo e intimidarlo por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y además enviar un mensaje a otros miembros de su comunidad para que no continúen con su labor de defensa". "Según información recibida por Amnistia Internacional, su condición de salud está gravemente comprometida. Cesar teme buscar ayuda médica especializada por miedo a ser aprehendido y llevado a la cárcel. De producirse, dicha detención seria arbitraria porque su condena es consecuencia de la violación del derecho a un juicio justo". "El 6 de agosto habrá una nueva instancia judicial para solicitar la libertad de Cesar. Reiteramos una vez más que usar indebidamente el sistema de justicia para acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano y que los tres poderes del Estado deben cumplir con dichas obligaciones".

Durante una visita que hice a Perú el año pasado, tuve el honor de conocer Melchora Surco, mujer indígena del pueblo andino de Alto Huancané que lleva años luchando por agua limpia para su comunidad.Melchora tenía 63 años, pero parecía mayor debido al desgaste causado no sólo por problemas de salud provocados por el agua contaminada con metales tóxicos, sino también por su lucha por conseguir que el gobierno peruano detenga la contaminación de la única fuente de agua fresca de su comunidad.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.