Escribir cartas puede cambiar la vida de otras personas. Esa es la premisa de “Escribe por los Derechos”, la campaña global de envío de cartas de Amnistía Internacional. Ya hagas esto con un grupo de amistades, en clases, con tu familia o a solas, las palabras que escribas cambiarán vidas.Sumarte desde Perú al maratón de cartas “Escribe por los derechos” es muy sencillo. Se trata del mayor evento a favor de la libertad y la justicia que ha involucrado a cientos de miles. Son personas como tú, que continúan una larga tradición de envío de cartas para remediar algunas de las más graves injusticias del mundo. “La idea que manejamos fue muy sencilla: De toda la experiencia, lo más bonito fue tener la oportunidad de dialogar con la gente y compartirles las historias” Rossella Dios Pérez, joven comunicadora social y gestora cultural de la ciudad de Trujillo, organizó la maratón de cartas de Escribe por los Derechos en su ciudad (foto de Jorge Luis Segura Cueva) “La idea que manejamos fue muy sencilla: reunir personas con mucha motivación y ganas de participar. Fuimos a colegios, universidades y centros de idiomas. “Los niños escribieron cartas, poemas, hicieron collages, dibujos, de todo; para muchas personas en todo el mundo que necesitaban de nuestro apoyo, entre ellas Flor de María Paraná, defensora del ambiente. Fue genial saber que ella recibió cada una de esas cartas y sintió todo el afecto que necesita para seguir luchando contra la contaminación del río que pasa por su comunidad. Personalmente, me identifiqué bastante con Geraldine Chacón, el caso de Venezuela.

QUÉ: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia HumanaCUÁNDO: Miércoles 18 y jueves 19 de septiembreDÓNDE: Greenberg Hall, Universidad de Nueva York, 40 Washington Square South, Nueva YorkEn el marco de una iniciativa sin precedentes, más de 100 representantes de pueblos indígenas, la esfera laboral, el mundo académico y grupos ambientalistas y de derechos humanos se reunirán en la Universidad de Nueva York para adoptar una visión conjunta sobre las acciones que hay que emprender para abordar la emergencia climática y hacer valer los derechos fundamentales de las personas.Lo harán durante la ceremonia inaugural de la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Los días 18 y 19 de septiembre, la Cumbre de los Pueblos intentará movilizar a la comunidad de derechos humanos para que intensifique con urgencia sus esfuerzos en favor de la justicia climática y emprenda acciones conjuntas con otros grupos y organizaciones de la sociedad civil para abordar la crisis climática.Organizan el evento Amnistía Internacional, Greenpeace Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Fondo Mundial Wallace y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York.

En una declaración pública emitida hoy, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer una Comisión de Investigación sobre Venezuela durante su 42° periodo de sesiones en septiembre de 2019. “La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas Michelle Bachelet visitó Venezuela entre el 19 y 21 de junio de 2019. Durante su visita se reunió con víctimas de violaciones a derechos humanos y familiares, organizaciones de sociedad civil, y actores políticos. En su conferencia de prensa al finalizar dicha visita, Michelle Bachelet expresó haber alcanzado algunos acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro, y que incluye la permanencia de un equipo de dos personas de su oficina en el país para prestar asistencia y asesoría técnica, así como seguir monitoreando la grave situación de derechos humanos.

Millones de personas en las Américas huyen de violaciones de los derechos humanos en sus países buscando protección. Las personas refugiadas se encuentran sin otra opción que abandonar su mundo con la esperanza de hallar seguridad. Muchas de estas personas se encuentran con entornos hostiles, pero volver a casa podría poner en peligro sus vidas. Los Estados de las Américas deben proteger a quienes lo necesitan y promover la adopción de una respuesta regional coherente.  En Sudamérica, Venezuela atraviesa un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos que ha obligado a más de cuatro millones de personas a huir del país. La mayoría de los Estados americanos han denunciado abiertamente esa crisis de derechos humanos y, en general, mantienen una política de puertas abiertas. Colombia ha recibido al mayor número de personas venezolanas (1,3 millones), mientras que Perú tiene la mayor cantidad de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas en todo el mundo (227.000 a marzo de 2019, de un total de más de 727.000 venezolanos y venezolanas en el país). Pese a esta realidad dramática y al clamor político reiterado, algunos Estados han retrocedido en su obligación internacional de recibir y proteger a las personas refugiadas venezolanas. El 15 de junio de 2019, en violación de sus obligaciones internacionales, Perú comenzó a solicitar que las personas venezolanas un “visado humanitario” para poder ingresar al país. Con otras organizaciones de la sociedad civil, Amnistía Internacional pidió a Perú que diera marcha atrás a esa decisión y siga recibiendo a quienes lleguen de Venezuela. En el Caribe, Trinidad y Tobago, que ha recibido a aproximadamente 40.000 personas venezolanas, cerró recientemente un proceso de inscripción de dos semanas para permitir a esas personas obtener el derecho a residir en el país legalmente. Pese a la solicitud de Amnistía Internacional, y pese a que solo alrededor de 14.000 personas participaron en ese proceso, las autoridades se negaron a ampliar el plazo de inscripción. En lugar de eso, decidieron volver a aplicar la legislación migratoria nacional y exigir visados a las personas venezolanas que lleguen al país. El riesgo de deportación o de que se les impida el ingreso deja ahora a miles de personas procedentes de Venezuela abandonadas y necesitadas de protección internacional.

En respuesta a las recientes medidas impuestas por el gobierno peruano, que exige a las personas venezolanas que deseen viajar al Perú contar con pasaporte y una visa válida a partir del 15 de junio de 2019, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, señala lo siguiente: · Es lamentable la decisión del gobierno peruano de aplicar restricciones excesivas para el ingreso de personas venezolanas al Perú, quienes huyen del hambre y la violencia, en un país donde se cometen violaciones masivas a los derechos humanos, que incluye torturas, detenciones arbitrarias, e incluso, ejecuciones extrajudiciales, según lo ha documentado Amnistía Internacional. · Invocamos al Estado peruano a revertir la decisión tomada, a combatir los discursos xenófobos, a buscar soluciones de responsabilidad compartida y activar estrategias que permitan a las personas refugiadas una participación activa, que contribuya con los países de acogida.

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

Venezuela atraviesa una crisis de derechos humanos sin precedentes que no sólo afecta a millones de personas dentro del país, sino que ha obligado a una de cada diez personas en Venezuela a dejar su hogar en los últimos cuatro años. Estos millones de personas, dentro y fuera de Venezuela, han sufrido y sufren violaciones a sus derechos humanos como la vida, la salud o la alimentación, que no son garantizados ni protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

Los países de América Latina y el Caribe no deben poner barreras que impidan la entrada a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos en Venezuela, ni regresar a nadie a este país debido al riesgo que corren de sufrir violaciones a sus derechos humanos al regresar, dijo Amnistía Internacional hoy al lanzar la campaña Bienvenida Venezuela. “Al denunciar la gravísima crisis que azota a Venezuela, los Estados de nuestra región deben ser coherentes con sus palabras y garantizar la protección de las personas que huyen del país. La campaña ‘Bienvenida Venezuela’ es nuestra forma de reconocer la gravedad de las violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en Venezuela y de reiterar nuestro compromiso con las víctimas, tanto dentro como fuera del país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde inicios de la semana, miles de personas en Venezuela han salido a las calles en reclamo por la grave crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país. En respuesta, y en vez de procurar soluciones y abrir espacios para atender las demandas, las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro sacan a la calle a funcionarios militares y policiales, aplicando su política de represión.

El anuncio por parte de las autoridades de migraciones que las personas de nacionalidad venezolana que ingresen al Perú luego del día 31 de octubre de 2018 no podrán acceder al Permiso Temporal de Permanencia (PTP) es un duro golpe para muchas de ellas que son forzadas a migrar debido a la violencia, la inseguridad y la falta de alimentos y medicinas en su país. Esta medida además aumentó la demanda de flujo migratorio en frontera y complicó la atención de solicitudes de refugio en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes en los últimos días.

Los gobiernos de toda la región de América Latina y el Caribe deben asumir su responsabilidad colectiva de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que huya de Venezuela, ha manifestado Amnistía hoy, en una carta abierta a los gobiernos de la región asistentes a una cumbre de urgencia que se celebra en Quito, Ecuador.

Amnistía Internacional muestra su preocupación frente al impacto en materia de derechos humanos de las personas venezolanas que tendrán las recientes medidas migratorias adoptadas por las autoridades peruanas que restringen el ingreso al Perú únicamente a quienes posean un pasaporte. La organización ha documentado la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en Venezuela y las dificultades que enfrentan las personas para obtener alimentación, atención en salud y documentación de viaje. La implementación de las recientes medidas migratorias podría incrementar el riesgo e inseguridad de quienes buscan obtener protección internacional, e incrementan su vulnerabilidad frente a la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, el tráfico de migrantes y refugiados, entre otros.

Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, invita a Diálogo – Teatro sobre personas refugiadas en Perú, en el Lugar de la Memoria El día 20 de junio el mundo conmemora el valor, coraje y la perseverancia de millones de personas refugiadas. Este año, Amnistía Internacional en colaboración con ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, Encuentros-SJS, y el Lugar de la Memoria, invita al foro “Retos del Perú a favor de los derechos de las personas refugiadas" y la presentación de la obra de teatro “Un chico de Bosnia”. En el mundo hay más de 60 millones de personas que se han visto forzadas a abandonar sus familias y hogares para salvar sus vidas, a causa de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Perú alberga más de 60.000 personas refugiadas y solicitantes con nacionalidades de 30 diferentes países de América Latina, África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. En 2018, ante el complejo contexto económico y sociopolítico en Venezuela, miles de venezolanos y venezolanas están solicitando la condición de refugiado en el Perú con la esperanza de reconstruir sus vidas. El foro comienza a las 5:30 y en él participan Bertrand Blanc, Jefe de la Oficina Nacional Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Embajador Patricio Rubio, Subdirector de Asuntos de Derecho Internacional de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (Cancillería), Gabriela Neira Hidalgo, Directora de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alejandro Samaniego Salcedo, Director Ejecutivo de Encuentros, Servicio Jesuita de la Solidaridad; y Francesco Tucci, Analista Internacional y profesor de la PUCP, quien nos dará un enfoque global e integral de los refugiados de tal forma que el público asistente entienda mejor la magnitud de la realidad y sienta mayor empatía con las personas refugiadas. Presenta Irene Abugattas, integrante del Grupo 1 de Amnistía Internacional Perú, y modera Marina Navarro, Directora Ejecutiva de esta organización. ‘Un Chico de Bosnia’ del dramaturgo holandés Ad de Bont, bajo la dirección de Felien de Smedt, trata un tema humano y actual, y su historia busca visibilizar la realidad de millones de personas en el mundo. La obra tendrá lugar a las 8:00 p.m. El foro será un espacio para dialogar sobre oportunidades para la integración local de personas con necesidades de protección internacional en Perú. El evento es de libre ingreso.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

El preso de conciencia Villca Fernández finalmente recibió atención médica después de que se le hubiera negado el tratamiento médico que necesitaba urgentemente desde junio de 2017. Desde el 26 de enero de 2018, las autoridades penitenciarias han trasladado a Villca Fernández a un hospital militar en varias ocasiones para que recibiera un tratamiento continuado.