Las autoridades rusas intensificarán hoy su control sobre la libertad de prensa en el país con la introducción de un proyecto de ley que designa “agentes extranjeros” a las entidades periodísticas financiadas desde otro país e impone la onerosa obligación de declarar todos los detalles relativos a su financiación, sus finanzas y su personal, ha declarado Amnistía Internacional.

Anoche, el Senado de Chile aprobó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es el resultado de violación o incesto, cuando la vida de la mujer está en peligro o en casos de inviabilidad fetal.

El proyecto de ley General contra la Desaparición Forzada aprobada por el Senado de la República en México puede constituir un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.             

“Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”.   Cuando el gobierno del presidente Donald Trump está a punto de cumplir 100 días, Amnistía Internacional haelaborado una lista de 100 maneras en que el gobierno de Trump ha tratado de amenazar los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo, en ocasiones con éxito y en ocasiones encontrándose con el bloqueo de un poderoso y creciente movimiento de resistencia. “Estos primeros 100 días muestran lo peligrosa que es la agenda de Trump, y son también una hoja de ruta para detenerlo y proteger los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo”, ha declarado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Cuando nos sentamos para documentar los primeros 100 días, no tardamos mucho en identificar 100 maneras en las que este gobierno ha amenazado los derechos humanos de la gente. Lo increíble no son todas las formas con las que el gobierno de Trump ha intentado negar a las personas libertad, justicia e igualdad, sino todas las maneras en las que la ciudadanía ha respondido y se ha negado a permitir que eso ocurra”. Entre las amenazas para los derechos humanos de los primeros 100 días, Amnistía Internacional enumera las siguientes: Prácticas abusivas en la aplicación de la ley en la frontera de Estados Unidos con México en las que se trata como a delincuentes a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de asilo procedentes de situaciones de terrible violencia. Restricciones extremas al acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Estados Unidos y en el mundo. Derogación de protecciones para trabajadores y trabajadoras LGBTI y estudiantes transgénero. Concesión de permiso para que el oleoducto Dakota Access perfore bajo el lecho del río Misuri, al norte de Standing Rock, amenazando la fuente de agua de la tribu sioux y otras tribus de Standing Rock. La lista incluye también ejemplos de intentos por parte del gobierno de promulgar políticas que violan los derechos humanos y que han sido bloqueados en parte gracias a la masiva oposición política y de la ciudadanía, como los siguientes: Múltiples intentos de prohibir la entrada en Estados Unidos a numerosas personas procedentes de países de mayoría musulmana, y el cierre de la admisión de personas refugiadas. El intento de restablecer la tortura sistemática y nuevas detenciones en Guantánamo mediante un proyecto de orden ejecutiva. Un intento de arrebatar la cobertura médica a millones de estadounidenses. “Ya sea cerrando nuestras fronteras, volviendo la espalda a las personas refugiadas, tratando de impedir la entrada de musulmanes y musulmanas en Estados Unidos o envalentonando a quienes cometen abusos contra los derechos humanos en el mundo, el presidente Trump parece decidido a avivar las llamas del conflicto fuera de las fronteras de Estados Unidos al mismo tiempo que cierra la puerta a quienes huyen de la violencia”, ha afirmado Huang. “Hemos aprendido que, cuando nos unimos y contraatacamos, podemos hacer que las cosas cambien. Las amenazas del gobierno de Trump a los derechos humanos continúan, pero también la determinación de derrotarlas”.

Al tiempo que remiten las amenazas de países africanos de retirarse de la CPI, nuevos desafíos para la Corte aparecen en el horizonte desde el Norte. Por NETSANET BELAY y MATTHEW CANNOCK.

Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Amnistía Internacional se pronuncia a favor del proyecto de ley de Unión Civil que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas

Amnistía Internacional ha condenado y condena con severidad los crímenes de derecho internacional.

Propuesta normativa suprime las categorías de 'orientación sexual' e 'identidad de género'.

Congreso colombiano debe rechazar proyecto de ley cuyo propósito es otorgar mayores poderes al sistema de justicia militar.

Los órganos legislativos tienen una oportunidad histórica para acabar con la discriminación del colectivo LGBTI con un par de proyectos de ley que se debatirán esta semana.

El proyecto de ley sobre la industria del petróleo que está estudiando la asamblea legislativa nacional constituye la revisión más exhaustiva del marco jurídico del sector del gas y el petróleo en Nigeria desde que la industria comenzó sus actividades comerciales en la década de 1960. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en la región del delta del Níger y con comunidades de las zonas productoras de petróleo han acogido con satisfacción la iniciativa de revisar la legislación. Se trata de una importante oportunidad para garantizar que el impacto de la industria petrolera en materia social y de derechos humanos se aborde adecuadamente. La falta de control efectivo sobre las repercusiones de la industria en el terreno social y de los derechos humanos constituye un importante problema desde hace decenas de años, y una de las principales recomendaciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su decisión de 2002 sobre la comunidad ogoni fue que se abordara esta cuestión.

La pretensión de la comunidad indígena Yakye Axa de Paraguay de recuperar la tierra en la que han habitado durante generaciones ha sido rechazada por una comisión clave en el Congreso paraguayo. El 25 de junio, la mayoría de los miembros de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural rechazó un proyecto de ley para restituir las tierras disputadas a la comunidad Yakye Axa. Esta votación pone en cuestión una decisión vinculante emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humaos, el máximo organismo intergubernamental de la región. Esta decisión sobre el caso Yakye Axa adoptada por una comisión del Congreso, aunque no es vinculante, supone un revés que podría tener fatales consecuencias para la batalla que libra la comunidad para recuperar sus tierras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había resuelto que el Estado paraguayo debía restituir las tierras a la comunidad Yakye Axa antes de julio de 2008. Ha pasado un año desde que expiró el plazo fijado por la Corte y con esta última votación aumentan los temores de que los intereses económicos puedan estar poniendo en mayor peligro los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas en el territorio de Paraguay.

El proyecto de Ley de Cooperación Internacional que actualmente se debate en la Asamblea Nacional de Venezuela podría obstaculizar gravemente la labor de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, ha dicho hoy, 24 de abril, Amnistía Internacional.