Por Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la gravedad de la situación en su voz. La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se estaban haciendo rutina. Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso no era negociable. Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las muchas que hacen parte del COPINH. Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos. Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros, en su habitación. Así de simple. Así de brutal. Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor, caos y miedo. A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a las varias diligencias a las que había sido citado. Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para otros? La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos. No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos, los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres, los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son sancionados. A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos. Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter. No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se tendría en cuenta esto como línea de investigación. Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances han sido deficientes. A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de ellos en México. Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen siendo víctimas. En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. “Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente en los primeros días de febrero de este año. ¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un trabajo esencial y legítimo. Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.

Esta actividad será una oportunidad de reafirmar nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI.

Tenemos muchos desafíos en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos en Perú y desde nuestro país por otras personas en la aldea global.

Amnistía Internacional hace un llamado a poner énfasis en la defensa de los Derechos Humanos en la discusión sobre cambio climático.

Los paramilitares han amenazado con matar a tres defensores colombianos de los derechos humanos, a los que acusan de pertenecer a la guerrilla. El 31 de julio, tres hombres que trabajan con grupos de derechos humanos en los departamentos contiguos de Risaralda y Quindío, en el oeste de Colombia, recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras - Eje Cafetero. Se trata de Guillermo Castaño, presidente de la sección de Risaralda del Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos (CPDH); Mauricio Cubides, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Domingo Taborda, que realiza documentales sobre derechos humanos, y Yezid Beltrán, director del Sistema de Alertas Tempranas en el Eje Cafetero de la Defensoría del Pueblo. Como indica su nombre, el Eje Cafetero es la región de Colombia dedicada al cultivo de café. El Sistema de Alarmas Tempranas es una iniciativa del gobierno con la que se pretende impedir la comisión de abusos contra los derechos humanos en el contexto del conflicto armado del país.

Perú es un reciente ejemplo de la triste respuesta de algunos Estados a la legítima protesta de los Pueblos Indígenas por sus derechos. Amnistía Internacional ha podido documentar graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 5 de junio de este año; como respuesta del Estado a la protesta de los Pueblos Indígenas que reclamaban su derecho a la consulta previa, libre e informada en relación a una serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y los recursos naturales en la selva amazónica, aprobados en junio de 2008; consulta que es obligatoria bajo el derecho internacional. Tras una visita de emergencia a la región, Amnistía Internacional ha podido constatar el uso excesivo de la fuerza empleado por las fuerzas del orden, así como el maltrato a personas indefensas, incluso a personas heridas que se encontraban en ambulancias, y el uso de armas de fuego de forma indiscriminada y desproporcionada en contra de personas que se encontraban desarmadas. Actualmente el Estado ha iniciado un proceso de diálogo con los Pueblos Indígenas que es positivo, pero la participación de sus líderes legítimos no está garantizada ya que varios de ellos y ellas tienen cargos penales que son desproporcionados, no sustentados y podrían ser políticamente motivados.