Después de la primavera árabe y de una persistente crisis de derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África, la juventud de la región está impaciente por desempeñar un papel protagonista en la creación del cambio. Al mismo tiempo, le cuesta acceder a las herramientas necesarias para transformar la sociedad y tiene vedado el camino de aprendizaje por quienes ejercen el poder. En Oriente Medio y el Norte de África, defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a importantes amenazas para su seguridad en su lucha por defender los derechos humanos. Dependiendo del país, simplemente asistir a un curso o taller sobre derechos humanos puede dar lugar a la expulsión, la prohibición de viajar o incluso la cárcel. La realidad del camino hacia el cambio varía radicalmente de un país a otro, pero muchos defensores y defensoras de los derechos humanos viven en situación de peligro, en la que a menudo influyen el conflicto y la represión. Teniendo esto presente, el equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional decidió elaborar un plan sobre cómo apoyar a estos agentes de cambio. Mazen Jaber, coordinador regional para Oriente Medio y Norte de África, afirma que estaban “buscando la manera de ayudar a amplificar las voces de una generación que pide un cambio y desarrollar su capacidad para movilizarse localmente”. Con esta meta, el equipo fundó la Academia de los Derechos Humanos de Amnistía, una plataforma online para poner la formación y educación en derechos humanos al alcance de personas de todo el mundo de manera gratuita. Cualquier persona, sin que importara su ubicación, educación o clase social, ya podía acceder a estos conocimientos y formarse. De este modo, los/as activistas en riesgo de sufrir represión y hasta sanciones por participar en talleres podían hacerlo tranquilamente desde sus teléfonos u ordenadores. Para englobar la diversidad de situaciones que afrontan los/as activistas en la región de Oriente Medio y Norte de África, Jaber y su equipo elaboraron un plan basado en tres elementos clave: aprendizaje online independiente y al ritmo que se desee, formación avanzada sobre cómo documentar violaciones de derechos humanos y herramientas online e iniciativas cara a cara para facilitar y promover el activismo juvenil.

En respuesta a las recientes medidas impuestas por el gobierno peruano, que exige a las personas venezolanas que deseen viajar al Perú contar con pasaporte y una visa válida a partir del 15 de junio de 2019, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, señala lo siguiente: · Es lamentable la decisión del gobierno peruano de aplicar restricciones excesivas para el ingreso de personas venezolanas al Perú, quienes huyen del hambre y la violencia, en un país donde se cometen violaciones masivas a los derechos humanos, que incluye torturas, detenciones arbitrarias, e incluso, ejecuciones extrajudiciales, según lo ha documentado Amnistía Internacional. · Invocamos al Estado peruano a revertir la decisión tomada, a combatir los discursos xenófobos, a buscar soluciones de responsabilidad compartida y activar estrategias que permitan a las personas refugiadas una participación activa, que contribuya con los países de acogida.

La historia de Nicolle de la Cruz (18 años), y su lucha por la importancia de que se implemente la educación sexual integral en las escuelas, es prueba de empoderamiento juvenil y #valentía, en un escenario cargado de discursos y grupos que se oponen al derecho de niños, niñas y adolescentes de ser informados sobre este tema.

En el del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra internacionalmente el 17 de mayo, Amnistía Internacional convoca en Perú a personas de todas las edades, residentes en el territorio nacional, a participar en el concurso “Cuentos y cómics contra el bullying homofóbico y transfóbico”. “El acoso escolar por motivos de identidad de género y orientación sexual real o aparente, tiene que dejar de ser un tabú para poder enfrentarlo y eliminarlo. Con este concurso queremos movilizar a la sociedad para que se empodere en la promoción de esta tarea que compete al Estado, pero también a la ciudadanía”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.    

En respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional de Corea del Sur, que ordena al gobierno que, antes de final de 2020, despenalice el aborto en el país y reforme las leyes nacionales sobre el aborto, sumamente restrictivas, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, ha comentado: “La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar, y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas.” “Instamos al gobierno a reformar sin demora el Código Penal y garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y legal. Las leyes, sumamente restrictivas y punitivas, deben modificarse para que la salud de las mujeres, las niñas y otras personas que puedan quedarse embarazadas deje de correr peligro por miedo a que ellas o los y las profesionales de la medicina que las ayuden puedan sufrir castigo.” “Los abortos se practicarán siempre, independientemente de la ley. Esta sentencia significa que deben practicarse de forma segura y legal, y que las mujeres y las niñas serán tratadas con compasión y con respeto a sus derechos humanos y a su autonomía reproductiva. Su dignidad debe ser la consideración primordial en cualquier nuevo marco jurídico sobre el aborto.” Información complementaria La sentencia anunciada hoy por el Tribunal Constitucional vino precedida del recurso de un médico que ha sido procesado por practicar abortos. La sentencia dispone que la Asamblea Nacional debe reformar la ley antes del 31 de diciembre de 2020. Las actuales normas legales que regulan el aborto en Corea del Sur criminalizan su práctica en la mayoría de los casos. Las mujeres que interrumpen un embarazo pueden enfrentarse a multas de hasta dos millones de wones (1.850 dólares estadounidenses) o un año de cárcel. Los y las profesionales de la medicina que ayudan a practicar abortos pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si son declarados culpables. La ley criminaliza el aborto, y sólo permite excepciones en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves, enfermedades específicas o si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación y requieren el consentimiento del cónyuge. El acceso a servicios de aborto seguro y legal es un derecho humano. La criminalización y otras restricciones al aborto afectan gravemente al derecho de las mujeres y las niñas a la vida, la salud, la autonomía y la intimidad, y a su derecho a no sufrir violencia, discriminación ni tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos exigen que el aborto se despenalice en su totalidad, y que los Estados eliminen los obstáculos que niegan a las mujeres y las niñas el acceso efectivo a un aborto seguro y legal. Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Más de 530.000 hombres, mujeres, niños y niñas rohingyas han huido del norte del estado de Rajine, víctimas del terror, en cuestión de semanas, en plena campaña de asesinatos, violaciones e incendios generalizados y sistemáticos dirigida contra esta población por las fuerzas de seguridad de Myanmar. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en su análisis más detallado hasta la fecha sobre la crisis en curso. 

En respuesta al discurso pronunciado hoy por Aung San Suu Kyi, consejera de Estado de Myanmar y mandataria de facto del país, sobre la crisis en el estado de Rajine, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía, ha manifestado lo siguiente:

Los ataques recurrentes contra la población venezolana y los discursos incitando a la violencia por parte de las autoridades indican una política premeditada de represión violenta contra cualquier forma de disidencia, dijo hoy Amnistía Internacional tras un nuevo aumento de muertes durante manifestaciones, con al menos 91 casos registrados en tan solo tres meses.

El fallo de la Corte Suprema de Perú que pone fin al juicio por usurpación contra la defensora de derechos humanos Máxima Acuña Atalaya es una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.  Tras casi cinco años de un infundado proceso penal por usurpación, la Corte Suprema de Justicia consideró que no había lugar a continuar con el infundado juicio por usurpación contra la defensora. “Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Es esencial que las autoridades tomen medidas eficaces para evitar que se continúe utilizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar a personas defensoras de derechos humanos.”  Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.  El pasado 14 de febrero, una delegación de Amnistía Internacional visitó a Máxima Acuña y a su familia para entregarle más de 150 mil mensajes de apoyo y solidaridad recogidos en todo el mundo pidiendo al Estado peruano que la proteja de todo ataque, acto de acoso e intimidación. Ese mismo día recibió la visita de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, para verificar el estado de la implementación de las medidas cautelares otorgadas a Máxima Acuña por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Información Complementaria A pesar de la falta de pruebas con que se encontró la Fiscalía de la Nación desde el inicio del proceso penal en el año 2011, la institución decidió continuar con la investigación penal y llevar el caso a juicio. Con ello, contribuyó a la estigmatización de Máxima Acuña como delincuente a través de una campaña de desprestigio en que representantes de la empresa minera Yanacocha se refirieron a sus actividades como “invasiones” durante 2015 e inicios de 2016, aunque la cuestión de la titularidad sobre las tierras en que vive Máxima Acuña y su familia esté pendiente de resolución judicial.

Decenas de periodistas y profesionales de los medios de comunicación permanecen recluidos.

No existe pronunciamiento oficial, ni investigación ni acción en curso por parte de Amnistía Internacional sobre este tema.

Pese a las conversaciones de paz en curso entre el gobierno colombiano y las FARC, las violaciones y los abusos de los derechos humanos continúan.

Discurso pronunciado en la ceremonia de entrega del Premio Embajador de Conciencia de Amnistía Internacional.

Autoridades de India deben reparar a las familias víctimas de desalojo forzoso en Jagatsinghpur por un proyecto de la empresa coreana POSCO.