“Niña casada”, “delincuente”, “menor infractora”.... Son algunos de los numerosos calificativos aplicados a Zeinab Sekaanvand en su brevísima vida. Rara vez se vio a Sekaanvand, ejecutada el martes en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán), como quien realmente era: una joven vulnerable atrapada en un círculo vicioso de violencia y abusos sexuales desde la infancia.

“Niña casada”, “delincuente”, “menor infractora”.... Son algunos de los numerosos calificativos aplicados a Zeinab Sekaanvand en su brevísima vida. Rara vez se vio a Sekaanvand, ejecutada el martes en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán), como quien realmente era: una joven vulnerable atrapada en un círculo vicioso de violencia y abusos sexuales desde la infancia.

Las autoridades estadounidenses deben poner fin de inmediato tanto a la separación de niños y niñas de sus familias como a la detención de las familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos con México para solicitar asilo, y al mismo tiempo deben reunificar sin demora a las miles de familias que continúan separadas como consecuencia de las políticas ilegítimas y lesivas del gobierno de Trump; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación al día mundial de acción contra estas prácticas previsto para el 30 de junio.

Los médicos y otros profesionales de la salud de la prisión de Shahr-e Rey, situada a las afueras de Teherán, insultan, hacen comentarios lascivos y niegan el debido tratamiento médico a las presas de conciencia de la comunidad religiosa derviche gonabadi de Irán. Así lo ha explicado hoy Amnistía Internacional.

En respuesta a la decisión tomada por Israel de expulsar a Omar Shakir, director de Human Rights Watch en el país, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado: “Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Omar Shakir y condenamos enérgicamente la decisión de Israel de revocar su permiso de trabajo y ordenarle que abandone el país. Su expulsión es una alarmante señal más de la creciente intolerancia del país respecto a las voces críticas”.  

Este juicio marcado por diversas denuncias de irregularidades, demuestra la manera discriminatoria en la que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos Indígenas, lo cual no sólo afecta a las personas imputadas, sino también vulnera el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del crimen y sus familiares”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Miles de personas se han echado a las calles en los últimos días en diferentes puntos de España después de que cinco hombres acusados de violar en grupo a una mujer de 18 años en 2016 fueran absueltos el jueves pasado de “agresión sexual”, cargo que incluye la violación. En su lugar, los acusados fueron declarados culpables del cargo más leve de “abusos sexuales” y condenados a nueve años de prisión. La gente protesta indignada por el hecho de que no fueran declarados culpables de violación y por la manera en que tanto la ley como el sistema de justicia han fallado a la víctima. Las personas que se manifiestan expresan sonoramente su solidaridad con ella.

Las rigurosas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno español han tenido un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad, han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

La Asamblea Legislativa de El Salvador debe aprovechar la oportunidad histórica de despenalizar el aborto antes de que termine el ciclo legislativo actual a finales de abril; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades brasileñas deben dar prioridad a la resolución de los asesinatos de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, y Anderson Gomes, su conductor, y llevar ante la justicia a todos los responsables; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un mes de su muerte.

Tras la aparente victoria del partido del presidente Orbán, Fidesz, en las elecciones generales de Hungría, Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

Nagonha es un pueblecito costero del norte de Mozambique de sólo 1.329 habitantes. Situado en el distrito de Angoche, unos 180 kilómetros al este de la ciudad de Nampula, consta de 236 chozas que se asoman al océano Índico en el canal de Mozambique.

e espera que el presidente Trump firme hoy una proclamación para enviar a la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México hasta que se construya un muro. Ayer, el presidente pidió también un nuevo empujón a la restricciones a la inmigración que haría más difícil solicitar protección en Estados Unidos.

A lo largo de los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación internacionales titulares sorprendentes del tipo “Arabia Saudí permite conducir a las mujeres”, “la ofensiva saudí contra la corrupción” o “Arabia Saudí en el sendero de la reforma”. Entretanto, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, ha visitado Reino Unido, donde ha sido recibido con anuncios a toda página en los periódicos y con carteles en las vallas publicitarias de las calles de Londres, afirmando: “Éste es el rostro del cambio en Arabia Saudí”. La visita concluyó con un acuerdo de compraventa de aeronaves entre BAE Systems y Arabia Saudí, por valor de 10.000 millones de libras esterlinas. Asimismo, durante los primeros días de la visita del príncipe heredero a Estados Unidos, se informó de otro acuerdo de compraventa de armas por valor de 12.5000 millones de dólares, formalizado entre Estados Unidos y Arabia Saudí.

Al ver a 93 personas refugiadas y migrantes demacradas descender del barco de una ONG española en el puerto de Pozzallo a principios de este mes, el alcalde de la ciudad dijo que esas personas le recordaban a “una escena de los campos de concentración”.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.