Rusia: Las autoridades deben entregar el cuerpo de Alekséi Navalni y permitir el acceso para una investigación independiente sobre la causa de su muerte
Alekséi Navalni fue encarcelado por cargos falsos en enero de 2021 a su regreso de Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento casi mortal con un agente neurotóxico de uso militar que sufrió en 2020 en Rusia. Una vez en prisión, se presentaron en su contra cargos falsos adicionales y la pena de prisión que se le había impuesto se amplió a 19 años. Fue enviado a una colonia penitenciaria rusa del régimen más estricto cerca del círculo polar Ártico, donde se le negó sistemáticamente tratamiento médico adecuado y se le encerró en celdas de castigo en 27 ocasiones durante periodos prolongados, hasta un total de más de 300 días, por presuntas infracciones disciplinarias, como llevar un botón desabrochado. Sus condiciones de reclusión constituían una violación de la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
26 febrero 2024
Ecuador: Las autoridades deben salvaguardar los derechos humanos ante la violencia preelectoral
En respuesta al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
"Amnistía Internacional está sumamente preocupada por la actual situación de violencia en Ecuador, el cual se enfrenta a un fuerte aumento en su tasa de homicidios, así como a una serie de asesinatos de personas candidatas a cargos públicos en las últimas semanas, que culminaron con el asesinato de Fernando Villavicencio anoche, aparentemente por motivos políticos. Las víctimas de la actual oleada de violencia política merecen verdad, justicia y reparación, y las autoridades deben tomar medidas céleres para investigar estos crímenes. Al mismo tiempo, el estado de excepción declarado en respuesta a estos sucesos no debe abrir la puerta a graves violaciones de los derechos humanos que podrían socavar la seguridad de toda la población de Ecuador."
En los últimos meses, Ecuador se ha enfrentado a una crisis de inseguridad, concentrada principalmente en las zonas costeras cercanas a las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, y vinculada a actividades de la delincuencia organizada. El 3 de mayo, el presidente emitió un decreto que permitía el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional "para reprimir la amenaza terrorista" en el país, sin poner ningún límite temporal a esta orden, contraviniendo las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, que exigen que tales decisiones estén limitadas temporal y geográficamente. El 17 de mayo, el presidente disolvió por decreto la Asamblea Nacional y convocó a elecciones para el 20 de agosto. El estado de excepción declarado hoy en respuesta al asesinato de Villavicencio, con una duración de 60 días, es el último en una serie de decretos de excepción del presidente y suspende una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de reunión. Además, el decreto amplía el mandato de la policía y de las fuerzas armadas, permitiéndoles entrar en residencias y locales para realizar registros y confiscar bienes, y permite a las autoridades acceder a correspondencia.
En el contexto del estado de excepción y la suspensión de ciertos derechos, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades ecuatorianas que ciertos derechos no deben ser nunca objeto de suspensión, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de legalidad, es decir, la exigencia de que tanto la responsabilidad penal como el castigo se limiten a disposiciones claras y precisas de la ley, y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas son derechos relevantes en relación con el reciente despliegue de fuerzas armadas en todo el país.
En el contexto actual, las más altas autoridades ecuatorianas deben hacer un llamado a todos los servidores públicos para que extremen la vigilancia de los estándares de derechos humanos, incluyendo los Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del PIDCP y los estándares interamericanos en la materia, a fin de evitar posibles arbitrariedades que puedan derivar en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Para más información o para agendar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org, +52 55 4848 8266
10 agosto 2023
Esterilizaciones forzadas son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles
En el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exfuncionarios de su gobierno, acusados de ordenar esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, mayoritariamente indígenas y campesinas hablantes de quechua, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú dijo:
“Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas.”
“Esto significa que el derecho a verdad, justicia y reparaciones de las víctimas no puede extinguirse por el paso del tiempo y que los presuntos responsables de tales crímenes deben comparecer ante la justicia ordinaria y, de ser hallados culpables en juicios justos, deben ser sancionados conforme a la gravedad de sus conductas. Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación plena e integral, que incluya medidas efectivas de restitución, indemnización, rehabilitación de daños físicos y psicológicos, más otras medidas simbólicas destinadas a paliar su sufrimiento y el de sus familiares y ayudarlas a rehacer sus vidas.”
14 junio 2021
PERÚ: EL DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS NO PRESCRIBE
Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado Peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles Las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones y no puede haber más dilaciones ni excusas, dijo hoy Amnistia Internacional en el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exministros de Salud de su gobierno, acusados por ordenar esterilizaciones forzadas a unas 270,000 mujeres, en su mayoría indígenas, campesinas y Quechua hablantes.
11 junio 2021
Amnistía Internacional: Esterilizaciones forzadas no fueron hechos aislados y representan una grave violación de los derechos humanos
En el marco de la audiencia de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exministros de Salud en el llamado caso de esterilizaciones forzadas, Amnistía Internacional considera que las esterilizaciones forzadas perpetradas en los 90, principalmente a mujeres indígenas y campesinas, representan una grave violación a los derechos humanos de miles de mujeres, cuyos cuerpos fueron vulnerados contra su voluntad.
19 mayo 2021
Estados Unidos: La exoneración de Scott Warren, un triunfo para la humanidad
En respuesta a la declaración de inocencia dictada hoy por un tribunal de Arizona respecto a los cargos formulados contra Scott Warren, voluntario de ayuda humanitaria, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha declarado:
“El sentido común ha prevalecido hoy, cuando el jurado ha exonerado a Scott Warren por una razón muy sencilla: la ayuda humanitaria nunca es delito. La administración Trump se equivoca al tratar de procesar a personas que sólo intentan salvar vidas. Al amenazar a Scott Warren con un decenio de prisión, el gobierno estadounidense pretendía criminalizar la compasión y utilizar el mortífero desierto como arma contra las personas que realizan el peligroso viaje a Estados Unidos en busca de seguridad”.
21 noviembre 2019
Filipinas: Cargos de sedición para acallar las críticas
En respuesta a la noticia de que la Policía Nacional de Filipinas ha presentado una denuncia contra 36 destacadas figuras por sedición y otros cargos conexos, Butch Olano, director de la Sección Filipina de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Por el momento en que se presenta y las personas contra las que va dirigida, esta denuncia tiene todas las características del hostigamiento judicial. Al interponerla tan poco tiempo después de la decisión de la ONU de examinar los miles de homicidios cometidos en el contexto de la brutal campaña del gobierno contra las drogas, las autoridades parecen estar presentando cargos falsos contra figuras notorias por sus críticas dentro del país.
22 julio 2019
Mostrar compasión hacia las personas refugiadas no debe ser delito
De Kumi Naidoo
Les ofreció comida, agua y un lugar donde quedarse. Pero, según la fiscalía estatal de Arizona, la acción compasiva del voluntario Scott Warren de proporcionar ayuda humanitaria básica a dos migrantes de Honduras, fue delictiva, hasta el extremo de que se abrió un controvertido proceso contra él que pudo acarrearle 20 años de cárcel.
Aunque el sonado proceso ha terminado en juicio nulo este mes, el gobierno no ha retirado los cargos y persiste la amenaza de un nuevo juicio.
Esta táctica cada vez más utilizada por los gobiernos de perseguir a quienes han mostrado compasión hacia personas refugiadas y migrantes no sólo es contraria a los valores humanos fundamentales de la bondad y la decencia, sino que además representa una preocupante escalada de la represión de los derechos de las personas en movimiento.
El caso particular de Scott Warren ha ocupado titulares en medios de comunicación de todo el mundo y es representativo de la hostilidad declarada del gobierno de Donald Trump hacia las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas en Estados Unidos que sienten consternación por la tragedia humana que está sucediendo ante su misma puerta. En palabras del propio Scott Warren, "está muriendo gente a las afueras de nuestra ciudad, y eso es lo que me mueve a actuar".
La muerte de personas que habían emprendido arriesgadas travesías por el árido desierto de Sonora (Arizona) no es un trágico accidente, sino la culminación de una política del gobierno federal aplicada desde hace años para disuadir de cruzar la frontera con Estados Unidos que consiste en cerrar las rutas migratorias existentes para obligar a la gente a tomar otras mucho más difíciles y peligrosas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado 7.242 muertes en la frontera en los últimos 20 años, y Arizona es una de las zonas más letales, con casi 4 de cada 10 de estas muer
21 junio 2019
Perú: Aprobación de Protocolo, primer paso para garantizar protección a personas defensoras
Amnistía Internacional saluda la reciente aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en Perú, e insta a que este impulse, entre otras iniciativas, una política integral y medidas de obligatorio cumplimiento que efectivamente garanticen que las y los defensores en riesgo puedan continuar con sus labores en un ambiente propicio y seguro.
El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia de Perú publicó la Resolución Ministerial N° 059-2019-JUS que aprueba el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Esta acción del gobierno peruano es un primer paso para garantizar la seguridad y protección de las valientes personas defensoras que se encuentran en riesgo en el país simplemente por su labor de defensa de los derechos humanos. La adopción del Protocolo es también una medida importante para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, así como para dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Perú en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional lleva años documentando la situación de riesgo de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, incluido Perú. En el informe Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay, la organización expresó su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar particularmente el trabajo de las personas defensoras del medio ambiente en el país, como son los casos de Oscar Mollohuanca Cruz y otros en Cusco; de 16 personas defensores de derechos humanos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente en Cajamarca, que enfrentaron cargos por participar en protestas, o de Máxima Acuña, campesina del norte del Perú, que ha sufrido ataques violentos de la policía por negarse a abandonar la tierra en la que vive, entre muchos otros casos. Asimismo, la organización ha expresado su preocupación por ataques y la estigmatización contra mujeres defensoras de derechos humanos en ámbitos como la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTI y la libertad de expresión.
31 mayo 2019
Noticias
Oriente Medio y el Norte de África
Arabia Saudita: 37 condenados a muerte en una ejecución impactante
La ejecución de 37 personas condenadas por cargos de "terrorismo" marca una escalada alarmante en el uso de la pena de muerte en Arabia Saudita, dijo hoy Amnistía Internacional. Entre los condenados a muerte se encontraba un joven que fue condenado por un delito que tuvo lugar cuando tenía menos de 18 años.
"La ejecución masiva de hoy es una manifestación escalofriante de las autoridades de Arabia Saudita que ignoran la vida humana. También es otro indicio espantoso de cómo se está utilizando la pena de muerte como herramienta política para aplastar la disidencia dentro de la minoría chiíta del país ", dijo Lynn Maalouf, Directora de Investigación de Oriente Medio de Amnistía Internacional.
24 abril 2019
Denuncias infundadas e impunidad amenazan la defensa de la tierra de activistas ambientales en Perú
Las autoridades peruanas están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. El informe “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” es parte de la campaña global “Valiente” de Amnistía Internacional, que busca generar conciencia sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y la implementación de políticas para su protección.
26 abril 2018
Turquía: Más de un millón de personas exigen libertad para el presidente de Amnistía cuyo juicio se reanuda en breve
Más de un millón de personas de 194 países y territorios han exigido la libertad del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, y que se retiren los cargos formulados contra él y otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos cuyo juicio se reanuda en Estambul el 31 de enero.
Los 11 se enfrentan a cargos falsos de “terrorismo” en lo que, a todas luces, es un procesamiento por motivos políticos dirigido a silenciar las voces críticas en Turquía. Si los declaran culpables podrían imponerles penas de hasta 15 años de prisión.
“Con las pruebas abrumadoras de su inocencia y la inexistencia de pruebas de que haya cometido ningún delito, la excarcelación de Taner debía haberse producido hace tiempo. El hecho de que lleve casi ocho meses entre rejas dice mucho sobre el deficiente sistema de justicia de Turquía y la implacable persecución de quienes defienden los derechos humanos”, declaró Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.
“La sesión de hoy ofrece otra oportunidad más para poner fin a este manifiesto error judicial y permitir que este defensor de los derechos humanos, de fuertes principios y apasionado, se reúna con su familia y reanude su vital labor. El tribunal debe absolver a Taner y a los otros 10 defensores y defensoras de los derechos humanos y acabar de una vez con esta farsa”.
El presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, fue detenido el 6 de junio de 2017 y enviado tres días después a la cárcel, donde permanece recluido desde entonces. Un mes más tarde se detuvo a otros 10 activistas, incluida la directora de Amnistía Internacional Turquía, Ä°dil Eser. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de quedar en libertad bajo fianza en su primera vista judicial en octubre.
Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base por la que la fiscalía aún no ha proporcionado ninguna prueba concreta que resista un análisis riguroso.
Se acusa a Taner Kılıç de haber descargado y utilizado ByLock, aplicación de mensajería segura que, según la acusación, utilizaba el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional determinaron que no había rastro alguno de la instalación de ByLock en el aparato. Hasta ahora, la fiscalía no ha presentado prueba alguna que sustente las acusaciones y demuestre la comisión de un delito.
El mes pasado, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas. Taner Kılıç no figura aún entre las personas incluidas en las listas para ser puestas en libertad.
Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se exige la libertad de Taner Kılıç y de los demás defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía desde su detención el pasado verano. Decenas de conocidas personalidades han pedido la libertad de Taner y la retirada de los cargos formulados contra los 10 de Estambul.
25 enero 2018