Amnistía Internacional ha registrado también un número elevado de muertes de personal sanitario en Estados Unidos (1.077) y Brasil (634), donde las tasas de infección y muerte han sido altas durante toda la pandemia, así como cifras alarmantes en Sudáfrica (240) e India (573), donde las tasas de infección se han disparado en los últimos meses.

La salud y la vida son derechos humanos. Estamos ante la que ya es una de las mayores crisis de la historia, en la que están amenazados estos dos derechos que nos son tan básicos y preciosos. Las pruebas científicas y las recomendaciones de autoridades mundiales de salud demuestran la gravedad de la COVID-19 para la salud de las personas y los sistemas de atención de la salud de todos los países. Somos 220 millones de personas en Brasil. ¿Se imaginan si nos infectamos y tenemos que ir corriendo a los hospitales al mismo tiempo, como ha sucedido en la mayoría de los países afectados? Esto es lo que el gobierno brasileño, como prioridad, debe evitar ahora.

Dos años después de los disparos que acabaron con la vida de la defensora de los derechos humanos y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, el 14 de marzo de 2018, el crimen sigue sin resolverse y se ha convertido en un ejemplo de la impunidad de la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Seis meses después de que las autoridades de Río de Janeiro detuvieran a dos hombres acusados de matar a Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes, y se comprometieran a proseguir con las investigaciones en reuniones sostenidas con Amnistía Internacional y la familia de Marielle, no han realizado todavía ningún progreso digno de mención en la identificación de quienes ordenaron el crimen y sus motivos. En vista de la falta de progresos en la investigación, Amnistía Internacional ha enviado sendas cartas al gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y al fiscal general del estado, Dr. José Eduardo Gussem, en las que reitera sus llamamientos para que resuelvan los crímenes y proporcionen información actualizada sobre las indagaciones policiales en curso y otras medidas de investigación.

En lugar de difundir mentiras escandalosas o negar la magnitud de la deforestación que está teniendo lugar, instamos al Presidente a tomar medidas inmediatas para detener el progreso de estos incendios.

En respuesta a la decisión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del ministro del Interior israelí, Arye Deri, de negar la entrada a dos congresistas estadounidenses, y en respuesta también a los tuits del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en los que califica a los dos congresistas de antisemitas, Amnistía Internacional Israel y Amnistía Internacional Estados Unidos han emitido la siguiente declaración: Molly Malekar, directora de Amnistía Internacional Israel, ha manifestado: “El gobierno israelí permite la entrada libre a dirigentes mundiales acusados de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como generales de Myanmar o el presidente Duterte de Filipinas, y recibe orgulloso a líderes identificados con el apoyo a grupos neonazis y antisemitas, como primer ministro de Hungría, Orbán, o el presidente de Brasil, Bolsonaro, pero califica automáticamente de antisemita a cualquiera que se atreva a criticarle”.

Transcurrido un año desde el homicidio de la defensora de los derechos humanos y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y de su conductor, Anderson Gomes, las autoridades brasileñas no han ofrecido aún respuestas adecuadas a sus familias ni a la sociedad, y su incapacidad para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia continúa poniendo a otros defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.“Tras un año de investigación, la incapacidad de las autoridades brasileñas para resolver el homicidio de Marielle Franco transmite el mensaje de que los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedarán impunes”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Doce países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de Escazú en una importante victoria para el medioambiente y los derechos humanos que debe inspirar al resto de la región para que siga su ejemplo, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay han firmado el tratado hoy, en la primera oportunidad, al comienzo de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, mientras que la República Dominicana y Haití también se han comprometido a firmar en las próximas horas.

Las autoridades brasileñas deben dar prioridad a la resolución de los asesinatos de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, y Anderson Gomes, su conductor, y llevar ante la justicia a todos los responsables; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un mes de su muerte.

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

Tras la decisión del gobierno federal de intervenir en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, ha declarado:

La crisis política, económica e institucional está actuando como cortina de humo para ocultar un ataque frontal contra los derechos humanos

Se debe combatir una serie de cambios sometidos actualmente a debate en el Congreso y que reducen la protección jurídica de grupos marginados, imponen una prohibición total del aborto, ponen fin a la educación sexual y suavizan la legislación sobre licencia de armas de fuego.

Por Jurema Werneck, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil.

Crisis inició en enero con los homicidios en la prisión de Amazonas.