Escribe: Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional
La cosa ha estado animada, por decir lo menos. El debate en torno a un Tratado internacional vinculante en materia de DDHH para empresas y corporaciones ha revelado grandes divisiones entre el hemisferio Sur -mayoritariamente detrás de esta iniciativa- y Europa así como otros países miembros de la OCDE que se oponen férreamente a este Tratado.En líneas generales, la sociedad civil apoya la negociación de un Tratado de este tipo, mientras que el sector empresarial se opone.El debate se inició más de seis meses atrás, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, y es altamente probable que no reciba mucha atención durante el Foro Económico Mundial 2015 que se lleva a cabo por estos días en Davos. Pero debería discutirse.Estoy convencido de que una legislación internacional vinculante en DDHH para las corporaciones es la única forma efectiva de acabar con la clase de abusos que Amnistía Internacional registra y documenta semana a semana.Hay quienes señalan que un Tratado no es necesario, dado que ya el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha ratificado una Guía de Principios Rectores en Derechos Humanos para empresas. En efecto, el documento existe desde el 2011 y debió haber sentado un precedente importante.Pero la realidad es que tanto gobiernos como empresas por igual han fracasado en la tarea de darles vigencia y relevancia a dichos Principios Rectores. En simultáneo, los lobbystas corporativos han hecho todo lo posible para garantizar que la puesta en marcha de estos Principios sea voluntaria y no de carácter vinculante.No sorprende, entonces, que la situación de las comunidades e individuos más vulnerables a las malas prácticas empresariales poco o nada ha cambiado en los últimos años. Quienes han visto sus casas demolidas por bulldozers o sus fuentes de agua contaminadas por derrames de petróleo continúan tan desprotegidos como siempre.Manifestantes en Bhopal exigen justicia 30 años después del accidente en una fábrica de pesticidas que ocasionó miles de muertes. (Foto: © Giles Clarke / Reportage by Getty)
Confróntese a cualquier compañía con evidencia de que ha incumplido con los Principios Rectores de la ONU y uno casi puede ver su desconcierto. Después de todo, ¡los Principios no son vinculantes!Amnistía Internacional apoya la creación de un Tratado de Derechos Humanos para empresas porque estamos convencidos de que los Estados deben cumplir con su deber de proteger a las personas de cualquier abuso o violación de derechos humanos, incluyendo aquellas causadas por abuso y negligencia corporativa.Ello no quiere decir que deban invalidarse o desmantelarse los Principios Rectores, sino que a partir de estos se debe construir un Tratado que vuelva obligatorias algunas disposiciones.Un Tratado permitiría definir con claridad qué significa el deber de proteger para los Estados en un contexto de operaciones comerciales. Además, se podría regular las actividades de empresas pertenecientes a grupos multinacionales que operan en más de un país.El Tratado permitiría, asimismo, estandarizar la manera en la que los Estados se relacionan con la actividad empresarial. En la actualidad se puede ver con frecuencia un accionar no muy distinto al chantaje por parte de las empresas: 'si nos regulan en alguna manera que nos incomode, nos iremos a otro lado llevándonos los puestos de trabajo (y los prospectos de reelección del gobierno de turno) con nosotros'.Esta situación puede y debe ser distinta: la actividad comercial tiene el potencial de ser una fuerza para hacer el bien. Los negocios contribuyen positivamente a las sociedades a través de la creación de empleos y el desarrollo de nuevos medicamentes y tecnología que han salvado vidas y mejorado la calidad de las personas.Pero es también importante garantizar que quienes estén empleados por estas empresas estén protegidos de discriminación o cualquier peligro en su centro de trabajo y que los más pobres tengan acceso a dichos medicamentos y tecnología para mejorar su calidad de vida.Un Tratado de este tipo debería solicitar a cada Estado aprobar leyes que vuelvan obligatorias las responsabilidades en DDHH para las corporaciones. Asimismo, debería incluir sanciones y responsabilidades legales las compañías que no actúen de manera responsable.Pensemos en el caso de los devastadores derrames de petróleo de Shell en el delta del río Niger que destruyeron la fuente de subsistencia de miles de personas. Con un Tratado se hubiese podido obligar al gobierno nigeriano, así como a aquellos de los países en donde está la casa matriz de la empresa (Reino Unido y Países Bajos) a exigir una respuesta más rápida por parte de Shell.Pese a la oposición a un Tratado para Negocios y DDHH, estoy convencido de su importancia y estoy comprometido con la campaña a favor de este, que cuenta desde ya con un masivo apoyo por parte de la sociedad civil a nivel global.Muchos críticos de esta medida argumentan que implementarlo será demasiado complejo. Pero con buena voluntad, habilidades y determinación, no existe nada que sea demasiado complejo.Cuando Amnistía Internacional inició su campaña a favor de un Tratado de Comercio de Armas, más de veinte años atrás, mucha gente dijo que sería imposible. Sin embargo, el pasado 24 de diciembre el TCA se convirtió en una realidad. El esfuerzo de largo aliento valió la pena.En su momento, la idea de un Tratado que evitara que Estados y empresas vendiesen armas a grupos o individuos que las utilizasen para cometer atrocidades fue calificada de demasiado ambiciosa, idealista y hasta ingenua. Hoy, esa misma idea es aceptada como una parte importante del marco internacional de protección a los Derechos Humanos.Me dirijo a Davos esta semana y llevo conmigo la esperanza de crear un Tratado Internacional para Empresas. Llevo también en mis pensamientos a las víctimas de incidentes como los de Bodo, Rana Plaza y Bhopal.Una ley no es la solución para todos nuestros problemas, pero puede ser un buen comienzo. *Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el diario The Guardian. Puede leerse la versión original aquíTraducción de Amnistía Internacional Perú