Tras 50 años de crímenes de guerra cometidos por Israel en tierra palestina, el mundo tiene que actuar y prohibir los productos procedentes de los asentamientos israelíes.

”Todo el mundo tiene derecho a vivir en su hogar y nadie puede desarraigarlo.”

Estas fueron las palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un acto celebrado en el Knéset esta semana para conmemorar los 50 años de ocupación militar israelí de los territorios palestinos, un acto en el que se comprometió a reforzar la “empresa de asentamientos” israelíes.

Sin embargo, el derecho expuesto por Netanyahu en su discurso no parece ser extensivo a la población palestina de los Territorios Ocupados.

La construcción y expansión ilegal de asentamientos israelíes en suelo palestino, y la infraestructura que trae aparejada, es uno de los rasgos más característicos de la ocupación israelí, y ha provocado violaciones masivas de derechos humanos contra la población palestina durante las últimas cinco décadas.

Decenas de miles de casas y bienes palestinos han sido demolidos, por lo que comunidades enteras se han visto desplazadas de sus hogares, y al menos 100.000 hectáreas de tierra han sido confiscadas para el proyecto israelí de los asentamientos, que incluye construcción y uso agrícola.

Los asentamientos israelíes en tierras palestinas ocupadas no constituyen únicamente crímenes de guerra en virtud del derecho internacional, sino que además violan principios fundamentales del derecho internacional, lo cual impone responsabilidades adicionales a todos los Estados.

Pese a ello, durante décadas, Israel ha desafiado abiertamente el derecho internacional al continuar de forma implacable la expansión de sus asentamientos.

Israel se ha apropiado amplia e ilegalmente de los recursos naturales palestinos, como la tierra fértil, el agua y los minerales, para mantener sus asentamientos. Al mismo tiempo, ha impuesto restricciones al acceso –y su uso– de la población palestina al agua, la tierra y otros recursos naturales, y ha restringido la libertad de circulación de los palestinos, con lo que ha separado familias, les ha imposibilitado acceder a sus tierras de cultivo y les ha impedido llegar a su trabajo o ganarse la vida.

A lo largo de los años, a medida que la economía palestina ha ido declinando de forma constante bajo la tensión de estas restricciones, Israel ha construido simultáneamente un negocio de miles de millones de dólares a costa del sufrimiento palestino: ha exportado internacionalmente, cada año, productos procedentes de los asentamientos por valor de cientos de millones de dólares.

Esta floreciente empresa ayuda a mantener la presencia y la expansión de los asentamientos, y es una de las fuerzas motrices clave de los abusos sistemáticos que seguimos presenciando hoy día contra la población palestina. Durante cinco decenios, el mundo se ha mantenido al margen, observando mientras Israel explotaba al pueblo palestino, sus tierras y sus recursos naturales, para obtener un beneficio con el que respaldar su expansión de los asentamientos ilegales, y apenas ha hecho nada más que condenar los actos ilegales cometidos por Israel.

Inacción internacional

A menos que se emprenda una acción internacional concertada para impedir y eliminar los asentamientos, la situación, ya terrible, de los derechos humanos de la población palestina empeorará aún más.

En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal creada por los asentamientos israelíes y no prestarles ayuda o asistencia; sin embargo, muchos Estados siguen permitiendo las importaciones procedentes de los asentamientos y dejando que sus empresas actúen en los Territorios Ocupados Palestinos.

La gran mayoría de los Estados, incluidos todos los Estados miembros de la UE, reconocen públicamente que los asentamientos israelíes son ilegales en virtud del derecho internacional, y han condenado de forma casi unánime el proyecto de asentamientos.

Además, se han dictado numerosas resoluciones de la ONU que piden el fin de la construcción y la expansión de los asentamientos. Ya en 1980, la Resolución 465 del Consejo de seguridad de la ONU pidió a todos los Estados que no prestaran a Israel asistencia alguna “que pueda usarse específicamente en relación con los asentamientos en los territorios ocupados”.

Sin embargo, una y otra vez, la condena mundial de los asentamientos israelíes ha caído en saco roto. Israel ha rejado claro reiteradamente que le da exactamente igual lo que el mundo piense, y que está firmemente dispuesto a continuar con su expansión de los asentamientos, en flagrante violación del derecho internacional.

El discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu, en el que manifestaba la continuación de su compromiso de expandir los asentamientos, lo demuestra. También está previsto que la administración civil israelí, dirigida por el ejército, apruebe miles de nuevas casas en asentamientos existentes en la Cisjordania ocupada, tal como se anunció este mismo año, y apruebe también los planes de establecer dos nuevos asentamientos, los primeros en años.

Prohibir los productos procedentes de los asentamientos

Cada vez es más evidente que la mera condena de la expansión de los asentamientos israelíes no basta. Por eso, para conmemorar los 50 años de ocupación, Amnistía Internacional, por primera vez en su historia, hace un llamamiento a los gobiernos del mundo para que cumplan con su obligación de prohibir en sus mercados los productos procedentes de los asentamientos y promulguen leyes y normativas para impedir que sus empresas operen en los asentamientos o comercien con los productos procedentes de ellos.

Los gobiernos de todo el mundo tienen la responsabilidad de garantizar que los productos cultivados, producidos o manufacturados en tierras palestinas robadas no terminan en los estantes de nuestros supermercados. Tienen que demostrar que su condena verbal a Israel no es sólo simple palabrería. Si no lo hacen, los Estados estarán minando los mismos principios jurídicos que afirman defender y respetar.

Cincuenta años después, es fácil sentirse impotente sobre lo que se puede hacer para abordar décadas de injusticia y abusos por parte de Israel contra la población palestina. Prohibir los productos procedentes de los asentamientos e impedir que las empresas operen en ellos son medidas concretas que los gobiernos deben tomar para cumplir sus obligaciones internacionales y para ayudar a poner fin a un sistema inherentemente discriminatorio que ha traído el sufrimiento a millones de palestinos y palestinas.

Philip Luther es director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

Este artículo se publicó originalmente en Al Yazira.