Amnistía Internacional expresa su preocupación por los retrocesos legislativos que se vienen registrando en materia de derechos de las mujeres y las infancias en Perú.

En particular, nos preocupa la Ley 31498 (antes PL 904), publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de junio, que permite que grupos de padres y madres de familia puedan vetar el contenido de materiales educativos, limitando las funciones del Ministerio de Educación y poniendo en riesgo la implementación de la educación sexual integral, herramienta imprescindible para prevenir la violencia de género y avanzar hacia una educación basada en la igualdad.

Nos preocupa también el Proyecto de Ley 1520/2021, que bajo una propuesta de protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar, pone en grave riesgo el derecho a la salud de la mujer gestante, pues no considera situaciones que podrían configurar un grave daño a su salud e integridad física, y desconoce su derecho a acceder a un aborto terapéutico. Su aprobación, frenaría los avances para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Además, avanza en el Congreso el Proyecto de Ley 1229/2021, que propone cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Esta propuesta, además de no reconocer las violencias estructurales que enfrentan las mujeres día a día en el país, las limita a un rol meramente reproductivo, lo cual contribuye a reforzar estereotipos de género y violencias.

Este grupo de iniciativas avanza rápidamente de espaldas a la abundante evidencia que da cuenta de la violencia y discriminación estructural que enfrentan las mujeres en Perú. Entre las manifestaciones más graves de estas violencias se encuentran el feminicidio (147 feminicidios en 2021), la desaparición de mujeres (36 mujeres son reportadas como desaparecidas cada día), y el embarazo adolescente (cada día cuatro menores de 15 años se convierten en madres de Perú).

Ante este escenario, Amnistía Internacional demanda al Congreso de la República y al Ejecutivo no debilitar la institucionalidad del MIMP y desistir de iniciativas contrarias a las obligaciones internacionales del Estado peruano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, establecidas mediante instrumentos internacionales como la Convención Belém do Pará.

Advertimos que el avance de estas iniciativas puede recrudecer las violencias que enfrentan las mujeres en Perú, por lo que instamos a los poderes del Estado a ponerse del lado de las mujeres, reconociendo las violencias que enfrentan en todos los ámbitos de sus vidas y fortaleciendo el cumplimiento de sus derechos y sus libertades fundamentales.

Lima, 10 de julio de 2022.