Los cientos de acciones policiales con armas de fuego que cada año acaban con la vida de muchas personas y dejan a las familias sumidas en la angustia y el desconsuelo
no se están investigando eficazmente. Esto es una consecuencia del
fracaso del sistema de justicia en Nigeria, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
Nigeria: No hay justicia para los muertos recoge las deficiencias de la investigación sobre las muertes ocasionadas por la actuación policial en el estado de Rivers, donde no se utilizan las técnicas básicas de protección e investigación de la escena del crimen, y las autopsias y pesquisas no se llevan a cabo o son inadecuadas.
Amnistía Internacional cree que las malas prácticas del estado de Rivers pueden ser muy similares en otros estados de Nigeria, donde las muertes violentas causadas por la acción policial no se investigan adecuadamente.Según fuentes médicas y legales, es frecuente entre los facultativos firmar informes de investigaciones sobre muertes sin examinar debidamente los cuerpos.
En muchos casos,
la policía no conoce la identidad del fallecido y el cadáver se clasifica como "desconocido". Los esfuerzos por parte de la policía para intentar identificar los cuerpos son prácticamente nulos, por lo que los familiares normalmente no reciben ninguna respuesta sobre el paradero de sus seres queridos.La falta de investigación en Nigeria fomenta el clima de impunidad generalizada del que gozan los agentes de policía que parecen emplear medios letales ilícitos, lo que pone en grave peligro la protección de los derechos humanos."Que las autoridades maten a uno de tus amigos o familiares provoca una angustia terrible, pero no llegar a conocer nunca la verdad sobre lo que realmente les ocurrió es una verdadera agonía para los familiares de las víctimas", ha manifestado Lucy Freeman, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África."Para esclarecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, y recopilar pruebas que permitan hacer rendir cuentas a los responsables, es fundamental que exista un sistema de investigaciones efectivo e imparcial".Amnistía Internacional ha comprobado que,
en la mayoría de los casos de muertes a manos de la policía, prácticamente
no se tomaron medidas para hacer rendir cuentas a los agentes policiales.El pastor Ken Neele contó a Amnistía Internacional que, tras enterarse de la muerte de su hermano por disparos de la policía en noviembre de 2011, acudió a varios hospitales en busca de su cuerpo, y finalmente lo localizó en el hospital Braithwaite Memorial, en Port Harcourt, la capital del estado de Rivers.El pastor Neele se sintió consternado ante el trato irrespetuoso que habían dado al cuerpo de su hermano, tendido bajo una montaña de otros cadáveres. Ya ha pasado más de un año, y el pastor Neele todavía no ha podido enterrar el cuerpo, porque aún está a la espera de recibir la aprobación de la policía para poder llevárselo.Otras familias han transmitido a Amnistía Internacional su angustia al ver el modo en que "descargaban" los cuerpos de sus familiares en el depósito de cadáveres.Cuando un investigador de Amnistía Internacional visitó Braithwaite, se encontró con un
depósito de cadáveres masificado en el que los cuerpos se amontonaban por la galería y los bancos.Aunque este depósito ya se ha cerrado, los informes elaborados por varias fuentes sugieren que muchos otros en Nigeria probablemente funcionan de forma similar."Es una triste verdad que en Nigeria, las víctimas de la brutalidad de la policía, así como sus familiares, en muy raras ocasiones consiguen que se haga justicia", ha afirmado Freeman."A pesar de la existencia de legislación nacional y normas internacionales que exigen la investigación de este tipo de muertes, la falta de autopsias e investigaciones adecuadas tienen como consecuencia directa que los responsables de estos delitos simplemente quedan impunes".Amnistía Internacional pide al gobierno federal y a los gobiernos estatales de Nigeria que investiguen todas las muertes violentas que se produzcan en el país, que garanticen que las autopsias se llevan a cabo debidamente por personal cualificado, y que hagan rendir cuentas a los responsables de homicidios ilegítimos.