El gobierno de Nicaragua debe dejar de anteponer los negocios al futuro del país y de su pueblo, dijo hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe que analiza un acuerdo secreto que llevará a la construcción de un canal y otros proyectos paralelos que afectarán los medios de vida de decenas de miles de personas y podría dejar a muchas personas sin hogar.

El informe, titulado Peligro: derechos en venta. El proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua y la erosión de los derechos humanos, revela cómo el oscuro marco jurídico que condujo a la concesión del proyecto, sin una consulta genuina con todas las comunidades afectadas, viola un catálogo de normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y podría conducir al desalojo forzoso de cientos de familias. También acusa a las autoridades de acosar y perseguir a cualquiera que se atreva a emitir una opinión en contra del acuerdo.

“Las autoridades en Nicaragua han vendido en secreto el futuro del país al mejor postor y han puesto a miles de personas en riesgo de perderlo todo”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La única manera de deshacer este espantoso error es revocar la ley que sustenta el proyecto antes de que cause más daño y de forma permanente, y volver a comenzar, asegurando que todas las personas que podrían verse afectadas tengan voz para decidir sobre su futuro. Cualquier otra opción seguirá dejando al margen a comunidades enteras e ignorando sus derechos humanos.”

El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó una ley que dio el visto bueno a la construcción de un canal que conectará los océanos Atlántico y Pacífico y a otros subproyectos asociados (entre ellos un aeropuerto, dos puertos, un oleoducto, una vía férrea y dos zonas de libre comercio). La ley también deja la puerta abierta a futuros proyectos de desarrollo sin asegurar una consulta adecuada con las comunidades afectadas.

El Gran Canal Interoceánico podría ser uno de los mayores proyectos de ingeniería del planeta. El proyecto se otorgó a HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKC), constituida en Hong Kong. Se prevé que mida aproximadamente 275 kilómetros y que divida a Nicaragua en dos. En su recorrido, el canal cruzará una parte considerable del Gran Lago de Nicaragua, o Cocibolca, conocido como la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica.

Las organizaciones locales de la sociedad civil han calculado que el número de personas afectadas casi podría alcanzar las 120.000. La población de Nicaragua es de algo menos de seis millones de personas.

Las comunidades que viven en las zonas afectadas han dicho a Amnistía Internacional que el gobierno no ha realizado consultas genuinas y que ni siquiera las ha informado adecuadamente sobre el proyecto ni les ha brindado alternativas viables.

El Canal y los proyectos relacionados pondrán en riesgo los hogares de las comunidades, sus medios de subsistencia, el acceso a los alimentos, las redes sociales y su propia supervivencia.

Las autoridades también se han negado a compartir con Amnistía Internacional información sobre el proyecto y el proceso que llevó a su aprobación.

Varias personas dijeron a Amnistía Internacional que no sabían nada del proyecto hasta que unas personas, mayoritariamente extranjeras, acompañadas por policías y militares, empezaron a visitar la zona y sus comunidades para medir sus terrenos,  sin que con anterioridad se hubiera acordado nada con ellas. También se quejaron de la falta de información sobre las opciones de reubicación o indemnización.                                  

Un miembro de una de las comunidades afectadas (que sólo accedió a hablar en forma anónima por miedo a las represalias) dijo a Amnistía Internacional que estaba confundido y que no sabía cómo iba a sobrevivir:

Casi todas las personas que vivimos aquí, vivimos de la tierra, sembrando, criando animales, no sabemos hacer otra cosa que laborar la tierra. Por eso nosotros preferimos morirnos aquí, porque si nosotros vamos para una ciudad ¿qué vamos a hacer?”.

“El hecho de que las autoridades hayan aprobado esta disposición legislativa por debajo de la mesa es escandaloso y totalmente inaceptable. Se supone que el gobierno del presidente Ortega debe proteger a su pueblo frente a poderosos intereses económicos, y no al revés,” dijo Erika Guevara-Rosas.

Castigar la disidencia

El informe de Amnistía Internacional también revela la campaña en curso de las autoridades nicaragüenses contra cualquier persona que se atreva a protestar contra el proyecto.

Al menos 90 protestas han tenido lugar en todo el país en los últimos años.

Activistas de derechos humanos que trabajan para destacar el posible impacto negativo del Canal también han dicho a Amnistía Internacional que han sido blanco de acoso y amenazas.

Una mujer miembro de una de las comunidades que se verán afectadas por el proyecto dijo a Amnistía Internacional: “Cuando salgo a las marchas [...] les digo adiós a mis niños cuando voy a salir y les digo: no sé si regreso”.

“La negativa de las autoridades a hablar con quienes más se verán afectados por la construcción del Canal es absolutamente ilegal y cruel. Todavía no es demasiado tarde para detener este proyecto inhumano y ponerse en el lado correcto de la ley.”