“Cuando me enteré que mi hijo tenía los diecisiete metales tóxicos, allí es cuando me levanté y me dije: esto no puede seguir así”, recuerda Carmen Chambi, lideresa de la comunidad de Alto Huancané, ubicada a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Espinar. Estudios de las fuentes de agua realizados por el gobierno en la provincia han revelado niveles alarmantes de metales tóxicos. Con los resultados del diagnóstico de su hijo, esta cruda realidad había tocado lo que ella más quería. Su madre, Melchora Surco, pionera en la lucha por el acceso a la salud en esta zona del país, se llegó a preguntar en algún momento para qué vivir. “Para estar sufriendo así, me dan ganas morir”, lamentó. 

Yolanda Zurita, lideresa de La Oroya, ciudad ubicada en el departamento de Junín, en los Andes centrales de Perú, y que hace unos años fue considerada por el Blacksmith Institute entre los 10 lugares más contaminados del planeta, hoy anima a otras mujeres a luchar por el presente y futuro de las personas más jóvenes.

Allí se ubica desde hace casi un siglo el Complejo Metalúrgico de La Oroya, fundición donde trabajó su padre durante más de tres décadas hasta su retiro en el año 1992. Yolanda señala que su padre sufrió de graves trastornos neurológicos, incluyendo convulsiones frecuentes. No fue fácil pasar de ser una persona afectada por la contaminación a defender los derechos humanos de su familia y los de su comunidad, afectada principalmente por altas concentraciones de plomo en la sangre. En sus propias palabras, enterarse de que la afectación a la salud por exposición a plomo era irreversible fue el punto de inflexión para luchar. “Me dije, tu futuro ya está destruido, pero tu tarea es trabajar para que las nuevas generaciones no pasen por esto”.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de Perú ha documentado 4,867 casos de personas peruanas expuestas a metales pesados. Sin embargo, esta cifra sería parcial y subestimaría el impacto real de la contaminación en la salud de las personas y las fuentes de agua. Los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos aseguran que la cifra de personas expuestas día a día a este mix venenoso de sustancias químicas que incluye arsénico, cadmio, plomo y mercurio, entre otros metales, es mucho mayor.

En donde no hay duda es sobre el impacto que estos metales generan sobre la salud humana. Según la Organización Mundial de Salud, la exposición prolongada a metales tóxicos como estos provoca una diversidad de problemas crónicos de salud, entre ellos pérdida de memoria, infertilidad, abortos espontáneos, pérdida de visión, diabetes, enfermedades hepáticas, fallo renal, cáncer y daños irreversibles en el desarrollo fetal.

Para muchos afectados, los principales responsables de una contaminación histórica que enferma y pone en riesgo sus vidas son los megaproyectos extractivos que se desarrollan en todo el Perú, vinculados principalmente a la minería e hidrocarburos, así como la indiferencia del Estado.

Cifras oficiales registran la existencia de 8,448 pasivos ambientales mineros en el país. Los pasivos se refieren a instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas, que representan un riesgo para la salud de las personas y el ambiente.

Sumado a ello, los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano en los ríos y quebradas de la Amazonía en los últimos años han sido una constante. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) registró 51 derrames ocurridos entre junio de 1997 y marzo de 2018 en este oleoducto.

Uno de estos derrames ocurrió en enero de 2016, cuando más de 3,000 barriles de petróleo fueron a parar al río Chiriaco hasta su desembocadura en el río Marañón en Amazonas, región habitada por el pueblo indígena awajún, el segundo más grande en Perú. Según una resolución del Ministerio de Ambiente, el petróleo produjo un daño real a la salud humana, las fuentes de agua, el suelo, la flora y la fauna de la zona.

Luisa Teets, lideresa indígena awajun de la comunidad de La Curva en Chiriaco, recuerda muy bien el trágico episodio. Vio bajar el derrame “tapando toda la quebrada con puro petróleo crudo.” Tal como señala la resolución del Ministerio de Ambiente, Luisa denuncia que la contaminación ha impactado los cultivos tradicionales y los peces de que depende la comunidad por su subsistencia y sus medios de vida. “Ha cambiado el terreno, no da, se mueren las yucas, se pudren,” reclama, “los peces, igualito.”

Ella tiene su chacra y saca a diario peces del río para la alimentación de su familia, y desde que fue elegida Madre Indígena, cargo simbólico de la etnia awajún, no ha parado de denunciar los problemas generados tras el derrame, y ha logrado que las autoridades locales escuchen sus propuestas. “Yo nunca me rindo”, repite.

Parte de no rendirse es luchar para que los responsables de la contaminación atiendan y reparen los daños causados. Flor de María Paraná, mujer indígena del pueblo Kukama de la comunidad nativa de Cuninico, también en la Amazonía, es firme en ello y exige al Estado determinar el origen de la contaminación para que ellas y sus familias no tengan que seguir viviendo con los metales tóxicos en sus cuerpos como si fuera una condición normal.

En su caso, cuando llega el verano y se van las lluvias, tiene que usar agua del río para beber y cocinar, lo cual contiene niveles de metales pesados por encima de los estándares de calidad de agua para el consumo humano, según los resultados de estudios realizados por el gobierno. “Nosotros mismos estamos envenenando a nuestros hijos’”, advierte. La contaminación de las fuentes tradicionales de agua es un problema aún no resuelto para muchas comunidades.

Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2017 alertó sobre la situación en Cuninico y Espinar, concluyendo que el Estado peruano había violado el derecho a la salud de las personas de estas comunidades. La organización exigió al Estado que brinde servicios de salud integral especializados a las personas que presentan metales tóxicos en sus cuerpos.

Asimismo, instó que el Estado investigue, establezca y publique los hallazgos de la causa de contaminación de las fuentes de agua de estas localidades, para controlarla, así como para que se adopten medidas urgentes que aseguren que las comunidades no tengan que depender de fuentes de agua contaminadas.

El trabajo de Amnistía Internacional no es el único. Diversas organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas han desarrollado y documentado el impacto en la salud y las fuentes de agua por la exposición a metales tóxicos. Las conclusiones son similares: la afectación por metales tóxicos tiene terribles consecuencias para la salud, y hasta hoy, el Estado incumple con sus obligaciones para atender de manera integral y efectiva a las personas expuestas a estas sustancias.

En ese contexto, el rol de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, creada en 2017 y apoyada por organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, ha sido fundamental para visibilizar y buscar soluciones al grave problema de salud que enfrentan miles de peruanos y peruanas.

Desde ese espacio, que representa a personas afectadas de doce regiones de Perú, se exige la implementación efectiva de una política y un plan nacional de atención a la salud ambiental y humana por afectación por metales tóxicos. Además, exigen con carácter de urgencia la instalación de una comisión multisectorial de alto nivel que ponga como prioridad nacional esta grave problemática.

El esfuerzo de articulación y organizaciones ha traído logros importantes. Antes de la creación de la Plataforma, muchas comunidades afectadas por la contaminación tenían que enfrentar solas esta lucha inacabable para recibir algún nivel de atención. Hoy, estas comunidades no están solas: han reforzado sus vínculos y se han empoderado a través del intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y el trabajo de incidencia con las autoridades y medios de comunicación.

Ya están generando resultados políticos. Han logrado que la problemática sea un tema prioritario de la política nacional: en 2018 el Ministerio de Salud aprobó en 2018 lineamientos de una política pública nacional para atender a las personas expuestas en todo Perú, los primeros de su tipo en el país. Y, en octubre de 2019, el gobierno se comprometió a crear la Comisión Multisectorial que la Plataforma ha estado exigiendo.

Sin embargo, pese a estos avances importantes, las fuentes de contaminación persisten y miles de personas siguen expuestas a diario a sustancias nocivas, sin tener acceso a agua potable de calidad. Para la Plataforma, entonces, la lucha continúa.

Los testimonios de vida, denuncias y propuestas de Carmen, Melchora, Flor de María, Luisa, Yolanda y muchas otras mujeres han sido claves para presionar a las autoridades a tomar medidas inmediatas, movilizar a miles de personas en la defensa de sus derechos y colocar en la agenda pública este grave problema de salud pública históricamente ignorado por las autoridades.

“La gente [de mi comunidad] ha depositado su confianza en mí, dice Teresa Cuñachi, otra mujer indígena awajún y representante en la Plataforma de Bagua en Amazonas, región muy afectada por los derrames petroleros. “Con esta fuerza salgo y les digo que vamos a lograrlo. Le hice esta promesa a mi gente: luchar hasta el último. Si es posible, doy mi vida por defender mi tierra, mi agua”

Alzar la voz y ser defensora de del medioambiente, la tierra y el territorio en Perú tiene un costo alto: difamaciones, amenazas, criminalización y más. En 2017, Amnistía Internacional documentó estos patrones de ataques en su informe “Una Receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”.

Sin embargo, estos riesgos no han debilitado la fuerza de estas mujeres, y su lucha para sus derechos a la salud, al agua de calidad y a un medio ambiente sano es cada vez más fuerte e incómoda para autoridades que suelen olvidar de sus comunidades lejanas de la capital. 

Desde la Plataforma, ellas han construido una agenda diferenciada, con enfoque de género y con demandas que promueven mayor participación de las mujeres en las decisiones, pues como sus testimonios lo revelan, son las más afectadas y las que están a cargo a diario de la alimentación y el cuidado de sus familias.

Los más altos representantes del Ministerio de Salud y de la Presidencia de Consejo de Ministros saben de primera fuente sobre esta realidad, porque las integrantes de la Plataforma han podido pararse frente a las autoridades a contarles lo que viven. Y ellas no permitirán que estas reuniones queden solo en acuerdos, fotografías y más promesas de papel. “Estamos aquí para pedir resultados”, dice Carmen. Para ellas, se trata de una cuestión de vida o muerte. Y ellas, más que nadie, tienen claro lo que hay que hacer.