Unos desconocidos han disparado contra un comedor temporal para personas migrantes en Huehuetoca, estado de México. Este incidente vino precedido por el cierre de un albergue para migrantes en Lechería; los voluntarios que trabajaban en él se vieron obligados a cerrarlo a causa de la violencia y las amenazas de que eran objeto. Las vidas de las personas migrantes y de los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan con ellas en el estado de México corren grave peligro.El 7 de julio tuvo lugar ante el albergue para migrantes de San Juan Diego un violento enfrentamiento entre migrantes y residentes locales, provocado por personas no relacionadas con el albergue. No había presente ninguna patrulla policial, lo que supone un incumplimiento de la obligación contraída por el estado de proporcionar seguridad al albergue. Tras el enfrentamiento, los residentes locales cortaron las carreteras y amenazaron a las personas a cargo del albergue. Ante la ausencia de una protección efectiva por parte del estado y ante la hostilidad y la violencia de los residentes locales, los voluntarios que trabajan en el albergue se vieron obligados a cerrarlo dos días después. Abrieron dos comedores temporales, el comedor de San José para migrantes, en Huehuetoca, y otro en Lechería, para proporcionar comida y ayuda humanitaria a los migrantes.El 21 de julio, entre las dos y las tres de la mañana, un grupo de hombres armados disparó contra el comedor de San José. Hacia esa misma hora, tres migrantes denunciaron haber sido perseguidos por un grupo de personas que les dispararon con armas de fuego.Los defensores y defensoras de los derechos humanos responsables del albergue para migrantes de San Juan Diego se han reunido en varias ocasiones con las autoridades del estado de México, incluido el gobernador. Las autoridades no han cumplido su promesa de apoyar la reubicación del albergue para que pueda prestar ayuda humanitaria en condiciones de seguridad a las personas migrantes. En Huehuetoca, según los informes, el presidente municipal ha culpado a los voluntarios del ataque al comedor de San José para migrantes, y dice que han lanzado ese ataque en un intento de llamar la atención hacia su situación.
Actúa
Rellena tus datos para que nosotros nos encarguemos de enviar un mensaje por ti (
leer ) al embajador de México en el Perú que incluirá tu nombre, apellidos y correo electrónico.
Señor LicenciadoMANUEL RODRIGUEZ ARRIAGAEmbajador de México en el PerúDe nuestra consideraciónLos abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos en su país, especialmente aquellos comprometidos en enfrentar la trata de personas.La semana pasada, la escritora y periodista Lydia Cacho debió salir del país, ante las repetidas amenazas de muerte que sufría por haber denunciado redes de pornografía infantil y trata de personas, en las cuales estarían participando políticos y empresarios de renombre.Igualmente, en el mes de mayo, también debió salir de México el padre Alejandro Solalinde, sacerdote católico que fundó un refugio para migrantes en el Estado de Oaxaca, debido a las amenazas de muerte que sufrió por denunciar las mafias que lucran con el tráfico de personas, denominadas popularmente como coyotes. Sabemos que ha regresado a México hace algunas semanas y cuenta con protección de las autoridades, pero su salida temporal del país, nos causó mucha preocupación.En este contexto, nos permitimos llamar su atención sobre diversos incidentes violentos ocurridos en el Estado de México, donde el 7 de julio las personas a cargo del albergue para migrantes San Juan Diego, ubicado en la localidad de Lechería, debieron cerrarlo, ante las sucesivas agresiones que han venido sufriendo: el año pasado, al menos se produjeron dos asesinatos de los migrantes, Marisol Ortiz y Julio Cardona y se sabe que existía la intención de incendiar el albergue.Días después del cierre del albergue San Juan Diego, los voluntarios a cargo del albergue abrieron de manera provisional un comedor denominado San José en la localidad de Huehuetoca, pero en la noche del 21 de julio, un grupo de hombres armados disparó contra el comedor y contra tres migrantes centroamericanos, que afortunadamente sobrevivieron al ataque.Por todo ello, instamos a las autoridades mexicanas a realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre los asesinatos de Marisol Ortiz y Julio Cardona, las amenazas sufridas por Lydia Cacho y Alejandro Solalinde, así como los atentados contra el albergue San Juan Diego y el comedor San José.Pedimos especialmente que se brinde protección efectiva al personal del comedor de San José y del otro comedor temporal que se ha abierto en Lechería , así como de os migrantes que acuden a estos establecimientos. Desde Amnistía Internacional consideramos urgente que se garantice la reapertura del albergue San Juan Diego, que prestaba un servicio humanitario fundamental para muchos migrantes que se encuentran en territorio mexicano. Consideramos que una solución podría ser la reubicación del albergue en otro lugar, siempre que se consulte con los propios interesados.Le solicitamos, señor Embajador, que ponga en conocimiento del Secretario de Gobernación y de las autoridades del Estado de México y de las diferentes autoridades nuestra preocupación por el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes y de las personas que les brindan apoyo y solidaridad.Atentamente,
[ai-form tipo="web_accion" accion="migrantesmexico"]
Información adicional
El personal, los voluntarios y los migrantes del albergue para migrantes de San Juan Diego, en Lechería, estado de México, han sido objeto de abusos y ataques sistemáticos. Parte de la población local ha protestado violentamente contra la existencia del albergue, y estas protestas se están intensificando de nuevo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares en favor del albergue, pero esas medidas no bastan para garantizar la protección del personal, los voluntarios y los migrantes.El 30 de enero de 2011, Guadalupe Calzada, entonces directora del albergue, fue informada de la existencia de un plan para quemar el albergue, asesinar a los migrantes guatemaltecos y matarla a ella "como un perro" en un plazo de tres días. Se cree que la amenaza procedía de bandas de traficantes de personas que actúan en la zona y que consideran que el albergue amenaza sus actividades delictivas. Se informó a las autoridades de esta amenaza, y se les pidió protección.El 13 de agosto de 2011, un grupo de más de 30 personas de la comunidad local de Lechería se reunió ante el albergue para migrantes para pedir su cierre. Los residentes locales amenazaron con quemar el albergue si no se cerraba, y con irrumpir en él y sacar de allí a los migrantes ellos mismos.El 11 de diciembre de 2011, unos 80 residentes de la comunidad local de Lechería se congregaron para pedir el cierre del albergue. Protestaban porque, según decían, el albergue atrae problemas -como drogas y narcotraficantes- para su barrio. Varios de ellos destruyeron además las cabañas improvisadas que los migrantes habían levantado junto a las vías del tren, a unos metros del albergue, y prendieron fuego a algunas de las pertenencias de los migrantes. Según los empleados del albergue, varios de los manifestantes les insultaron y trataron de golpearlos.El 11 de julio, para hacer frente a las necesidades humanitarias de emergencia de los migrantes de Lechería, los voluntarios establecieron un comedor temporal en una tienda bajo un puente en Lechería. El 21 de julio, los residentes locales se manifestaron para pedir la retirada de la tienda.Centenares de miles de migrantes irregulares (personas que carecen de documentos oficiales de viaje) tratan cada año de atravesar México desde América Central y del Sur para llegar a Estados Unidos. Muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen. Amnistía Internacional visitó recientemente México para investigar los informes sobre violaciones de derechos humanos contra estas personas. Durante su visita, descubrió que muchas habían sido secuestradas por bandas, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes.Amnistía Internacional lanzó recientemente una acción para dar visibilidad a la terrible situación de los migrantes que atraviesan México y para proporcionar a los migrantes que cruzan el país la ayuda que tanto necesitan. Pueden emprender esa acción aquí:
http://mandacalcetines.org/