Se calcula que cerca 80 000 personas se congregaron ayer 5 de noviembre en el Zócalo del DF. Las manifestaciones de solidaridad se dieron en otras ciudades en el mundo también. (Foto: Carlos Ramos Mamahua/La Jornada)
La detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, puede ser un paso adelante en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes y el homicidio de otras seis personas el pasado 26 de septiembre. Ambos han sido señalados como los posibles autores intelectuales de esos delitos, los cuales fueron llevados a cabo por policías municipales y miembros de la delincuencia organizada.
Sin embargo, a más de un mes de los hechos, aún se desconoce el paradero de los estudiantes. Amnistía Internacional lamenta que al día de hoy, las múltiples medidas adoptadas por el Estado no hayan sido exitosas para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, lo cual plantea la duda acerca de la verdadera efectividad de las medidas implementadas.
"Las autoridades federales y estatales deben profundizar todas las líneas de búsqueda y de investigación, mas allá incluso de la detención de estas dos personas. Esto con el objetivo de identificar a todas las personas responsables de estos hechos, ya sean funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno o integrantes de bandas delictivas", señaló Perseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
"Las autoridades también deben responder por la falta de investigación, ya sea por complicidad o por negligencia, con relación a violaciones de derechos humanos y posibles vínculos con el crimen organizado que pesaban desde hace años contra Abarca y Pineda."
De acuerdo con cifras oficiales, más de 22,000 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas en México. Sin embargo, el gobierno nunca ha publicado información desagregada ni la metodología utilizada para obtener esta cifra. Resulta preocupante que no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, es decir, cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público, y se niega información sobre el paradero de la víctima.
A pesar de la gran cantidad de casos en la cual se ha señalado el involucramiento de funcionarios públicos, existen sólo seis condenas por el delito de desaparición forzada en el fuero federal, según información oficial. Todas las condenas ocurrieron entre 2005 y 2009.
"Ante la falta de investigaciones adecuadas, es evidente que la detención de Abarca y su esposa no será suficiente si no está acompañada de medidas integrales que permitan poner fin a esta práctica, esclarecer el paradero de todas las personas desaparecidas y llevar a los responsables ante la justicia", afirmó Quiroz Rendón.
Pese a la relevancia de estas detenciones, aún continúan prófugas personas que la propia PGR ha identificado como claves para el esclarecimiento total de los hechos y para la ubicación del paradero de los normalistas desaparecidos. En ese sentido, la obligación de procurar justicia respecto de un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables.