México no es solo país de deportados, sino un país que deporta ilegalmente
Emilia* cuenta que llevó a su familia a México después de que su hermano y dos de sus hijos fueran asesinados en El Salvador, su país natal. De los miles de personas que huyen de América Central a México, ella fue una de las afortunadas. Después de solicitar asilo, México le dio protección y residencia. La gran mayoría no corre con la misma suerte.
Mientras el presidente Donald Trump ha captado la atención mundial con sus planes polémicos de construir un muro en la frontera sureña de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas están trabajando duro, pero discretamente, para evitar que las personas que huyen de Centroamérica se queden en México.
En 2017 el gobierno mexicano deportó a 80.353 personas por haber ingresado al país sin contar con los papeles necesarios o por otras irregularidades migratorias. Pero en muchas ocasiones las deportaciones no solamente violan la ley mexicana, sino también el derecho internacional, poniendo en riesgo a la vida de las personas deportadas.
Es importante entender la experiencia humana de la deportación, y las historias que vienen detrás de estas cifras.
Conocí a Emilia (*un nombre supuesto, por su seguridad) en noviembre de 2016, en la frontera de México con Guatemala.
Estaba compartiendo un pequeñísimo cuarto de un hotel fronterizo con su esposo, sus seis hijos y su nieta aún bebé. A pesar de estas circunstancias incómodas de hacinamiento, estaba contenta, pues había logrado escapar de una situación tan peligrosa en El Salvador que cualquier lugar seguro era para ser agradecido.
Sus hijos asesinados, ambos adolescentes, trabajaban como cobradores de autobuses, un trabajo que no parece en principio peligroso. Pero en El Salvador esta labor te puede costar la vida, debido a las poderosas redes de control y extorsión que ejercen las “maras (pandillas criminales)” sobre la industria de transporte.
La historia de Emilia es la historia de miles de personas que huyen principalmente de El Salvador y Honduras, que se cuentan entre los países más violentos del planeta.
Organizaciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas calculan que, hasta la mitad de las aproximadamente 500.000 personas que cruzan la frontera sur de México cada año podrían necesitar protección internacional.
Pero miles de estas personas no conocen sus derechos, o si levantan la voz son ignoradas. Aunque tengan el derecho de solicitar asilo en México, a muchas personas el estado mexicano les deporta sin tomar en cuenta el riesgo que corren. Conocida como “devolución” o “refoulement”, esta práctica es ilegal según el derecho internacional y la legislación mexicana.
Durante 2017, Amnistía Internacional hizo una una encuesta de 500 personas de Centroamérica en México. De sus testimonios, 120 proporcionaban sólidos indicios de devolución.
Un hombre que había viajado a México para solicitar asilo después de recibir amenazas de muerte en Honduras nos dijo que había llorado de desesperación para intentar detener su deportación. Cuenta que los funcionarios no le escucharon ni le informaron de su derecho a presentar una solicitud de asilo y lo devolvieron sin más a su país.
Además, durante nuestras investigaciones, encontramos numerosos testimonios de personas que fueron presionadas para firmar un papel de deportación, en contra de su voluntad.
Asimismo, de las 297 personas que nos contaron que fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), 75 por ciento dice no haber sido informado de su derecho a solicitar asilo en México.
Cada persona sujetada a una orden de deportación tiene una serie de derechos bajo el derecho internacional, incluyendo los de asistencia legal, de ser escuchado por una autoridad competente, y de tener la oportunidad de impugnar su deportación. No obstante, para miles de personas de Centroamérica, estos derechos simplemente no existen.
El 94 por ciento de las personas deportadas por México en 2017 venían de El Salvador, Guatemala u Honduras. Nuestras investigaciones indican que en la mayoría de estos casos las personas no tuvieron la oportunidad de cuestionar su deportación y, simplemente, fueron regresados a su país sin más preguntas.
Es hora que las autoridades mexicanas, específicamente sus órganos judiciales, empiecen a investigar de manera independiente a los funcionarios que violan la ley y llevan a cabo estas devoluciones ilegales y, de existir motivos suficientes y admisibles en su contra, los mismos sean juzgados con imparcialidad.
La vida y la seguridad de miles de personas está en riesgo, y México no puede seguir ignorándolas.