Estado peruano debe fortalecer sus políticas de memoria del conflicto armado interno.
Amnistía Internacional muestra su preocupación frente a los últimos ataques e informaciones mal intencionadas que buscas desprestigiar el trabajo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social y frenar de esta forma los esfuerzos que tanto desde el Estado como desde las propias víctimas se hacen para recordar los lamentables acontecimientos del Conflicto Armado Interno que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000.
“El presidente Vizcarra debe mostrar un compromiso con todas las víctimas del Conflicto Armado Interno que vivió el país y fortalecer las políticas de memoria del Estado peruano” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. “Es importante la existencia de lugares de memoria que sirvan de espacios de educación para que evitar que se repitan graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas y violencia sexual contra mujeres, que ocurrieron en el Perú y que afectaron en su mayoría a personas quechua hablantes y comunidades indígenas”.
Es importante recordar a las autoridades peruanas que en materia de justicia para las víctimas del Conflicto Armado Interno ha habido pocos avances en los últimos años a pesar de procesos importantes como la sentencia por el caso Los Cabitos y el caso Sótanos del SIE. Quedan pendientes los juicios por violencia sexual en las localidades de Manta y Vilca (Apurímac), las matanzas de Cayara (Ayacucho) y el atentado de Sendero Luminoso en la calle Tarata (Lima). Asimismo, está pendiente la búsqueda de más de 20.000 personas desparecidas según el primer listado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade), presentado hace unos días por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A inicios de este año la organización mostró su preocupación ante la apertura de investigación por parte de la fiscalía provincial penal de Ayacucho a la organización ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú) presuntamente por apología al terrorismo en el ‘Museo de la Memoria’ que fue fundado hace más de diez años con el apoyo de la Cooperación Alemana.
Hacemos un llamado al presidente Vizcarra a evitar que se busque desacreditar los esfuerzos que se realizan desde el Estado y las organizaciones de víctimas de la violencia por construir memoria de las graves violaciones de Derechos Humanos que vivió el Perú en su historia reciente. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.