La muerte de nueve manifestantes y 24 policías ha sido confirmada después de enfrentamientos en la zona amazónica del Perú el pasado viernes. Por lo menos 169 manifestantes y 31 policías resultaron heridos. Hay al menos 79 detenidos, entre los cuales hay menores de edad.

"La situación en la Amazonía sigue crítica," informó Nuria García, la investigadora de Amnistía que se encarga del Perú. "Es esencial que las autoridades tomen medidas decisivas para impedir que se cometan violaciones contra los derechos humanos y que sus acciones faciliten un incremento de la violencia."

Hace más de 50 días que los pueblos indígenas en el departamento de Amazonas se manifiestan contra una serie de decretos sobre el uso de la tierra y los recursos naturales en la selva amazónica. Estos decretos son parte del tratado de libre comercio entre el Perú y los Estados Unidos.

El Estado peruano no consultó a los pueblos indígenas sobre estos decretos, a pesar de su obligación de hacerlo según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. Debido a las manifestaciones, el gobierno declaró un estado de emergencia en la zona por 60 días el 9 de mayo.

El viernes, la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojó forzosamente a los manifestantes indígenas que habían bloqueado la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. Amnistía Internacional ha recibido noticias de un incremento de violencia que incluye el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del orden además de casos de policías secuestrados y ejecutados por miembros de las comunidades indígenas.

Se ha presentado cargos de rebelión, sedición y conspiración a la rebelión y al orden público contra varios líderes de las organizaciones indígenas. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Las autoridades expidieron una orden para el arresto de Alberto Pizango el pasado sábado. Supuestamente está refugiado en la embajada nicaragüense de Lima desde el lunes.

"Es imperativo que las autoridades apropiadas lleven a cabo una investigación imparcial inmediatamente para establecer la verdad sobre los crímenes que se han cometido y para llevar ante la justicia a los responsables, quienesquiera que sean," dijo Nuria García.

Amnistía Internacional constató que, aunque las autoridades tengan el derecho y la responsabilidad de mantener el orden, esto debe realizarse haciendo un uso apropiado de la fuerza, y en cumplimiento con las obligaciones de respetar los derechos humanos.

"Los derechos a la vida, a la integridad física y a ser libre de la tortura y otros malos tratos son derechos que hay que respetar siempre, incluso en situaciones extraordinarias," dijo Nuria García.

La organización también ha hecho un llamado a los líderes de las organizaciones indígenas para que envíen un mensaje claro a los manifestantes diciendo que la toma de rehenes y el asesinato de oficiales de la ley son inaceptables.