Las autoridades israelíes deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones al defensor palestino de los derechos humanos Mahmoud Nawajaa, de 34 años y coordinador general del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Está detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación y es, por tanto, preso de conciencia.

Israel debe poner fin de inmediato a la campaña de hostigamiento, intimidación y represalias emprendida contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos que defienden pacíficamente los derechos de la población palestina. Asimismo, la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos por proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en Israel y los TPO. Los gobiernos que criminalizan o restringen de manera indebida las actividades del movimiento BDS deben poner fin a tales medidas y garantizar que sus partidarios pueden expresar libremente sus opiniones y llevar a cabo sus campañas sin sufrir hostigamiento ni amenazas de procesamiento.

El 30 de julio, alrededor de las tres y media de la madrugada, las fuerzas israelíes irrumpieron en la casa de MahmoudNawajaa, en la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada, y lo detuvieron. Según su esposa, Ruba Alayan, unos soldados armados forzaron la puerta y, nada más entrar en la casa, esposaron a Mahmoud Nawajaa. No mostraron ninguna orden de detención ni explicaron por qué lo detenían ni adónde lo llevaban. En un vídeo que grabó Ruba Alayan se ve cómo alrededor de 20 soldados se llevan a Mahmoud Nawajaa, esposado y con los ojos vendados.

Lo condujeron a la prisión de Kishon, conocida también como centro de detención de Al Jalama, en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe el traslado de detenidos de un territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante. Desde su detención, se niega a Mahmoud Nawajaa el acceso a un abogado y el contacto con su familia.

Según un abogado que le ha proporcionado la ONG palestina Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos ADDAMEER, la Agencia de Seguridad Interna de Israel alega que Mahmoud Nawajaa pertenece a una organización “ilegal” a la que presta servicios. Sin embargo, aún no se han presentado formalmente cargos contra él. El 2 de agosto, el Tribunal Militar de Samaria de Israel, que tiene su sede cerca la ciudad cisjordana de Yenín, ordenó prorrogar la detención de Mahmoud Nawajaa 15 días. Su abogado recurrió contra la decisión, y el 4 de agosto el Tribunal Militar de Apelaciones de Israel redujo la prórroga a ocho días. La siguiente vista judicial del caso de Mahmoud Nawajaa tendrá lugar el 9 de agosto.

Mahmoud Nawajaa trabaja desde 2014 para BDS, movimiento de base establecido en 2005 y que hace campaña por medios no violentos para que se ponga fin al apoyo internacional a la opresión de la población palestina. Ha dirigido numerosas campañas en demanda de la adopción de medidas internacionales para presionar a Israel a fin de que cumpla con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional. En la campaña más reciente del movimiento se pedía la aplicación de sanciones específicas en respuesta al plan de Israel de anexionarse más territorios de la Cisjordania ocupada, lo que constituiría una infracción del derecho internacional y exacerbaría las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante decenios contra la población palestina.

La intensificación de los actos de intimidación que perpetra el gobierno israelí ha creado un entorno cada vez más peligroso para los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras voces que condenan en Israel y en los TPO la continuidad de la ocupación militar israelí. Las autoridades israelíes se han valido de diversas medidas para atacar y hostigar a estas personas, entre ellas detenciones arbitrarias y restricciones de la libertad de circulación, así como aplicación indebida de la legislación penal. Durante sus 53 años de ocupación militar, Israel ha aplicado políticas y sistemas legales discriminatorios, como consecuencia de los cuales la población palestina ha sufrido abusos sistemáticos contra los derechos humanos.

Las autoridades israelíes deben poner fin a sus persistentes ataques contra defensores y defensoras palestinos de derechos humanos y acabar con el clima de intimidación en que viven. Israel tiene la obligación de respetar los derechos humanos en los TPO, incluido el derecho a la libertad de expresión sin sufrir discriminación. Las autoridades deben poner fin a la detención arbitraria de Mahmoud Nawajaa y garantizar que puede ejercer en condiciones de seguridad su derecho a la libertad de expresión y de asociación sin temor a sufrir represalias.

Algunos gobiernos, en particular los que incluyen la protección de los derechos humanos en su política exterior, como los Estados miembros de la Unión Europea, han condenado ocasionalmente estas medidas arbitrarias. Sin embargo, la comunidad internacional en su conjunto no ha emprendido en general acciones concretas para presionar a Israel a fin de que ponga fin a tales prácticas. Las autoridades israelíes han entendido por ello que tienen luz verde para continuar con ellas. La comunidad internacional deben indicar claramente que los ataques de Israel contra defensores y defensoras de los derechos humanos y otras voces que condenan la ocupación israelí no se tolerarán.

REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO BDS

En los últimos años, el movimiento BDS ha adquirido cada vez más notoriedad en todo el mundo. En 2015, el inmenso apoyo mundial que recibía y su creciente historial de logros llevaron a Israel a declararlo una amenaza estratégica y a movilizarse contra él en consecuencia. Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por la seguridad de uno de sus fundadores, Omar Barghouti: las autoridades israelíes han hecho declaraciones en las que lo amenazan con daños físicos, le han retirado el permiso de residencia permanente en Israel y le han privado del derecho a viajar libremente.

En 2011, las autoridades israelíes promulgaron leyes que tipifican como delito propugnar boicots contra Israel, incluidos sus asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada .En 2017 reformaron la Ley de Entrada en Israel para prohibir que cualquier persona que trabaje en una organización que promueva un boicot a Israel o a entidades israelíes, incluidos los asentamientos, entre en Israel o en los TPO. En aplicación de la Ley, las autoridades han negado la entrada a defensores y defensoras de los derechos humanos, abogados y abogadas, estudiantes y profesionales de la medicina, entre otras personas.

En estados de todo Estados Unidos hay vigentes o se están estudiando leyes que criminalizan el movimiento BDS6. En mayo de 2019, el Parlamento alemán (Bundestag) adoptó una resolución que tacha de antisemita el movimiento BDS. El Parlamento australiano aprobó una resolución similar en febrero de 2020. En ambos países, hay ciudades que han aprobado también resoluciones que restringen indebidamente en ellas el activismo BDS. En diciembre de 2019, el gobierno británico anunció su intención de adoptar medidas que penalizan o restringen el activismo BDS. El 11 de junio de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la sentencia condenatoria dictada en Francia contra 11 activistas por organizar acciones para pedir un boicot a los productos israelíes viola su derecho a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional no toma postura sobre los boicots ni ha pedido ni aprobado nunca ninguno en ninguna parte del mundo. Depende de cada persona y cada organización determinar qué estrategias pacíficas desea utilizar para promover los derechos humanos. La petición de boicots, desinversión y sanciones es una forma de promoción pacífica y de libre expresión que debe ser protegida. Quienes propugnen boicots deben poder expresar sus opiniones libremente y llevar a cabo sus campañas sin sufrir hostigamiento, amenazas de procesamiento, criminalización u otras medidas que violen el derecho a la libertad de expresión.

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