Los líderes mundiales que se reúnen esta semana en San Petersburgo deben condenar la draconiana ley homófoba adoptada por Rusia y hacer cuanto esté en su poder para persuadir a las autoridades de que la deroguen, ha afirmado Amnistía Internacional en vísperas de la reunión del G-20 que comienza el 5 de septiembre."La nueva ley de Rusia, que prohíbe de hecho el activismo público de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), sólo ha conseguido crear un clima de intolerancia y promover la violencia de grupos parapoliciales", ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.La ley, que entró en vigor el pasado mes de julio, impone multas a las personas y organizaciones acusadas de promover "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales", que afirma que podrían corromper moralmente a la infancia."La ley establece el marco de una discriminación patrocinada por el Estado y se ha adoptado después de una constante de abusos contra las personas LGBTI, en la que sistemáticamente las autoridades no han investigado los crímenes de odio. Es una medida más de una larga lista introducida durante la actual presidencia de Vladimir Putin para impedir que la gente disfrute de sus libertades y hable abiertamente de los derechos humanos", ha afirmado John Dalhuisen.El 29 de junio, la policía detuvo a 55 activistas del colectivo LGBTI tras haber intentado celebrar una manifestación pacífica en San Petersburgo para sensibilizar sobre el aumento de la discriminación y de los ataques homófobos violentos en Rusia. Las detenciones se practicaron a pesar de que los organizadores habían informado a las autoridades municipales de la fecha y la finalidad del acto, tal como prescribe la ley.Sin embargo, poco después de comenzar el acto, la policía comunicó a los manifestantes que las autoridades locales habían recibido una denuncia en la que se afirmaba que la reunión vulneraba la prohibición de hacer "propaganda de la homosexualidad" entre menores de edad, impuesta por la legislación municipal en 2012. Cuando los manifestantes se negaron a interrumpir la manifestación y marcharse del lugar, la policía formó un cordón y los empujó hacia los vehículos policiales y entonces se practicaron las detenciones.Las autoridades incoaron a continuación causas administrativas contra las personas detenidas por no acatar la orden legítima de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Desde entonces, todos los activistas han quedado en libertad. También se ha impedido y perturbado el desarrollo de actividades públicas de activistas LGBTI en otros lugares de Rusia.Las organizaciones de LGBTI, como "Vyhod" (Saliendo) y el festival de cine LGBTI "Bok o Bok" (Juntos), en ambos casos con sede en San Petersburgo, han sufrido las acciones de las autoridades. Las organizaciones y sus dirigentes también fueron multados en virtud de la llamada "ley de agentes extranjeros", que exige que toda ONG que reciba apoyo extranjero y participe en "actividades políticas", definidas en términos imprecisos, se registre como "organización que desempeña las funciones de un agente extranjero" y marque en consecuencia todos sus materiales públicos. Estas dos organizaciones han rechazado siempre que se las defina como "agentes extranjeros".Además del hostigamiento por parte de las autoridades, han surgido en toda Rusia grupos parapoliciales que actúan abiertamente contra las personas LGBTI. Las autoridades no han tomado medidas para proteger a las víctimas y enjuiciar a quienes están detrás de estos ataques, a pesar de la documentación filmada por los autores, que han difundido vídeos en Internet.