El Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar inmediatamente en relación con las recomendaciones de su propio panel de expertos e imponer un embargo total de armas para poner fin a la entrada de armas en Sudán del Sur, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Tras el estallido del conflicto en diciembre de 2013, Amnistía Internacional ha estado recabando apoyos a favor de un embargo de armas a fin de contribuir a poner fin a violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los combates han causado decenas de miles de muertes civiles, así como el desplazamiento de cientos de miles más."El acuerdo de paz del año pasado ha resultado insuficiente para poner fin a las atrocidades y dar paso a la rendición de cuentas en el conflicto armado interno de Sudán del Sur. Debería ser muy fácil para la comunidad internacional suspender la entrada de armas a los lugares donde éstas se están empleando reiteradamente para cometer crímenes de guerra y perpetuar violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y abusos", afirmó Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
"El embargo de armas debe verse como una medida preventiva más que punitiva, y ser un paso esencial para consolidar un respeto duradero a los derechos humanos. Ningún país debe transferir armas a ninguna parte del conflicto de Sudán del Sur hasta que haya garantías claras y exigibles de que esas armas no se emplearán para cometer o facilitar que se cometan más violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario."El informe del panel de la ONU concluyó que las dos partes han seguido tratando de armar a sus fuerzas, incluso después de la firma del acuerdo de paz en agosto de 2015 y ante la considerable tensión económica, y que la continua entrada de armas ha tenido un impacto devastador en la población civil y en el conjunto de la situación de la seguridad del país.Por tanto, ha pedido un embargo total del suministro, venta, transferencia o transbordo de armas, municiones, vehículos militares y cualquier otra forma de asistencia militar, incluidos la asistencia técnica y económica, el mantenimiento de equipos y el adiestramiento, a Sudán del Sur.Entre los países que según el informe han facilitado transferencias de armas a Sudán del Sur figura Ucrania, que ha transferido helicópteros y ametralladoras, y ha proporcionado asistencia logística militar. Fuentes independientes comunicaron al panel que existe un "acuerdo permanente no escrito" por el que Uganda actúa de canal en la región para las transferencias de armas y munición. Los rifles israelíes Micro Galil vistos en el estado del Alto Nilo, por ejemplo, fueron exportados originalmente por Israel a Uganda en 2007, pero posteriormente se vendieron al Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur en 2014. En el informe se califica al gobierno sudanés de "proveedor de armas por defecto de la oposición" en Sudán del Sur, aunque las fuerzas de la oposición también usan munición procedente de China y la ex Unión Soviética.En julio de 2014, Amnistía Internacional criticó duramente el envío de más de mil toneladas de armas pequeñas y armas ligeras al gobierno de Sudán del Sur por el fabricante estatal chino China North Industries Corporation (NORINCO). Tras el clamor internacional, el gobierno chino canceló las transferencias de armas en septiembre del mismo año.Al expresar su satisfacción ante la petición de un embargo de armas por el panel de la ONU, Amnistía Internacional añadió que debía incluir todas las exportaciones indirectas a través de otros países, la transferencia de componentes militares, tecnologías de doble uso y cualquier actividad de intermediación, económica o logística que facilite las transferencias de armas.Información complementariaAmnistía Internacional pidió al Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 2007 que reforzara las condiciones del embargo de armas de la ONU a Sudán ampliando su aplicación a todo el territorio sudanés, incluido Sudán del Sur (antes de que éste se convirtiera en un Estado independiente en 2011). Desde que comenzó el conflicto entre las fuerzas leales al presidente de Sudán del Sur Salva Kiir y las leales al líder de la oposición Riek Machar en diciembre de 2013, Amnistía Internacional y otros han documentado y publicado datos sobre crímenes de guerra y otras violaciones graves y abusos cometidos por ambas partes. Un informe de la Unión Africana publicado en octubre de 2015 condenó los homicidios, las torturas, las mutilaciones y las violaciones de civiles, así como el canibalismo forzado.El conflicto ha causado decenas de miles de muertes, así como la destrucción de poblaciones enteras. Aproximadamente 1,6 millones de personas han sido desplazadas internamente y otras 600.000 han huido a los países vecinos. Se calcula que 3,9 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, y la ONU ha advertido en reiteradas ocasiones del riesgo de empeoramiento de la crisis humanitaria y de que se produzca una hambruna si continúan los combates.Pese a los varios intentos de alto el fuego en los años siguientes, que culminaron en un acuerdo de paz más elaborado firmado en agosto de 2015, sigue existiendo un desprecio total al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como la ausencia de rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos en el conflicto. Por otra parte, el establecimiento de un gobierno de transición de unidad nacional previsto en el acuerdo de paz está estancado.
"El embargo de armas debe verse como una medida preventiva más que punitiva, y ser un paso esencial para consolidar un respeto duradero a los derechos humanos. Ningún país debe transferir armas a ninguna parte del conflicto de Sudán del Sur hasta que haya garantías claras y exigibles de que esas armas no se emplearán para cometer o facilitar que se cometan más violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario."El informe del panel de la ONU concluyó que las dos partes han seguido tratando de armar a sus fuerzas, incluso después de la firma del acuerdo de paz en agosto de 2015 y ante la considerable tensión económica, y que la continua entrada de armas ha tenido un impacto devastador en la población civil y en el conjunto de la situación de la seguridad del país.Por tanto, ha pedido un embargo total del suministro, venta, transferencia o transbordo de armas, municiones, vehículos militares y cualquier otra forma de asistencia militar, incluidos la asistencia técnica y económica, el mantenimiento de equipos y el adiestramiento, a Sudán del Sur.Entre los países que según el informe han facilitado transferencias de armas a Sudán del Sur figura Ucrania, que ha transferido helicópteros y ametralladoras, y ha proporcionado asistencia logística militar. Fuentes independientes comunicaron al panel que existe un "acuerdo permanente no escrito" por el que Uganda actúa de canal en la región para las transferencias de armas y munición. Los rifles israelíes Micro Galil vistos en el estado del Alto Nilo, por ejemplo, fueron exportados originalmente por Israel a Uganda en 2007, pero posteriormente se vendieron al Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur en 2014. En el informe se califica al gobierno sudanés de "proveedor de armas por defecto de la oposición" en Sudán del Sur, aunque las fuerzas de la oposición también usan munición procedente de China y la ex Unión Soviética.En julio de 2014, Amnistía Internacional criticó duramente el envío de más de mil toneladas de armas pequeñas y armas ligeras al gobierno de Sudán del Sur por el fabricante estatal chino China North Industries Corporation (NORINCO). Tras el clamor internacional, el gobierno chino canceló las transferencias de armas en septiembre del mismo año.Al expresar su satisfacción ante la petición de un embargo de armas por el panel de la ONU, Amnistía Internacional añadió que debía incluir todas las exportaciones indirectas a través de otros países, la transferencia de componentes militares, tecnologías de doble uso y cualquier actividad de intermediación, económica o logística que facilite las transferencias de armas.Información complementariaAmnistía Internacional pidió al Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 2007 que reforzara las condiciones del embargo de armas de la ONU a Sudán ampliando su aplicación a todo el territorio sudanés, incluido Sudán del Sur (antes de que éste se convirtiera en un Estado independiente en 2011). Desde que comenzó el conflicto entre las fuerzas leales al presidente de Sudán del Sur Salva Kiir y las leales al líder de la oposición Riek Machar en diciembre de 2013, Amnistía Internacional y otros han documentado y publicado datos sobre crímenes de guerra y otras violaciones graves y abusos cometidos por ambas partes. Un informe de la Unión Africana publicado en octubre de 2015 condenó los homicidios, las torturas, las mutilaciones y las violaciones de civiles, así como el canibalismo forzado.El conflicto ha causado decenas de miles de muertes, así como la destrucción de poblaciones enteras. Aproximadamente 1,6 millones de personas han sido desplazadas internamente y otras 600.000 han huido a los países vecinos. Se calcula que 3,9 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, y la ONU ha advertido en reiteradas ocasiones del riesgo de empeoramiento de la crisis humanitaria y de que se produzca una hambruna si continúan los combates.Pese a los varios intentos de alto el fuego en los años siguientes, que culminaron en un acuerdo de paz más elaborado firmado en agosto de 2015, sigue existiendo un desprecio total al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como la ausencia de rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos en el conflicto. Por otra parte, el establecimiento de un gobierno de transición de unidad nacional previsto en el acuerdo de paz está estancado.