Escribe: Ismael Vega - Miembro de AI y especialista en Pueblos Indígenas
"Mi nombre es Julia Pérez. Soy la esposa de Edwin Chota, tengo dos hijos y siete meses de gestación. No sé si mi bebé es varoncito o mujercita porque no me he controlado, en Saweto no hay eso. Yo tengo que volver a mi casa a pesar de las amenazas de los madereros. Ahí daré a luz. Pero en Pucallpa nos quedaremos hasta que se solucione lo que pensamos hacer. Nuestros esposos no son animales para que este asesinato quede así nomás. Al presidente Humala le pido que vele por nuestros hijos, pero lo más necesario es el título de nuestro terreno para poder vivir tranquilos. Que los concesioneros salgan, que los anulen, porque de qué vale que nos titulemos si los concesioneros van a seguir nomás, igual". (Julia Pérez, esposa del líder Ashaninka, Edwin Chota)[1] La muerte de los dirigentes Asháninka Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo, es como un golpe en la mesa, un grito desde la Amazonía, que nos recuerda lo lejos que estamos aún de solucionar los profundos desencuentros entre el Estado y los pueblos indígenas amazónicos. Ellos fueron asesinados, el 1 de septiembre cuando viajaban desde su comunidad Alto-Tamaya Saweto, en la región de Ucayali para asistir a una reunión con sus hermanos Asháninka que habitan al otro lado de la frontera con Brasil para fortalecer la defensa de sus territorios frente a la tala y la explotación ilegal de madera. De acuerdo a datos de organismos oficiales como el OSINFOR (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) entre los años 2009 y 2013, el dinero producto de la extracción ilegal de madera ascendió a más de US$ 31 millones. Además, se estima que la madera proveniente de la tala ilegal representa entre el 40% y el 60% de la que se obtiene en todo el país.En los últimos años, la sociedad civil ha asistido a un avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y luego de los lamentables sucesos de Bagua del 2009, cuyas heridas aún siguen abiertas, se ha reconocido una mayor presencia de los problemas indígenas en la agenda pública nacional. Sin embargo, el asesinato de los cuatro dirigentes del pueblo Ashaninka, nos muestra que los problemas de fondo de nuestro país, están intactos y lejos de ser resueltos.Si bien la comunidad Alto-Tamaya Saweto, había sido reconocida el 2003, aún no estaba titulada y parte de su territorio había sido otorgado en concesión a los madereros sin ninguna consulta ni consentimiento de parte de sus miembros. Por eso, el 31 de agosto, salieron de su comunidad para continuar su larga y solitaria lucha contra la deforestación del bosque y los impactos del cambio climático. Lejos de los escenarios de Lima y de los discursos oficiales que se preparan para la COP-20. Los Ashaninka asesinados denunciaron, demandaron diálogo intercultural y le propusieron al gobierno de Humala trabajar juntos para defender sus territorios y sus vidas, pero las autoridades no actuaron y los dejaron morir.La sociedad en general y los defensores de derechos humanos debemos mantenernos vigilantes y actuar para que la muerte de los dirigentes Asháninka no quede impune y para exigir que se atienda sus demandas históricas relacionadas con su derecho al territorio, su bosque y su cultura.No basta con indignarnos, es necesario actuar como ciudadanos y ciudadanas, visibilizando el asesinato de los Ashaninka, mediante acciones como las que ha emprendido Amnistía Internacional[2], que está recolectando firmas para exigirle al Estado y a las autoridades pertinentes, la realización de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de los cuatro dirigentes Ashaninka e identificar a los responsables.Asimismo, exige que los resultados de la investigación se hagan públicos y se garantice que los responsables comparezcan ante la justicia. Finalmente, demandamos que se brinde protección completa a los miembros de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, así como a otras comunidades que corren peligro de sufrir ataques de madereros ilegales.[1] Declaraciones recogidas por Elizabeth Prado, Diario La República, 15 de setiembre 2014.