Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades nicaragüenses que proporcionen tratamiento contra el cáncer a una mujer a la que actualmente se le está negando a causa de una ley que prohíbe el aborto en todas las circunstancias.Amalia (no es su nombre real), de 27 años, está embarazada de 10 semanas, y el 2 de febrero se le diagnosticó un cáncer que puede haberse extendido ya al cerebro, el corazón y los pechos.Las autoridades nicaragüenses están impidiendo que los médicos le pongan tratamiento para el cáncer mientras esté embarazada, ya que el personal médico podría ser procesado si causa daño al feto durante el tratamiento, aunque ese daño no sea intencionado."Causa conmoción ver que Nicaragua puede negar a una paciente de cáncer un tratamiento que podría salvarle la vida, porque está embarazada" ha manifestado Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre América Central."La situación de Amalia revela el impacto de esta ley y demuestra la urgente necesidad de derogar esta prohibición draconiana que impide prestar atención oportuna y obstaculiza la labor médica", ha manifestado Esther Major. "Cada día que pasa es crítico para las posibilidades de supervivencia de Amalia, y las autoridades nicaragüenses deben tomar medidas inmediatas para proporcionarle toda la atención médica que necesita para su enfermedad."Los médicos que tratan a Amalia se han negado a utilizar radioterapia y quimioterapia, pues temen ser procesados.Amalia tiene una hija de 10 años, que únicamente cuenta con su madre. En diciembre de 2009, acudió a una clínica local por problemas respiratorios, fiebre, náuseas y mareos. La remitieron a un hospital para hacerle pruebas, y permanece allí hospitalizada desde el 2 de febrero. Sus médicos dijeron que necesitaba tratamiento urgente con quimioterapia y radioterapia, pero no lo han iniciado porque temen causar daño no intencionado al feto."La prohibición que Nicaragua hace del aborto terapéutico es una vergüenza de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y convierte la ley en un arma contra la prestación de asistencia médica esencial a mujeres y niñas embarazadas", ha declarado Esther Major.En 2006, antes de que se introdujera la prohibición del aborto, 21 asociaciones médicas nicaragüenses pertenecientes a todo el espectro de las disciplinas médicas emitieron una declaración pública conjunta contra la propuesta de prohibición total del aborto, e incluyeron en ella la advertencia explícita de que, si se aprobaba esa prohibición, se limitaría la capacidad de los profesionales de la medicina de prestar asistencia médica y ejercer su profesión.El 18 de febrero, varias ONG nicaragüenses y la asociación profesional ginecológica más grande de Nicaragua pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenara "medidas especiales", lo que obligaría al gobierno a cumplir con su obligación jurídica de proteger el derecho de Amalia a la vida y la salud y garantizar que recibe de inmediato tratamiento que podría salvar, o al menos prolongar, su vida."La prohibición total del aborto dictada en Nicaragua es ilegal, y el gobierno nicaragüense ha ignorado además los llamamientos realizados por cuatro órganos expertos de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura, para que se derogue la ley que criminaliza el aborto", ha manifestado Esther Major.Hace dos semanas, 11 Estados miembros de la ONU pidieron a Nicaragua que reforme su ley sobre el aborto, dado el aumento de las muertes maternas y de las víctimas de violación que se ven obligadas a llevar a término su embarazo desde que se introdujo la ley."Asimismo, desde hace más de un año está pendiente ante la sección constitucional de la Corte Suprema un recurso de constitucionalidad contra esta ley", ha declarado Esther Major."Amnistía Internacional contempla con consternación la negativa del gobierno nicaragüense a responder a las peticiones de que se modifique esta cruel ley."Si desean una copia del informe de Amnistía Internacional sobre las consecuencias de la prohibición total del aborto en Nicaragua, véase: http://www.amnesty.org/library/info/AMR43/001/2009/es La campaña "Exige Dignidad" de Amnistía Internacional tiene como finalidad poner fin a las violaciones de derechos humanos que provocan e intensifican la pobreza mundial. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para pedir que gobiernos, empresas y otros elementos con poder escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, visiten: http://demanddignity.amnesty.org