Amnistía Internacional recordó hoy a las autoridades bolivianas la importancia de fortalecer la autonomía institucional del Defensor del Pueblo. La institución requiere de un titular que mantenga su independencia; de lo contrario no podrá cumplir su función constitucional en defensa de los derechos humanos de la sociedad boliviana.La organización hizo su llamado a raíz de las declaraciones del Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, en su función de presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional, indicando que el nuevo órgano legislativo del Estado boliviano elegirá al eventual Defensor en base a criterios netamente políticos. Amnistía Internacional considera que si la elección mantiene estos criterios peligra la autonomía de la institución defensora de los derechos humanos de todos los bolivianos."El Defensor del Pueblo en Bolivia, como en otros países, cumple un papel crucial en el Estado boliviano, velando por la protección de los derechos humanos en el país y actuando como garante contra posibles excesos de poder que podrían poner en peligro estos derechos en cualquier momento", dijo Louise Finer, investigadora para Bolivia de Amnistía Internacional. "Su autonomía constituye un contrapeso necesario en cualquier estado democrático".Según la Constitución boliviana aprobada en 2009, la elección del Defensor del Pueblo se hará luego de una convocatoria pública y una posterior calificación de las capacidades profesionales y los méritos de los candidatos. Los Principios de París, lineamientos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 sobre el funcionamiento de instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, establecen la importancia de que estas instituciones y las personas que las componen, garanticen su independencia y su capacidad de representación."El Defensor del Pueblo ha jugado un rol importante en Bolivia en la protección de los derechos humanos a lo largo de sus 12 años de existencia", dijo Louise Finer. "Ahora es momento de afianzar su papel para la promoción y protección de los derechos humanos en el futuro. La Asamblea Legislativa debe basar su decisión en principios sólidos".Información complementariaLa Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional calificó a los 14 postulantes pre-seleccionados al cargo de Defensor en base a criterios que incluyeron su "trayectoria social y en derechos humanos". En la votación posterior en el plenario de la Asamblea, ningún candidato consiguió el requerido 2/3 de los votos para ser nombrado. Hay prevista una nueva votación en la primera semana de mayo.Según la Constitución Política del Estado (Artículo 220), la designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo "requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos."