Amnistía Internacional ha documentado los casos de seis activistas políticos, contra cinco de los cuales se han presentado cargos en virtud de la Ley de Delitos Informáticos. La organización se ha entrevistado con tres abogados y otras personas conocedoras de los casos y ha examinado los pliegos de cargos y otros documentos judiciales cuando estaban disponibles, así como las publicaciones de las personas acusadas en las redes sociales.
Amnistía Internacional también ha entrevistado a dos abogados que representan a manifestantes y otras personas detenidas en las inmediaciones de las protestas. La mayoría han sido acusadas de delitos relacionados únicamente con el ejercicio de su derecho a la libertad de reunión pacífica. Varias de las personas a las que el tribunal puso en libertad en espera de juicio fueron detenidas de nuevo, sometidas a detención administrativa y obligadas por el gobernador local a comprometerse a no participar en más protestas como condición para su liberación.
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización también ha verificado vídeos que muestran la detención de personas y ha examinado declaraciones de medios de comunicación y de autoridades jordanas sobre la represión en curso.
Enjuiciamientos por publicaciones en redes sociales
Tres abogados dijeron a Amnistía Internacional que, desde noviembre de 2023, las fuerzas de seguridad jordanas han detenido al menos a seis activistas políticos por publicaciones en redes sociales que expresaban opiniones propalestinas o criticaban políticas de las autoridades hacia Israel y abogaban por huelgas y protestas públicas.
En diciembre de 2023, la fiscalía citó a Ayman Sanduka, activista político y profesor de matemáticas, para interrogarlo en relación con su llamada en las redes sociales a una huelga general. Según su abogado, Ayman Sanduka también había publicado en octubre una carta dirigida al rey en la que criticaba las relaciones diplomáticas de Jordania con Israel. Estuvo recluido durante un mes para investigación y después quedó en libertad en espera de juicio. El 24 de enero de 2024 fue condenado a tres meses de prisión por cargos de “difamación de un organismo oficial” pero ha recurrido contra la sentencia.
Mientras Ayman Sanduka estaba recluido para investigación, el fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado lo citó y presentó cargos en virtud del Código Penal y de la Ley de Delitos Informáticos. El Tribunal de Seguridad del Estado es un tribunal militar que no cumple las normas internacionales de imparcialidad e independencia y que con frecuencia se usa para enjuiciar a civiles, lo que vulnera el derecho internacional. Ayman Sanduka está recluido actualmente en espera de juicio bajo custodia de la Seguridad del Estado.
Un manifestante detenido durante las protestas propalestinas de diciembre de 2023 por corear consignas contra el gobierno dijo a Amnistía Internacional que el fiscal presentó cargos en su contra en virtud de la Ley de Delitos Informáticos después de que las consignas coreadas fueran compartidas ampliamente en Internet. Estuvo recluido durante cuatro días y después quedó en libertad. Su juicio está en curso en un tribunal civil de Ammán.
Amnistía Internacional ha examinado documentos judiciales relacionados con otros tres casos de personas juzgadas en tribunales civiles por sus publicaciones en redes sociales. Los documentos enumeraban cargos como “incitación a la sedición, el conflicto y el odio”, “envío, reenvío o publicación de información difamatoria o injuriosa”, “difamación de un organismo oficial” y “publicación de imágenes, información o noticias de funcionarios encargado de hacer cumplir la ley” en virtud de la Ley de Delitos Informáticos. Una de estas personas quedó en libertad en enero de 2024 tras cumplir su condena de tres meses. Las otras dos continúan en prisión cumpliendo su condena de tres meses de cárcel impuesta en enero de 2024.
En libertad sólo tras comprometerse a no protestar
Dos abogados dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades seguían deteniendo a personas que participaban en protestas en favor de la población palestina en Ammán, pero que el número de detenciones ha disminuido desde principios de diciembre de 2023. Entre el 17 de octubre de 2023 y el 16 de noviembre de 2023, las autoridades detuvieron a más de 1.000 personas, entre las que había transeúntes, durante las protestas en apoyo de Gaza, según los abogados. De estas personas, 700 fueron remitidas al tribunal de Ammán con cargos relacionados con el Código Penal, como “comisión de actos de violencia”, “incitación a la discordia” y “daños a bienes públicos”. La mayoría de estas personas fueron puestas en libertad bajo fianza posteriormente en espera de juicio. El tribunal de Ammán absolvió a las 300 personas restantes.
Los gobernadores locales también han utilizado la Ley de Prevención de la Delincuencia de 1954 para ordenar la detención administrativa de algunas de las personas acusadas y recluirlas sin cargos ni juicio, y sólo las han puesto en libertad bajo fianza tras firmar un documento en el que se comprometían a dejar de participar en protestas. La legislación jordana no brinda a las personas en situación detenidas administrativamente la oportunidad de impugnar su detención.
En virtud del derecho y las normas internacionales, las autoridades no pueden exigir a particulares “compromisos” de que no organizarán o participarán “en reuniones futuras”. Amnistía Internacional pide a las autoridades jordanas que deroguen la Ley de Prevención de la Delincuencia y garanticen que toda persona en situación de detención administrativa sea puesta en libertad o acusada formalmente de un delito reconocible, de acuerdo con las normas internacionales.
Negación de acceso a asistencia letrada
Una abogada dijo a Amnistía Internacional que ella y otros profesionales de la abogacía representaban a más de una decena de clientes que habían sido detenidos arbitrariamente por fuerzas de inteligencia en relación con las protestas propalestinas y que estuvieron recluidos durante un mínimo de un mes sin acceso a familiares y abogados antes de ser puestos en libertad sin cargos o remitidos al Tribunal de Seguridad del Estado. La abogada citó el caso de un estudiante de medicina que (entre muchos otras personas) estuvo detenido durante 95 días después de protestar:
“Me permitieron verlo una vez cuando firmó el poder de representación y eso fue todo. […] Tengo otros siete casos [de personas] que han estado recluidas bajo custodia de las fuerzas de inteligencia durante periodos de hasta tres meses por los mismos motivos, sin que se respete el debido proceso, incluidas las visitas”.
Los manifestantes recluidos en el Tribunal de Seguridad del Estado se enfrentaban a cargos de “socavar el régimen político” en virtud del Código Penal. Las autoridades deben retirar de inmediato los cargos presentados contra civiles que hacen frente a juicio en el Tribunal de Seguridad del Estado únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Las autoridades también han prohibido las protestas cerca de zonas fronterizas con los territorios palestinos, alegando que suponen una amenaza para la seguridad nacional. El 11 de noviembre de 2023, las fuerzas de seguridad detuvieron preventivamente por motivos de seguridad a unas 25 personas que planeaban una sentada cerca de la frontera. Todas quedaron en libertad sin cargos el 23 de noviembre.
Información complementaria
La reciente represión forma parte de una constante demostrable de represión en Jordania del derecho a la libertad de reunión y de expresión mediante el uso de leyes represivas. En una visita a Jordania en septiembre de 2023, Amnistía Internacional documentó cómo las autoridades enjuiciaron a nueve activistas, periodistas y otras personas por criticar la actuación y las políticas de las autoridades, organizar debates sobre asuntos que las autoridades consideraban “sensibles” y convocar protestas contra el gobierno. En 2023, las autoridades, incluidas las fuerzas de seguridad y los tribunales civiles y militares, investigaron o enjuiciaron al menos a 43 personas por expresarse en Internet haciendo uso de leyes abusivas e imprecisas como la Ley de Delitos Informáticos de 2015, la Ley Antiterrorista y el Código Penal.