El viernes, 24 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU recibirá el primer informe del secretario general sobre la aplicación de la Resolución 2334 (2016), aprobada el 23 de diciembre 2016 y en la que se pide a Israel que ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental. Esta resolución es la primera de esta índole aprobada por el Consejo de Seguridad en más de 35 años. También se pide en ella que el secretario general informe de su aplicación al Consejo de Seguridad cada tres meses.
En la actualidad viven aproximadamente 621.000 colonos en la Cisjordania ocupada, 200.000 de ellos en Jerusalén Oriental. Además de violar el derecho internacional humanitario y constituir un crimen de guerra, la política israelí de asentamiento de civiles judíos en los Territorios Palestinos Ocupados, que lleva casi 50 años aplicándose, es intrínsecamente discriminatoria y ha sido causa de graves violaciones de derechos humanos, como destrucción de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, restricción de la libertad de circulación, explotación de los recursos naturales palestinos y castigos colectivos.
Desde el 23 de diciembre de 2016, las autoridades israelíes han autorizado la construcción de 6.219 viviendas más en asentamientos de la Cisjordania ocupada, incluidas 719 en Jerusalén Oriental, lo que supone un incumplimiento de la Resolución 2334 (2016) y una falta flagrante de respeto del derecho internacional.
Además, el 6 de febrero, la Knéset israelí aprobó una ley que permite al gobierno confiscar tierras palestinas de propiedad privada en las que se han establecido asentamientos. La ley menoscaba de hecho la capacidad de los propietarios palestinos para reclamar sus tierras si viven en ellas colonos israelíes, a pesar de que la presencia de éstos en territorio ocupado es ilegal según el derecho internacional. La organización Peace Now calcula que la ley “legalizará” retroactivamente 53 asentamientos y puestos avanzados, permitiendo la expropiación de aproximadamente 8.000 dunams (80 hectáreas) de tierras palestinas de propiedad privada. La ley también podría impulsar la confiscación de aún más tierras palestinas de propiedad particular al servir de base para la legalización retroactiva de apropiaciones de tierras.
Pese a acoger con satisfacción la operación del mes pasado de sacar a más de 300 colonos judíos del puesto avanzado ilegal cisjordano de Amona, tras determinar el Tribunal Supremo que se había construido en tierras palestinas de propiedad privada, Amnistía Internacional ve con preocupación que, según posteriores informes, se haya dictado una orden para prohibir el acceso a las tierras que se aplica sólo a los palestinos, incluidos los propietarios de las tierras, no a los colonos ni a otros israelíes. Es imperativo garantizar a los propietarios palestinos el acceso a las tierras.
El reiterado compromiso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de establecer un nuevo asentamiento para las personas desalojadas de Amona es igualmente alarmante. En las conversaciones entabladas entre funcionarios israelíes y estadounidenses se va a tratar la postura israelí sobre Amona. Toda construcción de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal según el derecho internacional, y no cabe justificar la construcción de nuevos asentamientos con la necesidad de alojar a quienes vivían en el asentamiento desalojado. Amnistía Internacional considera también motivo de preocupación los informes que indican que el gobierno de Estados Unidos aceptará tácitamente la actividad de asentamiento en Jerusalén Oriental y dentro de determinados asentamientos de la Cisjordania ocupada. Tal postura sería una clara muestra de falta de respeto por el derecho internacional y la Resolución 2334 (2016).
Ante tales hechos, es imperativo que el secretario general de la ONU, António Guterres, presente un informe escrito detallado, además de ofrecer una actualización verbal al Consejo de Seguridad el viernes, donde se exponga la reciente actividad de asentamiento israelí y el impacto a largo plazo de las operaciones de asentamiento en los derechos humanos. Amnistía Internacional insta al secretario general a que continúe presentando estos informes escritos y ofreciendo al Consejo de Seguridad información actualizada sobre la aplicación, o falta de ella, de la Resolución 2334 (2016) cada tres meses, como dispone ésta.