Las autoridades iraníes deben detener la ejecución inminente de Alireza Tajiki, arrestado cuando era un niño. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras saber que Alireza fue trasladado a régimen de aislamiento esta mañana y que su ejecución está prevista para dentro de menos de 24 horas en la prisión de Adel Abad, en Shiraz.
Alireza Tajiki tenía solamente 15 años en el momento de su detención, y 16 cuando fue declarado culpable y condenado a muerte. El 9 de agosto fue trasladado a régimen de aislamiento en la prisión de Adel Abad, en Shiraz, provincia de Fars. A su familia le dijeron que fuera a la cárcel para hacerle su última visita. Las autoridades no informaron a sus representantes legales, en contra de lo establecido por la propia legislación iraní, que dispone que debe informarse a los abogados de la ejecución prevista de sus clientes al menos 48 horas antes.
“Se trata de un acto absolutamente vergonzoso por parte de las autoridades iraníes. Saben perfectamente que usar la pena de muerte contra una persona que fuera menor de 18 años en el momento del delito es una violación flagrante de las obligaciones contraídas por Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Pese a ello, las autoridades judiciales y legislativas de Irán han eludido una y otra vez tomar medidas para poner fin de una vez por todas al uso de la pena de muerte contra personas que eran menores en el momento del delito. Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan de ejecutar a Alireza Tajiki.”
Alireza Tajiki, que ahora cuenta 21 años de edad, fue condenado a muerte en abril de 2013, tras haber sido condenado por asesinato y “lavat-e be onf” (violación de varón a varón) por un tribunal penal de la provincia de Fars, en el sur del país. El juicio fue flagrantemente injusto y se basó principalmente en unas “confesiones” que, según afirma Alireza Tajiki, fueron extraídas mediante tortura, con prácticas tales como brutales palizas, flagelación y suspensión por los brazos y los pies.
Tanto el tribunal de primera instancia de la provincia de Fars como el Tribunal Supremo se basaron en opiniones forenses presentadas por la acusación que manifestaban que Alireza Tajiki era “maduro” a los 15 años de edad y, por tanto, podía ser condenado a la pena de muerte. En una respuesta posterior dirigida en octubre de 2016 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los representantes de Irán reiteraron su indignante postura de que Alireza Tajiki “tenía un gran intelecto y un amplio conocimiento de la ilegalidad de los actos cometidos y su castigo” en el momento del delito, cuando tenía 15 años, y por tanto podía ser castigado con la pena de muerte.
Alireza Tajiki fue detenido por primera vez en mayo de 2012 y estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 15 días, sin acceso a su familia. Se le negó el acceso a un abogado durante todo el proceso de investigación Asegura que durante ese periodo fue sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” el delito. Posteriormente, se retractó de sus “confesiones”, tanto ante las autoridades fiscales como durante el juicio, y desde entonces ha mantenido su inocencia en todo momento. No obstante, pese a ello, su “confesión” se admitió como prueba en los procedimientos penales contra él.
“Las autoridades iraníes están demostrando una vez más su cruel desprecio hacia los derechos de la infancia y hacia las normas sobre juicios justos. Es la tercera vez desde mayo de 2016 que las autoridades fijan la fecha de ejecución de Alireza Tajiki. En lugar de atormentar reiteradamente a este preso con fechas de ejecución, las autoridades deben cancelar de una vez por todas los planes de ejecutarlo, y deben concederle un nuevo juicio con las debidas garantías, conforme a los principios de la justicia de menores y sin recurrir a la pena de muerte.”
Irán es uno de los pocos Estados que todavía ejecutan a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En enero de 2016, Amnistía Internacional publicó un informe que concluyó que, a pesar de las reformas fragmentarias introducidas en 2013 para evitar las críticas a su terrible historial de ejecuciones de personas que eran menores en el momento del delito, las autoridades iraníes han seguido imponiendo la pena capital a decenas de jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, lo cual constituye un incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Hasta agosto de 2017, Amnistía Internacional había identificado los nombres de al menos 89 personas condenadas a muerte por delitos que se cometieron cuando eran menores de 18 años.