Las autoridades brasileñas deben investigar los actos de violencia y de intimidación contra trabajadores rurales cometidos por hombres armados a sueldo en el norte del país, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, en medio de las amenazas en curso dirigidas contra dos comunidades.En la noche del 6 de junio se hicieron disparos contra dos campamentos de trabajadores rurales en los que viven unas 40 familias en Palmeirante, estado de Tocantins; se trata de la más reciente de una serie constante de amenazas que se iniciaron en octubre del pasado año.Agricultores locales y pequeños agricultores de la zona han estado implicados en un prolongado conflicto sobre tierras que se ha intensificado con la utilización de hombres armados a sueldo para intimidar a los trabajadores."Estamos muy preocupados por la seguridad en estas comunidades, que viven sumidas en un temor constante después de que sus líderes hayan sido 'señalados para la muerte' por hombres armados a sueldo", ha afirmado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Brasil."Para proteger de manera adecuada los derechos humanos de las personas que viven en las comunidades, las autoridades deben investigar a fondo todas las denuncias de amenazas y violencia, y poner a disposición de la justicia a los responsables."Un organismo federal responsable de la reforma agraria en Brasil creó el Assentamento Santo Antônio Bom Sossego en 2003, y trabajadores rurales sin tierra también se establecieron en el cercano campamento de Vitória. Desde entonces, agricultores y, en tiempos más recientes, madereros ilegales se han trasladado a la zona y han hostigado los campamentos de los trabajadores.El 16 de octubre de 2010, el trabajador rural Gabriel Vicente resultó muerto a tiros, presuntamente efectuados por hombres armados a sueldo de un agricultor local para intimidar a las comunidades. Hombres armados también prendieron fuego presuntamente a cabañas de trabajadores rurales y profirieron una serie de amenazas contra los trabajadores, y al parecer los nombres de cinco miembros de la comunidad figuran en una "lista negra" de personas amenazadas.La policía no ha respondido de manera adecuada ante las denuncias relativas a los ataques, lo que aumenta la cultura de impunidad.De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra, CPT), organismo de ámbito nacional de la Iglesia católica, los conflictos sobre tierras en Brasil han desembocado en más de 1.000 asesinatos desde la década de 1970, muy pocos de los cuales han sido objeto de enjuiciamiento con éxito.Durante el mes pasado, varias personas murieron en ataques que parecían ir dirigidos contra activistas sociales y de derechos humanos en zonas del bosque pluvial de Brasil."Dado que el auge de la economía de Brasil continúa y se buscan con creciente frecuencia tierras rurales para dedicarlas a fines agrícolas y otras formas de desarrollo, las autoridades deben garantizar que se pone fin a los abusos contra los derechos humanos de los que son víctimas las comunidades locales", ha afirmado Patrick Wilcken."Las autoridades deben concluir el proceso de reforma agraria de la región y proporcionar seguridad a largo plazo a las comunidades amenazadas."