La enorme magnitud del impacto del vertido ocupó los titulares de todo el mundo. Más de 100.000 personas necesitaron atención médica.Los residuos tóxicos presentes en el barco habían sido producidos por la multinacional petrolera Trafigura al refinar un producto de petróleo sucio denominado nafta de coquificación para mezclarlo con gasolina y venderlo como petróleo. Trafigura sabía que los residuos eran peligroso, pero no había pensado en cómo deshacerse de ellos de manera segura.La empresa había intentado infructuosamente librarse de ellos en cinco países: Malta, Italia, Gibraltar, Países Bajos y Nigeria. Sus intentos de deshacerse de los residuos en Ámsterdam dieron lugar a un incidente medioambiental, cuando los residentes se quejaron del terrible hedor y empezaron a sufrir náuseas, mareos y jaquecas. Trafigura rechazó la oferta de una empresa de gestión de residuos que se habría ocupado de deshacerse de ellos de forma segura en Países Bajos por el equivalente a 620.000 dólares estadounidenses.En lugar de eso, los residuos tóxicos finalmente fueron vertidos de forma ilegal en Costa de Marfil por una empresa local contratada por Trafigura para que se librara de ellos por tan sólo 17.000 dólares: una pequeña fracción del precio pedido en Países Bajos. A día de hoy, aún no se sabe dónde se arrojaron todos los residuos.Amnistía Internacional considera que esta es la historia de una empresa que pone los beneficios por delante de las personas, y de una comunidad que aún espera justicia y reparación."Elevado coste"Los residuos tóxicos se crearon a bordo del Probo Koala mediante un proceso conocido como "lavado cáustico", utilizado por Trafigura para "limpiar" un producto del petróleo extremadamente sulfuroso, pero barato, denominado nafta de coquificación.Una vez lavada, Trafigura pensaba mezclar la nafta de coquificación con gasolina y venderla como petróleo al mercado de África Occidental, entre otros, con unos beneficios de unos 7 millones de dólares estadounidenses por cargamento.El lavado cáustico produce unos residuos peligrosos y con un olor muy penetrante al que se suele denominar "cáustico resultante". Hay muy pocas instalaciones que estén preparadas o capacitadas para tratar este tipo de residuos, ya que requieren un manejo especializado. Trafigura lo sabía cuando inició el lavado cáustico, pero no elaboró ningún plan para deshacerse de esos residuos de manera segura.Entre abril y junio de 2006 Trafigura "lavó" al menos tres cargamentos de nafta de coquificación a bordo del Probo Koala, pero esta era la primera vez que el proceso se llevaba a cabo en el mar. Generó más de 500 metros cúbicos de residuos tóxicos en los tanques de residuos del barco.Ni siquiera llegados a esa etapa había pensado Trafigura en cómo deshacerse de los residuos.Trafigura había tratado de librarse de ellos en Ámsterdam disfrazándolos de residuos menos peligrosos, pero su intento se rechazó cuando la empresa de gestión de residuos se dio cuenta de que la contaminación era muy superior a lo que ellos creían. La empresa pidió 544.000 euros (unos 620.000 dólares estadounidenses, por aquel entonces) por deshacerse de los residuos sin peligro. Trafigura rechazó esta oferta por su "elevado coste".También trató infructuosamente de deshacerse de los residuos en Lagos, Nigeria, por tan sólo 7.000 dólares.20 de agosto de 2006Los residuos tóxicos fueron finalmente arrojados de forma ilegal en Abiyán, Costa de Marfil, por una empresa local, Compagnie Tommy, contratada por Trafigura para deshacerse de ellos por tan sólo 17.000 dólares.La noche del 19 al 20 de agosto de 2006, unos camiones arrojaron los residuos tóxicos en al menos 18 puntos de la ciudad principal de Abiyán y sus alrededores.El 20 de agosto de 2006, la población de Abiyán se despertó con los espantosos efectos del vertido. Decenas de miles de personas sufrieron una serie de problemas de salud similares, como jaquecas, irritaciones cutáneas y dificultades para respirar. Más de 100.000 personas requirieron atención médica, y se necesitó una limpieza y descontaminación extensiva. Las autoridades marfilenses registraron además unas 15 muertes.Cuando la policía neerlandesa empezó a investigar qué había sucedido con los residuos, Trafigura pidió a la empresa local que hiciera una factura falsa revisada con un precio mucho mayor por la gestión de dichos residuos: más de 100.000 dólares.Preguntas sin respuestaDiez años después, a causa de la guerra civil y de la falta de información y acción por parte del gobierno, la población de Abiyán sigue sin conocer el alcance de la contaminación que aún perdura, y el impacto a largo plazo de los residuos en la salud.Cuando Amnistía Internacional volvió a visitar uno de los principales lugares de vertido en diciembre de 2013, los residentes dijeron que, cuando caen lluvias fuertes, después aún se huelen los residuos tóxicos, y se quejaron de que no había habido una operación de limpieza adecuada. La gente seguía cultivando productos agrícolas cerca de las zonas de los vertidos, sin saber si era seguro. Los médicos de Abiyán hablaron a Amnistía Internacional de su honda preocupación porque la contaminación constante está causando problemas respiratorios a los niños.El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pronto realizará un examen medioambiental de los lugares donde se arrojaron los residuos, para determinar si siguen contaminados. Dependiendo de los resultados, y junto con la Organización Mundial de la Salud y otros expertos en salud, formulará recomendaciones sobre la vigilancia de la salud a largo plazo.¿Justicia aplazada, justicia denegada?En febrero de 2007, Trafigura accedió a pagar al gobierno de Costa de Marfil unos 200 millones de dólares estadounidenses en virtud de un acuerdo que otorgaba a Trafigura inmunidad procesal general. En una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de 30.000 víctimas, Trafigura alcanzó otro acuerdo por 30 millones de libras esterlinas (unas 1.000 libras por demandante) sin admitir responsabilidad por el vertido. Sin embargo, la indemnización se la apropió indebidamente un grupo que declaró falsamente representar a las víctimas, y que dejó a unos 6.000 demandantes sin indemnización alguna.En 2008, un tribunal neerlandés declaró a Trafigura culpable de exportar ilegalmente los residuos desde Países Bajos y multó a la empresa con un millón de euros. Sin embargo, las autoridades neerlandesas decidieron no procesar a Trafigura por verter los residuos en Costa de Marfil.A consecuencia de ello, Trafigura nunca ha rendido cuentas debidamente por su papel en el vertido en sí de los residuos en Costa de Marfil. Muchas de las personas afectadas siguen a la espera de justicia y de una reparación adecuada.En 2016, las víctimas presentaron en Países Bajos una nueva demanda contra Trafigura, aún no resuelta, para pedir indemnización.Trafigura niega toda responsabilidad sobre el vertido de residuos tóxicos y sostiene que creía que la empresa local se desharía de los residuos de forma segura y legal.Las deficiencias de Reino UnidoAmnistía Internacional pidió a las autoridades de Reino Unido que iniciaran una investigación criminal sobre la filial de Trafigura con sede en Londres que coordinó las operaciones que condujeron al vertido.En marzo de 2014, Amnistía Internacional envió a las autoridades británicas pruebas sustanciales de que las acciones de los directores y empleados de Trafigura en Reino Unido podían haber constituido una conspiración empresarial para verter los residuos en el extranjero (en virtud de la sección 1A de la Ley de Derecho Penal de Reino Unido de 1977).La fiscalía comunicó por escrito que las cuestiones planteadas por Amnistía Internacional "no corresponden a la Fiscalía General de la Corona" y pasó el expediente a la Agencia para el Medio Ambiente. Ésta se negó siquiera a considerar la posibilidad de investigar el caso hasta noviembre de 2014, cuando cedió ante la amenaza de Amnistía Internacional de emprender acciones legales.En marzo de 2015, la Agencia para el Medio Ambiente se negó a investigar el caso, pese a reconocer que, si las denuncias de Amnistía Internacional eran ciertas, "se había cometido un delito grave". A pesar de ello, decidió no investigar, basándose exclusivamente en los probables costes y beneficios de llevar a cabo dicha investigación.Los motivos esgrimidos por la Agencia para el Medio Ambiente para justificar su decisión ilustran cómo las cuestiones jurídicas, políticas y sistémicas se combinan para crear un sistema de justicia deplorablemente equipado para hacer frente a la delincuencia empresarial. También ilustran la manera en que, en la práctica, el sistema está dando carta blanca a las multinacionales con sede en Reino Unido para que cometan delitos en el extranjero.