Una serie de promesas y miles de palabras bonitas llenan los tres volúmenes que componen el informe de la candidatura de Río para los Juegos Olímpicos de 2016. Desde 2009, cuando el país ganó el proceso de licitación de los Juegos Olímpicos, la población brasileña ha puesto grandes expectativas en la organización del mayor macroevento del mundo.Pero, en la ciudad de Río de Janeiro, la postal por excelencia de Brasil, hay una dolorosa sensación de repetición del pasado. Río organizó también la Copa Mundial de la FIFA en 2014 y los Juegos Panamericanos de 2007. Aquellos eventos estuvieron igualmente acompañados de promesas relativas a transformaciones estructurales para la población de Río, que deberían haberse materializado para los Juegos Olímpicos, pero terminaron empañados por graves violaciones de derechos humanos, por la deuda pública, por los gastos injustificados y por unas infraestructuras muy caras que quedaron inacabadas.
Más allá de las medallas, los títulos y la gloria, la organización de estos actos ha supuesto un aumento de la violencia policial en las favelas y barrios residenciales de Río. En 2014, año en que Brasil organizó la Copa Mundial de Fútbol, el índice de homicidios resultantes de operaciones policiales en el estado de Río aumentó en un 40 %. A las negativas consecuencias del torneo futbolístico se sumaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por soldados del ejército que tenían asignadas funciones de control policial en las favelas.Cuando apenas queda algo más de un mes para la ceremonia de inauguración de Río 2016, el legado preolímpico incluye más de 2.500 personas muertas a manos de la policía en la ciudad desde 2009, cuando Río de Janeiro fue elegida para organizar los Juegos. En las últimas semanas ha crecido la sensación de derrota antes incluso de que hayan dado comienzo los Juegos Olímpicos, con episodios diarios de disparos y operaciones policiales que han dejado un rastro de sangre en varias favelas de Río.Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), sólo en la ciudad de Río de Janeiro, agentes de policía de servicio mataron durante el mes de mayo a 40 personas, lo que supone un aumento del 135 % comparado con las 17 muertes del mismo periodo de 2015. En la totalidad del estado, la cifra prácticamente se duplicó, pasando de 44 a 84.Las comunidades más afectadas por esta violencia de las fuerzas de seguridad son las que están situadas en las principales rutas de entrada y salida del aeropuerto internacional y los espacios de competición deportiva.A este lamentable contexto se añade que, el 17 de junio, el gobernador de Río de Janeiro, Francisco Dorneles, declaró oficialmente el "estado de quiebra". Eso garantiza la asignación de recursos adicionales a las Olimpiadas, aunque implique reducir los recursos destinados a servicios públicos esenciales.Las autoridades del estado de Río de Janeiro han guardado un sorprendente silencio sobre los demoledores índices de homicidios cometidos por la policía: desde abril, en al menos tres ocasiones distintas, ni el gobernador ni el secretario de Seguridad Pública han reaccionado ante la muerte por disparos de cinco personas a manos de la policía en las favelas de Río. A esto se añaden las deficiencias del sistema de justicia y el hecho de que las autoridades no garanticen resarcimiento a las víctimas, sobre todo al no investigar los homicidios cometidos por la policía ni procesar a los presuntos responsables penales. En lugar de subsanar estas deficiencias, la "solución" del gobierno ha sido desviar la atención hacia el macroevento, incluso en detrimento de derechos humanos fundamentales.Persiste una pregunta inevitable, que probablemente no sea respondida: ¿dónde está ese "sólido modelo económico" tan ampliamente publicitado en los documentos oficiales para promover la candidatura de Río 2016? ¿Qué fue de la promesa de "reforzar el tejido social y medioambiental de Río y Brasil", antes y después de los Juegos?Es frustrante que las Olimpiadas no se estén aprovechando para renovar la vida urbana como parte de un nuevo pacto social para la ciudad de Río de Janeiro. Hace ya tiempo que el Estado debería haber cambiado de marcha en sus políticas de seguridad pública, abandonando la lógica de la "guerra a las drogas" que ha convertido en habituales las operaciones de seguridad por parte de militares y policías fuertemente armados en zonas residenciales densamente pobladas.Lo cierto es que podían haberse aprovechado estos últimos años para invertir en desarrollo profesional y formación policial, incluido el uso de información confidencial, y para adoptar protocolos sobre el uso de la fuerza por la policía que pusieran fin a la práctica de usar fuerza excesiva y con las ejecuciones extrajudiciales.Sin embargo, no ha sido así. Vamos camino de que los Juegos Olímpicos cumplan la norma de anteriores macroeventos deportivos celebrados en Río: mientras que el foco de la atención mundial estará centrado en los triunfos y el brillo del espectáculo, a sólo unos kilómetros de allí, un número escandaloso de jóvenes negros de las favelas seguirá pagando con su vida el precio de este fracaso colectivo.
Más allá de las medallas, los títulos y la gloria, la organización de estos actos ha supuesto un aumento de la violencia policial en las favelas y barrios residenciales de Río. En 2014, año en que Brasil organizó la Copa Mundial de Fútbol, el índice de homicidios resultantes de operaciones policiales en el estado de Río aumentó en un 40 %. A las negativas consecuencias del torneo futbolístico se sumaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por soldados del ejército que tenían asignadas funciones de control policial en las favelas.Cuando apenas queda algo más de un mes para la ceremonia de inauguración de Río 2016, el legado preolímpico incluye más de 2.500 personas muertas a manos de la policía en la ciudad desde 2009, cuando Río de Janeiro fue elegida para organizar los Juegos. En las últimas semanas ha crecido la sensación de derrota antes incluso de que hayan dado comienzo los Juegos Olímpicos, con episodios diarios de disparos y operaciones policiales que han dejado un rastro de sangre en varias favelas de Río.Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), sólo en la ciudad de Río de Janeiro, agentes de policía de servicio mataron durante el mes de mayo a 40 personas, lo que supone un aumento del 135 % comparado con las 17 muertes del mismo periodo de 2015. En la totalidad del estado, la cifra prácticamente se duplicó, pasando de 44 a 84.Las comunidades más afectadas por esta violencia de las fuerzas de seguridad son las que están situadas en las principales rutas de entrada y salida del aeropuerto internacional y los espacios de competición deportiva.A este lamentable contexto se añade que, el 17 de junio, el gobernador de Río de Janeiro, Francisco Dorneles, declaró oficialmente el "estado de quiebra". Eso garantiza la asignación de recursos adicionales a las Olimpiadas, aunque implique reducir los recursos destinados a servicios públicos esenciales.Las autoridades del estado de Río de Janeiro han guardado un sorprendente silencio sobre los demoledores índices de homicidios cometidos por la policía: desde abril, en al menos tres ocasiones distintas, ni el gobernador ni el secretario de Seguridad Pública han reaccionado ante la muerte por disparos de cinco personas a manos de la policía en las favelas de Río. A esto se añaden las deficiencias del sistema de justicia y el hecho de que las autoridades no garanticen resarcimiento a las víctimas, sobre todo al no investigar los homicidios cometidos por la policía ni procesar a los presuntos responsables penales. En lugar de subsanar estas deficiencias, la "solución" del gobierno ha sido desviar la atención hacia el macroevento, incluso en detrimento de derechos humanos fundamentales.Persiste una pregunta inevitable, que probablemente no sea respondida: ¿dónde está ese "sólido modelo económico" tan ampliamente publicitado en los documentos oficiales para promover la candidatura de Río 2016? ¿Qué fue de la promesa de "reforzar el tejido social y medioambiental de Río y Brasil", antes y después de los Juegos?Es frustrante que las Olimpiadas no se estén aprovechando para renovar la vida urbana como parte de un nuevo pacto social para la ciudad de Río de Janeiro. Hace ya tiempo que el Estado debería haber cambiado de marcha en sus políticas de seguridad pública, abandonando la lógica de la "guerra a las drogas" que ha convertido en habituales las operaciones de seguridad por parte de militares y policías fuertemente armados en zonas residenciales densamente pobladas.Lo cierto es que podían haberse aprovechado estos últimos años para invertir en desarrollo profesional y formación policial, incluido el uso de información confidencial, y para adoptar protocolos sobre el uso de la fuerza por la policía que pusieran fin a la práctica de usar fuerza excesiva y con las ejecuciones extrajudiciales.Sin embargo, no ha sido así. Vamos camino de que los Juegos Olímpicos cumplan la norma de anteriores macroeventos deportivos celebrados en Río: mientras que el foco de la atención mundial estará centrado en los triunfos y el brillo del espectáculo, a sólo unos kilómetros de allí, un número escandaloso de jóvenes negros de las favelas seguirá pagando con su vida el precio de este fracaso colectivo.